La Pedrera, origen de la conservación amazónica

“Cuando Conservación Internacional llegó, había mucho recelo. Estábamos cansados de las organizaciones que salían, hablaban a nombre nuestro, ganaban premios y no traían nada a la comunidad”, cuenta Lucy Muca, coordinadora del resguardo Comeyafú, uno de los cuatro que conforman la Asociación Indígena AIPEA, en la zona no municipalizada de La Pedrera, en el noroccidente del depatamento del Amazonas.

La rama colombiana de Conservación Internacional —fundada en 1991— llegó a la zona inicialmente para estudiar primates y, tras mucho diálogo y esfuerzo,  en 1998, entablaron una alianza con las comunidades locales que dio origen a sus programas en la región amazónica.

“Primero tuvimos que entender su forma de organización. Luego siguió el diálogo mediado por un diagnóstico ambiental participativo, para conocer las prioridades y necesidades de las comunidades de AIPEA. Con eso, comenzamos a trabajar”, explica Erwin Palacios, director de estrategias participativas de conservación de CI.

Las necesidades eran muchas. Como explica José Vicente Rodríguez, fundador y director científico de CI Colombia, los pueblos indígenas de esta región han sido históricamente recolectores y cazadores. “Con el crecimiento de la población y de las áreas de bosque aprovechadas, disminuye la oferta de muchas especies entonces tienen que ir cada vez más lejos para encontrar suministro”, asegura. Este desafío es aún mayor en una zona de difícil movilidad, como esta, que implica desplazarse grandes distancias por la selva.

Otras preocupaciones, agrega Palacios, eran la minería, que tomaba fuerza en el medio río Caqueta desde principio de la década de 1980; así como la pesca abusiva, que estaba llevando a la desaparición de especies como la arahuana y el pirarucú y que aún hoy atrae a comerciantes desde Brasil. Por otra parte, agrega Lucy, estaba la necesidad de replantear la soberanía alimentaria y el rol de las mujeres en la comunidad.

“Con el diagnóstico identificamos que, con capacitación y apoyo, ellos mismos podían resolver esos problemas. Comenzaron a trabajar los planes de manejo territorial y a determinar zonas para cazar, pescar, cultivar, vivir y proteger”, dice Palacios.

Esa visión occidental tuvo que conciliarse con la cosmogonía particular de cada comunidad, que dicta cómo estas entienden la educación, la salud y el territorio. Como resultado nacieron acuerdos de conservación que permanecen vigentes.

Para lograrlos, lo primero fue preservar el territorio. “La información generada por CI, y otras ONG, y la decisión de las comunidades indígenas fueron determinantes para la creación los Parques Nacionales Naturales Río Puré, en 2002, y Yaigojé Apaporis, en 2009”, dice Alexander Alfonso, director del PNN Río Puré.

Estos parques, colindantes con La Pedrera, alojan ecosistemas que necesitan protección y sirven de refugio a otras comunidades indígenas —como la Yuri-Passe, que vive aislada permanentemente— cuyo rol es esencial en la conservación.

“Los miembros del resguardo Curare Los Ingleses, que realmente conocen el territorio, nos han ayudado en la implementación de nuestro programa de monitoreo”, agrega Alfonso.

Monitoreo de, entre otras cosas, ecosistemas como los salados y los cananguchales, que son considerados sagrados; especies como las tortugas charapa y taricaya, que son alimento de dichas comunidades; y en general la fauna y flora que habita en los parques. En esa labor, CI aporta cámaras trampa para la vigilancia y los resguardos ponen el personal —capacitado en cuestiones que van desde la conservación hasta el uso de Excel— para hacer recorridos.

Desde 2008, paralelo al monitoreo, están los esfuerzos que buscan proteger especies como la arahuana y el pirarucú, que se desarrollan en el bajo Apaporis y algunos lagos del bajo Caquetá.

“Creamos acuerdos en el que grupos de dos o tres personas de las comunidades tomaban turnos mensuales para permanecer en los lagos y hacer recorridos de control y vigilancia, a cambio de una bonificación monetaria que beneficie a toda la comunidad”, explica Palacios. Adicionalmente, dice, a cada grupo se le garantiza una infraestructura básica con cabañas, víveres, botiquín de emergencia y gasolina para moverse.

El trabajo ha dado frutos: la población de ambas especies ha crecido considerablemente, según los monitoreos hechos en 2016. Aunque las bonificaciones pararon en 2017, la comunidad decidió seguir haciendo la labor “para no dejar perder ese esfuerzo”.

“Con Conservación Internacional han pasado muchas cosas que no pasaban antes acá”, asegura Lucy. “Sacaron a las mujeres de la casa. Antes de que llegaran, nosotras estábamos en los consejos, pero no opinábamos, todas las decisiones las tomaban los hombres”, agrega, recalcando que hoy es una lideresa de la comunidad.

La historia del trabajo sobre género, apunta, es larga, bonita y se relaciona con la soberanía alimentaria y la preservación de las tradiciones de los pueblos indígenas. “Fuimos las últimas en organizarnos. Sembrábamos por sembrar, por lo que muchas cosechas se perdían. Ellos nos dieron las herramientas —azadones, palas, machetes, botas, guantes, ropa para protegerse de las serpientes y gasolina— para mejorar la producción alimentaria y llevar nuestro producido al casco urbano”.

A lo anterior se sumaron la cría de gallinas, el registro —más allá de la oralidad— de las recetas tradicionales y la participación en las ferias gastronómicas. Como la de Ecovida, de la Universidad de Caldas en Manizales, donde Lucy muestra que con la yuca, el ñame, el plátano, la batata, el maíz y la piña que cultivan se puede hacer desde mermeladas hasta fariña y casabe.

Hoy, hombres y mujeres trabajan como iguales, son maestros en prácticas sostenibles para sus cultivos y en la producción autónoma que parte de sus saberes ancestrales. Hay muchos retos aún, pero miran al futuro con optimismo.