La Amazonía, amenazada por el tráfico ilegal de fauna silvestre y madera

Marcos Uzquiano, entonces director interino del Parque Nacional Madidi, Bolivia, haciéndose pasar por un comerciante de colmillos de jaguar, acudió puntual a la cita con un comprador chino, fijada en un terminal en el norte del país. Le mostró su mercancía. “Esto es basura”. Marcos le preguntó qué quería. El comprador chino sacó de su mochila colmillos auténticos.

Marcos dijo que iba a conseguir lo que le pedía. Que ya volvía. Se separaron. Marcos avisó a la policía, que, ante las pruebas, detuvo al negociante. A partir de este primer caso, Marcos, hoy jefe de protección de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, fue descubriendo “una red de microtraficantes”. Llegó hasta la persona que acopiaba los colmillos en San Borja y los enviaba a un “jefe” en Santa Cruz de la Sierra, quien los despachaba a China.

Acechan al jaguar. Desde 2014 se han decomisado 786 colmillos en Bolivia, lo que representa la muerte de al menos 197 individuos. Marcos cree que la problemática continúa, pero ahora los traficantes se cuidan más.

Foto: Julie Larsen Maher © WCS

No es la única víctima: en Ecuador, 18 toneladas de carne de animales silvestres se comercializan de manera clandestina en provincias amazónicas. Acechan, también, a la rana del Titicaca en Perú y Bolivia pues se cree equivocadamente que su consumo previene enfermedades bronquiales —aunque en realidad es contraproducente para la salud humana—: entre 2017 y 2019 en Perú fueron decomisados 14.000 individuos. O, en general, a monos, aves y reptiles, sacados de sus entornos y traficados, vivos o por partes, como mascotas, ornamento, medicina o para consumo en mercados ilegales nacionales e internacionales.

No se salvan tampoco las tortugas de río: en Colombia, entre 2014 y 2018, se decomisaron 8.300 terecay y más de 28.000 huevos. En la zona tri-fronteriza con Perú y Brasil, su tráfico es una amenaza creciente, que afecta otras especies como morrocoy, charapa y matamata. Como sucede con otros delitos, los traficantes aprovechan la fragilidad de las fronteras para transportar ilegalmente especies de fauna.

Foto: ©Camila Ferrara/WCS

En el caso del tráfico de madera, la dinámica es similar en los países de la región. Miguel Pacheco, coordinador de recursos naturales en WWF Colombia, explica que, normalmente, una persona financia la elaboración de un documento técnico para aprovechar la madera en zonas habilitadas. Pueden ser territorios campesinos o indígenas. Sin embargo, una vez obtenido dicho salvoconducto se aprovecha como un cheque en blanco para sacar madera de lugares prohibidos.

Los traficantes se aprovechan de esta situación para movilizar especies protegidas, incluso en grandes volúmenes. En el salvoconducto puede decir que se están transportando 50 metros cúbicos de achapo, cuando en realidad podrían ser 100 de cedro, una especie vetada en vía de extinción. “Si hablamos de que el 47% de la producción en Colombia es ilegal, el comprador de a pie tiene casi un 50% de probabilidad de estar impactando al bosque”, indica Pacheco.

El tráfico de madera se refleja en la economía formal. “Las empresas dedicadas a la comercialización ilegal de la madera no están registradas en sistemas de impuestos ni de seguridad social y sus costos son más bajos. Presumimos que el impacto de las actividades informales en el mercado interno está alrededor del 30%”, dice Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia.

Los delitos contra fauna y bosques no son hechos aislados: suelen tener nexos con otros actos ilícitos, como el tráfico de armas y de drogas, que se dan en el marco de fenómenos como corrupción, debilidad institucional, falta de conciencia, baja especialización para atenderlos o falta de alternativas económicas para la población en zonas de mayor biodiversidad. Los impactos de estos crímenes van desde lo económico, la salud pública, la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos hasta la seguridad nacional, que puede verse socavada; sin olvidar lo social: comunidades humanas amenazadas constantemente ante la entrada de redes criminales en sus territorios.

Las dinámicas del tráfico necesitan conocerse mejor para plantear estrategias y políticas más efectivas. En 2019, Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund (WWF), apoyados por la Unión Europea, formaron la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, que busca impulsar el compromiso de la sociedad civil en la aplicación de la ley y la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y las dos trifronteras: Brasil – Colombia – Perú y Bolivia – Brasil – Perú.

“Nuestros países deben fortalecer las acciones colaborativas para combatir el tráfico de fauna y madera, a través de un proceso que involucre autoridades y sociedad civil. La sobreexplotación de los recursos, muchas veces motivada por acciones ilegales como el tráfico de especies, rompe el equilibrio natural provocando consecuencias como la extinción de especies e inclusive la emergencia de nuevas enfermedades”, señala, por su parte, Yovana Murillo,  directora de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.

Foto: ©"El Pato" Salcedo/WCS Colombia.

La Alianza planea mejorar el entendimiento sobre la dinámica del tráfico de fauna silvestre y madera a nivel nacional, transnacional y transcontinental; abordar la problemática con un enfoque de cooperación e intercambio de experiencias; fortalecer la colaboración entre sociedad civil y autoridades; empoderar las comunidades locales en la gestión de sus bosques; y sensibilizar sobre esta realidad y sus riesgos. Desde diferentes contextos y experiencias se apunta a la sinergia: al desafío de articularse para lograr un objetivo común.