Bethzabeth Toloza aún recuerda el zumbido de las balas, que iban y venían como rayos mortales invisibles en las ardientes calles de Barrancabermeja, Santander. A pesar de no lograr ver aquellos proyectiles letales, sabía de dónde provenían. “Fue a comienzos del año 2000. Los actores armados militarizaban las calles, imponían toques de queda y desaparecían a las personas”, dice. Esa violencia no solo produjo miedo en la población, sino que impactó de manera directa el relacionamiento comunitario y, por supuesto, a las mujeres de la Organización Femenina Popular (OFP), creada en 1972.

En sus 48 años de trabajo comunitario, nunca había vivido una época tan terrible. Con una presencia permanente en la ciudad petrolera, la disputa del territorio por parte de los paramilitares hizo que las mujeres pertenecientes a la OFP tuvieran cada día confrontaciones con ellos. “Les decíamos: ‘¿cómo no vamos a entrar al barrio, si nosotras somos de aquí? Los aparecidos son ustedes”, recuerda por su parte, Gloria Suárez. Otra integrante de la organización al rememorar la manera como trataban de evitar que los grupos armados les prohibieran transitar libremente.

“Además, les decíamos que nosotras no hablamos con actores armados y los dejábamos con la palabra en la boca y avanzábamos”, agrega. Así, bajo principios de civilidad, autonomía y resistencia, las mujeres de la OFP decidieron no tener ningún diálogo con los paramilitares.

Pero esta decisión golpeó la dinámica de las Casas de la Mujer que liderada la OFP. “Esos locales empezaron a ser un referente de ataque para el posicionamiento paramilitar en la zona, porque era un espacio de vida, comunicación, denuncia y comunicación de lo que pasaba en las comunidades”, explica Gloria Suárez.

Pero, ¿cómo comenzó esta triste historia? El municipio santandereano de Barrancabermeja es el centro político y económico del Magdalena Medio y su importancia regional se debe a la actividad petrolera que se adelanta en este puerto desde principios del siglo XX. La ciudad ha sido protagonista de la movilización social y fue epicentro del movimiento sindical en las décadas de 1970 y 1980, las cuales fueron fuertemente reprimidas por la fuerza pública y grupos de seguridad privados.

Desde finales de los 70, se fortaleció la presencia guerrillera de las Farc-EP y el Eln en la región, a través de expresiones armadas y sus esfuerzos por construir una base social. El Eln consiguió hacer presencia importante en diferentes barrios de la ciudad a través del Frente Urbano Resistencia Yariguíes.

El 16 de mayo de 1998 se presentó la primera incursión de los grupos paramilitares a la ciudad, que derivó en una masacre en la que fueron asesinados 25 habitantes. A partir de ese momento, el accionar paramilitar se intensificó, buscando fortalecer su control. Desde finales del 2000, las AUC iniciaron una ofensiva contra líderes sindicales, comunitarios y sociales, que se desarrolló principalmente en los barrios populares. Esa violencia ocasionó profundos impactos en la comunidad barranqueña, entre los que se encuentran fracturas en la organización social por el temor generalizado de las acciones armadas. No obstante, y debido a la fuerte tradición de ese movimiento, un número importante de iniciativas comunitarias y populares se articularon en defensa de la vida y el territorio en Barrancabermeja.

Pero, aun así, además del control territorial, los paramilitares ejercían un dominio social. Ellos imponían sus manuales de convivencia, que si se infringían la consecuencia era la pena de muerte. Por ejemplo, ya no eran los padres quienes podían castigar a sus hijos o hijas, sino que lo hacían ellos a su modo, rapándoles el pelo.

La impotencia que sentían las mujeres de la OFP fue el detonante para llenarlas de fuerza y valor, y así intentar proteger a sus niños, niñas y jóvenes de la comunidad. “Con ese valor –dice Bethzabeth– fueron muchos los que logramos rescatar para que no los calvearan”.

Otra estrategia que fortaleció a la OFP fue liderar la construcción de 1.500 viviendas, con apoyo internacional. Un principio para renovar dichas casas era elegir familias civiles que no estuvieran involucradas con los paramilitares, lo cual generó muchas agresiones en su contra. La Ong Brigadas Internacionales de Paz brindó acompañamiento con el fin de controlar estos ataques y poder dar continuidad con las acciones en el barrio.

Como consecuencia del liderazgo comunitario y el movimiento civilista por la paz y contra la guerra, la OFP ha sido víctima de más de 158 hechos violentos directos en su contra. Sus integrantes fueron perseguidas, recibieron amenazas de muerte y de desaparición de sus hijos, y también fueron víctimas de desplazamiento, desapariciones y homicidios. Incluso, dos de ellas se vieron forzadas a salir exiliadas, mientras que otras dos tuvieron que refugiarse, durante cinco meses, en una de las Casas de la Mujer. “Se sentían perseguidas y vigiladas”, recuerda Gloria Suárez.

Con el tiempo, estos locales fueron declarados objetivo militar al punto de que, una noche, uno de ellos fue demolido y sus restos cargados en un camión. La intención de los paramilitares era lógica: debilitar su trabajo comunitario.

Debido a estas agresiones, las mujeres de la OFP fueron protegidas en el año 2000 con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana.

Las Casas de la Mujer son una propuesta política y metodológica de la OFP, que surgen como respuesta y forma de resistencia de parte de integrantes que se han visto afectadas en el marco del conflicto armado. La primera de ellas se creó en 1988 y rápidamente se convirtió en un referente comunitario no solo para las mujeres, sino para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y la comunidad en general.

Allí se ofrecen, por un lado, capacitaciones en áreas como, por ejemplo, las de psicología y ginecología. Por otro lado, estos lugares fueron un escenario para evitar que los jóvenes ingresaran a los grupos armados, en la medida en que participaban en actividades recreativas, educativas, culturales y artísticas. Entre 1991 y 1992, la OFP proyectó crear Casas de la Mujer en cada sector, para tener un espacio de trabajo con jóvenes y mujeres. Esto se logró entre 1993 y 1994, como lo confirma Gloria Suárez. “La tambora, la danza y el teatro fueron estrategias fundamentales en dos vías: una, para quitarle base social a la guerra, y lograr que los jóvenes tuvieran otras oportunidades diferentes a vincularse al grupo armado. La segunda fue trabajar en generar relaciones equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres, que permitieran prevenir la violencia femenina, dado que el trabajo que hacíamos era de sanar heridas y de mirar cómo estas secuelas estaban generando tanta violencia”, dice.

Las Casas de la Mujer estaban abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, con diferentes actividades de educación, arte y música para niños, niñas, jóvenes y mujeres. “Una de ellas dijo que la Casa de la Mujer es como un circo: se prepara la función, se recoge todo y se prepara para la siguiente presentación y así todos tienen espacio en la casa”, destaca Gloria Suárez.

Además de los diferentes espacios de capacitación y recreación, las casas de la mujer sirvieron como refugio para muchas familias que huían de los múltiples enfrentamientos o de las amenazas de los grupos armados. Las puertas de estos espacios siempre han estado abiertas, por lo cual llegaron a alojar hasta 20 familias. Esto implicó cambios sustanciales en su infraestructura y organización, como sucedió en una de estas casas durante un fin de semana: tuvo que transformar todas sus áreas para poder acoger a las familias y tumbar las paredes internas con el fin de abrir dos nuevas zonas: un comedor comunitario y un refugio humanitario.

El comedor comunitario se convirtió en el referente para compartir lo que estaba pasando en el barrio y en la comunidad, por lo cual era fundamental conservarlo. Como mesa popular, funcionaba desde por la mañana hasta la 1 pm, tiempo durante el cual se ofrecía un almuerzo por un precio no mayor a $1.500 o una sopa a $300 que los comensales podían disfrutar allí o llevar para sus casas. En la tarde, se ofrecían las capacitaciones con el Sena, lo mismo que se organizaban brigadas de salud y ollas comunitarias, durante las cuales se repartían almuerzos a mujeres que tenían alguna necesidad.

El comedor se convirtió en una forma de resistencia y en un espacio de denuncia que logró salvar muchas vidas. Entre las ollas para reclamar su almuerzo o entre los billetes para pagarlo, las mujeres escondían mensajes en los cuales informaban a la OFP sobre hechos de violencia que estaban ocurriendo contra la comunidad. De esta manera, la organización fue un referente para denunciar lo que estaba pasando, pero sus miembros no recurrían a los representantes de la seguridad del Estado pues, tras diferentes hechos sucedidos en la región, la comunidad no tenía confianza en ellos y era la OFP la que asumía la labor de hacer las denuncias formales.

De esta manera, las Casas de la Mujer cobraron un valor simbólico para la comunidad, ya que eran espacios seguros que, aun con las amenazas, eran relativamente respetados por los actores armados.

La experiencia de las Casas de la Mujer pone en evidencia la importancia de los lazos comunitarios y organizativos para promover valores civiles y cultivar una convivencia pacífica. Cada mujer plantea firmemente: “yo soy civilista, yo soy de la OFP”. A partir de estos valores e identidad, se han convertido en referente para otras mujeres y han creado unidad e identidad propias. “No sé qué tiene la OFP, pero cuando uno llega se queda. Uno se conecta y no se va. El mismo empoderamiento de las mujeres y la cercanía, fue lo que nos motivó para estar presentes, para estar ahí”, señala Bethzabeth Toloza.

Adicionalmente, los principios de autonomía y seguridad alimentaria permitieron promover un comedor comunitario como propuesta política y en respuesta al derecho fundamental de la alimentación.

Las Casas de la Mujer son una escuela de formación que obedece a una propuesta política para la exigilibilidad de derechos femeninos y para la construcción de paz. Debido a las violencias estructurales del territorio, muchas mujeres habían perdido, incluso, la libertad de hablar con tranquilidad en sus casas. Esta propuesta incluye la creación de casas de la memoria y derechos humanos al interior de las Casas de la Mujer. “El país puede aprender de estos procesos organizativos de hombres y mujeres: los aprendizajes están en la resistencia que tuvimos y en el convencimiento de la lucha por la vida y la paz como derecho para todas y todos”, concluye Gloria Suárez.

Las Casas de la Mujer hacen parte del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que tiene alcance nacional. “Queríamos recuperar la vida misma, la vida de las personas más desprotegidas por el Estado. Además, recuperar el territorio, porque nos estaban acabando. Logramos proteger la vida de muchas personas. Esto nos llevó al eslogan de la organización: ‘¡Por la vida no hay derecho a la guerra!”, profundiza Gloria. En este proceso organizativo se perdieron tres vidas de integrantes de la OFP y muchas más de la comunidad. Sin embargo, las Casas de la Mujer continúan operando en los territorios y su papel sigue vigente como espacio de cuidado y de protección desde el que se exige no repetición, pues lamentablemente las dinámicas del conflicto armado interno persisten en la región del Magdalena Medio.

Si las paredes de las Casas de la Mujer hablaran, estas serían algunas de las cosas que tendrían para contarle al país.