Con licencia para delinquir | Cesar: un festival de contratos chuecos

Lucas Segundo Gnecco Cerchar fue gobernador del Cesar de 1992 a 1995 y de 1998 a 2000. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en cuatro ocasiones. En 2000 fue condenado a 42 meses de prisión por el delito de constreñimiento al elector. Influyó para que en 1994 tres personas amenazaran a funcionarios departamentales si no votaban por su hermano José Eduardo Gnecco Cerchar en las elecciones a gobernador, según la acusación. Lucas Segundo Gnecco Cerchar firmó dos resoluciones declarando insubsistentes a sendas empleadas de la Gobernación. Entre los funcionarios de la administración, “Se cernía la amenaza cierta de despido para el evento de que se decidiera apoyar al candidato Mauricio Pimiento y no a Pepe Gnecco”, según la sentencia. En 2009, Lucas Segundo Gnecco Cerchar fue condenado a 24 años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricato, peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En su segundo mandato, firmó 101 contratos irregulares por 9.680 millones de pesos, cuyos sobrecostos ascendían a casi 5.000 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia afirmó que con sus actuaciones Gnecco Cerchar dio inicio a una “nefasta empresa criminal”.

Los sobrecostos fueron “objeto de apropiación ilícita por los funcionarios que participaron en tan amplia y compleja operación, y por los particulares que los secundaron”. Para la firma de los contratos, el exgobernador expidió varios decretos de forma irregular en “un plan urdido deliberada y soterradamente” por él y sus secretarios de Educación y Hacienda, a espaldas de sus asesores jurídicos, “comportamiento que elimina la posibilidad de despojar de dolo los procederes administrativos y presupuestales investigados”, según la sentencia. Gnecco Cerchar se dedicó a “satisfacer el apetito de los contratistas”. Uno de los contratos con sobrecosto fue el de reparación de casi 8.000 pupitres, que se cobró a 16.800 pesos cada uno, cuando el valor de mercado era de 7.000 pesos, generando un sobreprecio de 83 millones de pesos. En el contrato de 130 millones de pesos para venta e instalación de ocho UPS modulares, hubo un sobrecosto de 77 millones de pesos y no se aportó factura de venta ni se supo en cual colegio fueron entregadas. Una UPS suministra energía sin interrupción. En un contrato de 101 millones de pesos para “suministro de bienes inventariales”, la vendedora confesó que se presentaron cotizaciones falsas y que la que ella entregó fue por el triple del valor real de los bienes ofrecidos. Los 100 atlas históricos del departamento del Cesar comprados por 120 millones de pesos eran apenas “un álbum fotográfico”, no un atlas. En el contrato de pintura de seis colegios que se firmó por 124 millones de pesos el sobrecosto fue de 117 millones de pesos, pues se utilizó pintura de baja calidad y no la prometida. Otro contrato de pintura para siete colegios, también por 124 millones de pesos, produjo un daño patrimonial de 109 millones de pesos, pues igualmente se utilizaron pinturas de baja calidad. En total el departamento gastó 1.441 millones de pesos en pintura de colegios, con varias anomalías, aparte de la calidad, como actas de recibo de la obra firmadas sin visitar los colegios, contratos sin interventoría, y siempre con sobreprecio.

En 1999 se compraron 1.900 máquinas de escribir eléctricas marca Brother por algo más de 600 millones de pesos “sin justificación alguna”, según el fallo. En cinco contratos se gastaron 460 millones de pesos para compra de uniformes para maestros del Cesar. Solo un contrato se cumplió. “Se desconoce dónde fueron entregadas las prendas de dotación sobre las cuales versaron los cuatro contratos restantes”, observó la Corte Suprema de Justicia.

Por los mismos hechos por los cuales fue condenado el exgobernador, fue sentenciado a 15 años de prisión el jefe de Presupuesto del Fondo Educativo Departamental, Royman Guao Samper. Ante la propuesta de una contratista, Guao Samper le dijo que debía triplicar los precios. Ella lo hizo y, cuando recibió el cheque del anticipo, le dio al funcionario la mitad del dinero. También fueron condenados varios contratistas y el secretario de Hacienda William Saade Vergel, cuya residencia fue “lugar de reunión para quienes dirigían la empresa criminal”, según la Corte Suprema de Justicia.

También en 2009, Lucas Segundo Gnecco Cerchar fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a diez años de prisión. Firmó 17 contratos de pavimentación y mejoramiento de vías con varios contratistas sin capacidad técnica y administrativa que no ejecutaron las obras, pues actuaron como testaferros de la empresa B&B Ingenieros, que fue la verdadera contratista. Los contratos sumaban 2.400 millones de pesos. Algunos de los contratistas testaferros fueron compañeros de bachillerato de Juan Carlos Bayeh Rangel, gerente de B&B. “Toda la prueba recaudada demuestra que el único contratista fue la empresa B&B Ingenieros”, concluyó la Corte Suprema de Justicia. En la carpeta comercial de la firma B&B en Bancafé, se encontró esta anotación de la gerente: “Son muy amigos del gobernador actual y de otros líderes políticos, por eso consideran que seguirán contratando”. Uno de los supuestos contratistas resultó ser una residente de Leticia, Olga Isabel Fajardo. Declaró que no conocía el Cesar y que no firmó el contrato ni hizo propuestas. Los cheques girados por la Gobernación a su nombre fueron endosados y consignados en la cuenta de B&B en Bancafé. Otros supuestos contratistas también “desconocieron las firmas que como de ellos se utilizaron para diligenciar todos los actos relacionados con la ejecución y liquidación de los contratos,” señaló la sentencia.

Otro presunto contratista, Víctor Hugo Suárez López, al intentar la devolución del IVA ante entidades financieras donde poseía tarjetas de crédito, fue informado que no tenía derecho porque figuraba como responsable de renta y del IVA como contratista de la Gobernación del Cesar.

Un hermano del gerente de B&B declaró que “hicimos ver que el contrato estaba a nombre de otros por el acoso de la guerrilla y en algunas zonas por el acoso de los paramilitares”. La cuarta condena de la Corte Suprema de Justicia contra Lucas Segundo Gnecco Cerchar se dictó en primera instancia en 2021 por conductas realizadas en su segunda gobernación. Fue condenado a seis años y dos meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se le imputaron anomalías en la firma de 11 contratos por decoraciones navideñas, compra de tóneres para impresoras, pintura de colegios, suministro de material didáctico y otros, siempre sin certificado de disponibilidad presupuestal, sin estudios previos y sin pólizas de garantía. El monto de los contratos osciló entre 13 millones y 125 millones de pesos.

Uno de los supuestos contratistas confesó que su empresa era de fachada y que funcionarios de la Gobernación le entregaron la carpeta con los documentos para celebrar el contrato y que él se limitó a firmar. Quien realmente ejecutaba los contratos era el secretario de Hacienda William Saade Vergel, que tenía “montada una verdadera empresa paralela que funcionaba en la casa paterna” del funcionario, añadió el supuesto contratista. Dos mujeres contratistas indicaron que no suscribieron contratos con la Gobernación, pero reconocieron que las firmas eran auténticas. Los que suscribían los contratos eran simples firmones, de acuerdo con el almacenista del Fondo Educativo Departamental. Según la sentencia, los empleados departamentales se robaron el dinero de los contratos: “Los funcionarios públicos falsearon en su integridad los procesos contractuales, dándole así apariencia de legalidad para facilitar la apropiación de los recursos públicos”. Esta sentencia podría ser modificada en apelación. En una sentencia de 2009, el exgobernador es identificado como Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro y en las otras como Lucas Segundo Gnecco Cerchar, pero se trata de la misma persona, con la misma cédula de ciudadanía. Lucas Segundo Gnecco Cerchar nació en Maicao en 1942.

Mauricio Pimiento, gobernador del Cesar de 1995 a 1997, fue condenado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión como autor del delito de concierto para delinquir y determinador del delito de constreñimiento al sufragante.

En las elecciones al Senado en 2002, el grupo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, dispuso que en los municipios del norte del Cesar el voto sería para Mauricio Pimiento y en los del sur para Álvaro Araújo Castro. Hubo un acuerdo entre Pimiento y los paramilitares, según el fallo.

En el norte, Pimiento obtuvo más de 21.000 votos y Araújo apenas 2.200, en tanto que en el sur Araújo obtuvo más de 19.000 y Pimiento solo 3.000. Un documento hallado por el ejército en una finca del Magdalena con la firma de alias Jorge 40 fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia como prueba de la división de los votos entre los dos candidatos. Cuando le informan por teléfono a José Gamarra Sierra, congresista que también se benefició del apoyo de Jorge 40, que la Corte Suprema de Justicia tenía el documento, le dijo a su interlocutora: “Mierrrdaaa”. Además, al rector de un colegio en La Jagua de Ibirico, donde debía ganar Mauricio Pimiento, se le advirtió que el número de votos por Alfonso Araújo Castro sería equivalente al número de muertos que pondría la región, empezando por él mismo, señala el fallo.

Hernando Molina Araújo, elegido para el periodo 2004-2007, fue condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2010 por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. “La candidatura ‘única’ del doctor MOLINA ARAÚJO y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge Cuarenta’”, según la sentencia. Las autodefensas obligaron a otros dos aspirantes a no inscribir sus candidaturas. Uno de ellos declaró: “Categóricamente me señalaron que no tenía permiso para actuar como candidato”. Este fue el contexto de la violencia en la región, según la Corte Suprema de Justicia: “En la década del 80 el departamento del Cesar fue sometido de manera progresiva por la guerrilla. Las acciones criminales llevadas a cabo por las agrupaciones subversivas ELN y Farc causaron una tragedia humana por las innumerables muertes y víctimas del secuestro, la extorsión y el chantaje que dejaron a su alrededor. A mediados de los 90, ante la ausencia o incapacidad de las fuerzas armadas del Estado para combatirlas y para contrarrestar el poder que ejercían en gran parte de su territorio, empiezan a surgir estructuras locales de autodefensas que, además de brindar seguridad y protección, pasan a confrontar a los grupos delincuenciales asentados en su región, acciones que son bien vistas por las comunidades”. Hernando Molina Araújo nació en Valledupar en 1961.