Con licencia para delinquir | Costa Atlántica: desfalcos y violencia en las gobernaciones

Hubo una emergencia invernal en el departamento de Bolívar en diciembre de 2007. El gobernador Libardo Simancas Torres, que terminaba su periodo a final de ese año, declaró la urgencia para comprar ayudas para los 20.000 damnificados. En mercados y elementos de aseo, se gastaron 1.612 millones de pesos. Trece meses después, los 12.649 mercados comprados en Makro estaban todavía en bodegas de Cartagena. Nunca llegaron a las víctimas de las inundaciones. El 19 de enero de 2009, el Invima realizó un inventario a dos bodegas, encontrando en la primera, 3.458 mercados con artrópodos (gorgojo) y, en la segunda, 9.191 mercados con artrópodos, roedores, comején, cucarachas y hormigas. El Invima pidió destruir los alimentos descompuestos, lo cual ocurrió solo en diciembre de 2011, cuatro años después de la emergencia invernal.

Libardo Simancas Torres no fue llamado a responder penalmente. Pero en 2012 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 45 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Se acogió a sentencia anticipada. La Fiscalía lo acusó de mantener contactos “con los más destacados cabecillas de los grupos paramilitares”, que lo ayudaron a ser elegido. La sentencia calificó a Simancas Torres de “confeso auspiciador del paramilitarismo”.

Dos funcionarias de Simancas Torres sí fueron condenadas por los mercados que fueron pasto de los gorgojos. Una sobrina política de Simancas, la almacenista de la Gobernación Lunela Palis Viana, certificó por escrito que los alimentos y otras ayudas entraron a bodegas oficiales antes del 31 de diciembre de 2007. Lo mismo hizo la coordinadora de desastres de la Gobernación, Betty Mercado Barrios. Nada de eso fue cierto. Ambas funcionarias fueron condenadas a 50 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por falsedad ideológica en documento público. Las funcionarias incurrieron en falsedad para “aparentar ante la nueva administración” que los contratos habían sido cumplidos y lograr así que a los contratistas les pagaran el valor de los contratos “con evidente intención de favorecerlos”, señaló la Corte Suprema de Justicia. Es decir, las funcionarias se preocuparon más por los contratistas (la Cooperativa Multiactiva de Gestores de Cartagena, Gestocoop, y la Fundación Trabajar por Colombia) que por los damnificados.

El primero de enero de 2008 se posesionó como gobernador Joaco Berrío Villarreal. El sí fue acusado por la pérdida de los mercados, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en marzo de 2022, 14 años después. Berrío dijo en el juicio que los mercados fueron comprados en Makro en febrero de 2008, dos meses después de la emergencia invernal. Los contratistas tomaron en arriendo las bodegas únicamente a finales de febrero de 2008.

La Corte Suprema de Justicia señaló que Berrío “Obvió adelantar las gestiones para lograr la entrega de los mercados”, pero precisó que “No podía ser penalmente responsable, por el hecho de que no entregó unos bienes, cuando no contaba con ellos y no podía disponer de los mismos”. El prevaricato por omisión por el que fue acusado Berrío exige dolo o voluntad deliberada de cometer un delito. La Corte dijo que no se probó. Berrío declaró en el proceso que “se pretendía defraudar a la Gobernación, aprovechando su ingreso como gobernador para efectuar el cobro y obtener el pago de algo que no había sido entregado”. A Gestocoop le pagaron el contrato en efectivo en 2010.

Las ayudas que Libardo Simancas Torres ordenó comprar costaron en total 3.362 millones de pesos. Los medicamentos, que valían 644 millones de pesos, se vencieron. No se sabe qué pasó con el etanol, las vacunas antirrábicas, los insecticidas, los rodenticidas, el suero antiofídico, las pruebas para detectar malaria y dengue y los productos químicos para purificar el agua que costaron 611 millones de pesos. También se compraron complementos nutricionales por 495 millones de pesos.

En la condena penal de 2013 contra David Murcia Guzmán, cerebro de la captadora ilegal DMG, se menciona el hallazgo de 1.000 millones de pesos en efectivo el 26 de octubre de 2007 cerca al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, dinero que pertenecía a DMG. Según interceptaciones telefónicas citadas en la sentencia, el destinatario del efectivo era Joaco Berrío

Dos días después, Berrío sería elegido gobernador. La asistente de David Murcia Guzmán le dice en la llamada a un cuñado de Murcia que “se necesitan 1.000 puntos para hacerlos llegar... al señor de Cartagena, Joaco”. Los 1.000 millones de pesos fueron enviados en una caleta desde Pasto a Cartagena en un bus de Transipiales. El descubrimiento del dinero y su destinatario se divulgaron en la prensa.

Los gobernadores elegidos en el Atlántico han sido: Gustavo Bell Lemus, Nelson Polo Hernández, Rodolfo Espinosa Meola, Ventura Díaz Mejía, Alejandro Char Chaljub, Carlos Rodado Noriega, Eduardo Verano de la Rosa, José Antonio Segebre Berardinelli, Eduardo Verano de la Rosa y Elsa Noguera de la Espriella. Ninguno ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Miguel Pinedo Vidal fue elegido gobernador de Magdalena de 1992 a 1994. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2012 a 108 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Según la sentencia, el exgobernador obtuvo apoyo del paramilitar Hernán Giraldo Serna en los comicios de 1998 y 2002, en que fue elegido senador. El movimiento político de Pinedo Vidal se llamaba Moral. Señala el fallo: “Es claro para la Corte que jamás hubo voluntad política para hacer frente, contrarrestar y desmantelar la banda de delincuentes que se gestó y creció en torno a la figura del señor Hernán Giraldo Serna”.

Jorge Luis Caballero Caballero fue gobernador de Magdalena de 1995 a 1997. En 2012, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 72 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Caballero contó con el apoyo de los paramilitares de alias Jorge 40 para conquistar su curul como representante a la Cámara en 2002.

José Domingo Dávila Armenta fue gobernador de Magdalena de 2001 a 2003. En 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de prisión como coautor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. En la campaña a la Gobernación, Dávila Armenta acudió a una reunión en la vereda Machete Pelao, en zona controlada por los paramilitares de Hernán Giraldo Serna, según el fallo. Giraldo Serna ayudó con votos a Dávila Armenta desde elecciones anteriores a la Alcaldía de Santa Marta. Además, el exgobernador recibió apoyo de otro jefe paramilitar, según la sentencia: “Queda acreditado que JOSÉ DOMINGO DÁVILA ARMENTA se relacionó con RODRIGO TOVAR PUPO para lograr su elección como gobernador del departamento del Magdalena en el año 2000 y, en consecuencia, para afianzar la línea política del paramilitarismo”.

Trino Luna Correa, gobernador de Magdalena elegido para el periodo 2004 a 2007, aceptó en 2007 el delito de concierto para delinquir por nexos con paramilitares y renunció al cargo. En 2020, la Fiscalía lo acusó por enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de contrato sin requisitos legales, pero no ha sido condenado.