Con licencia para delinquir | La Guajira: fraude entre gobernador y científico

LA ENTIDAD NO TENÍA SEDE. No tenía experiencia. No tenía ca­pacidad técnica, administrativa o financiera. No obstante, el goberna­dor de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso firmó un convenio por 17.584 millones de pesos para investigar el dengue en ese departamento con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis). El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Por ese convenio, Ballesteros Valdivieso, gobernador en 2014-2015, fue condenado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia a 177 meses de prisión como coautor de los delitos de peculado y con­trato sin cumplimiento de requisitos lega­les. “La conducta del acusado fue dolosa”, señaló la Corte.

La Olfis no contaba con el espacio ni con los equipos básicos de laboratorio para recibir, conservar y procesar muestras, acti­vidades que debía desarrollar según el con­venio. La Olfis “no tenía siquiera una sede administrativa propia porque la dirección reportada de la misma en la ciudad de Bu­caramanga no correspondía a aquella, sino a un conjunto residencial”, según un testigo citado por la Corte Suprema de Justicia.

El convenio se firmó en 2014 y se finan­ció con dinero de regalías. En la declaración de renta de 2013, el patrimonio líquido de la Olfis ascendía tan solo a 4.524.000 pesos y tenía ingresos netos por 19 millones de pesos. En la declaración de 2012 tenía ape­nas 2.500.000 pesos de patrimonio líquido y 0 pesos en ingresos. “La paupérrima ca­pacidad financiera de la entidad particular no guardaba ninguna proporción con la naturaleza especial y menos con la eleva­da cuantía del convenio”, concluyó la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de la firma, Colciencias certificó la “calidad científica y técnica” de la Olfis.

El exgobernador firmó el acuerdo ga­rantizando que la entidad “goza de reco­nocida idoneidad para ejecutar el objeto del presente convenio, lo cual fue debida­mente evaluado por el departamento de forma previa”. Según el fallo: “La selección obedeció al capricho o interés del jefe de la administración departamental en favore­cer indebidamente a la entidad contratista”. Añadió la sentencia: “Resulta impensable que el gobernador acusado hubiera ac­tuado guiado por el principio de la buena fe porque cualquier persona prudente y diligente se habría percatado al rompe de la ausencia de la más mínima experiencia y capacidad administrativa de Olfis”. El exfuncionario no publicó el convenio en el sistema electrónico de contratación. Su defensor dijo que no se podía exigir a Ba­llesteros Valdivieso “estar al tanto de hasta el más mínimo detalle”, pues él no condujo su administración con base en la teoría de la microgerencia.

La Olfis presentó información falsa a la Gobernación, según el fallo. Afirmó que la Universidad de Santander (Udes), de Bucaramanga, participó en la formula­ción del proyecto y que sería cooperante en la investigación. El rector Jaime Restre­po Cuartas declaró que eso no fue cierto y que, por el contrario, en 2012, cuando la Olfis, representada por Fredi Alexánder Díaz Quijano, planteó una alianza a la Udes, la universidad rechazó la propuesta porque la envergadura del proyecto des­bordaba las capacidades de la Udes.

El exgobernador permitió que la Olfis se apropiara de 318 millones de pesos, to­mados del primero de dos anticipos que se hicieron. En la compra de ovitrampas, que son recipientes plásticos, hubo sobrecostos del 727 por ciento, equivalentes a un ma­yor valor de 7 millones de pesos.

Corbatas hubo varias. Oswaldo Cas­tro Delgado recibió 39 millones de pesos por seis meses como analista de nómina, pero no realizó trabajo alguno y no sabía de nóminas. Cuando la Fiscalía inició las pesquisas, en la Olfis le pidieron a la per­sona que hacía las nóminas que instruyera a Castro sobre la materia para que pudiera responder la citación oficial. A Magda Cas­tro Delgado, hermana del anterior, le pagaron 17 millones de pesos por socializar el pro­yecto, pero se limitó a repartir unos folle­tos. A Eduardo Andrés Acosta Hernández le pagaron 9 millones de pesos por tres meses como auxiliar de investigación, pero no trabajó. Ronald Díaz Quijano recibió sueldos por 66 millones de pesos como supuesto gerente financiero durante año y medio, pero no trabajó. Es hermano del representante legal de la Olfis. El pediatra Jorge Luis Alvarado Socarrás fue contrata­do como investigador del proyecto por seis meses y recibió salarios por 19 millones de pesos, pero no trabajó. Nancy Adriana Angarita Navarro fue contratada como en­fermera y recibió 14 millones de pesos por cuatro meses de supuesto trabajo en La Guajira, pero no trabajó porque permane­ció en Bucaramanga o en Zapatoca. María Elvinia Romero recibió 10 millones de pe­sos por seis meses de trabajo como auxiliar de enfermería, pero en realidad trabajaba en Zapatoca para Ronald Díaz Quijano en una IPS de su propiedad.

Se gastaron 39 millones de pesos en al­quiler de camionetas. Un contrato se firmó con Ronald Díaz Quijano, que alquiló su vehículo particular, pese a que el carro no estaba en La Guajira, sino en Zapatoca, donde Díaz Quijano tiene el negocio de la IPS. Oswaldo Castro Delgado, el analista de nómina que recibió 39 millones de pe­sos sin serlo y sin ejecutar ningún trabajo, también alquiló un vehículo al proyecto. Otra persona que alquiló su carro particu­lar dijo que el vehículo permanecía en Bu­caramanga, salvo ocasionales viajes a La Guajira. Esta persona se llama Juan Pablo Pinzón Vega. A la Fundación Humanus le pagaron 96 millones de pesos por coordi­nación logística, pero el proyecto ya tenía una coordinadora logística, Andrea Liliana Vesga.

El mal uso de los dineros fue informa­do a la Gobernación por el interventor, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ante unas observaciones, el se­cretario de Salud de La Guajira y super­visor del convenio, Gonzalo Araújo Daza, amenazó a los funcionarios de la interven­toría. Señaló que su reparo era ofensivo: “Este despacho no tolerará semejante atropello, más cuando esta bajeza es legu­leya e irreal, atentando contra la moralidad y el buen nombre del suscrito, que de pro­seguir se realizará un reporte de posibles conductas penales cometidas por la inter­ventoría con sus difamaciones”.

Aunque el peculado por el cual se condenó al exgobernador se fijó en 318 millones de pe­sos, esa fue únicamente la suma que se pudo probar, pero la real fue mayor, según una fuente cercana a la investigación. La Ol­fis recibió dos anticipos, uno por el 10 por ciento y otro por el 15 por ciento, para un total de 4.366 millones de pesos.

Fredi Alexánder Díaz Quijano, el re­presentante legal de la Olfis, que firmó el contrato con el gobernador Ballesteros Valdivieso, es profesor asociado del depar­tamento de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. Se graduó en 2003 como médico en la Universidad Industrial de Santander (UIS), tiene maestría de la misma univer­sidad y doctorado en Salud Pública con­ferido en 2011 por la Universidad de São Paulo. En abril de 2017 fue capturado por la Fiscalía, pero luego liberado. La Fiscalía certificó en noviembre de 2017 que Díaz Quijano era prófugo de la justicia.

Fredy Galvis Ovallos recibió 35 millo­nes de pesos supuestamente como ento­mólogo de la Olfis en La Guajira durante nueve meses en 2015-2016, cuando en rea­lidad en esa época estaba en São Paulo en la misma Facultad de Salud Pública don­de hoy es profesor Fredi Alexánder Díaz Quijano, según comprobó la interventoría.

El exgobernador José María Balleste­ros Valdivieso, abogado de profesión, nació en Riohacha en 1977. Es hijo de Jorge Eliécer Ba­llesteros Bernier, primer gobernador por elección popular de La Guajira.

Hernando Deluque Freyle, gober­nador entre 2001 y 2003, fue condenado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia a 108 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Delu­que firmó contratos por 137 millones de pesos para construir la cubierta del patio del Colegio Sagrada Familia, de Rioha­cha. Pero no se contrataron las columnas para montar la cubierta, que fue retirada por otro contratista que aparentemente se apropió de ella. No se hicieron los estu­dios previos, lo que redundó en “el fracaso total del proyecto”, según la sentencia. Fi­nalmente, la cubierta fue construida por la comunidad religiosa que regenta el cole­gio. “Uno no puede hacer casas en el aire”, declaró un ingeniero de la Gobernación. Hernando Deluque Freyle, nacido en Riohacha en 1950, es abogado.

José Luis González Crespo fue gober­nador de La Guajira de 2004 a 2007. Tres veces ha sido condenado por la Corte Su­prema de Justicia. En 2011 fue sentenciado a 103 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Gon­zález Crespo firmó un contrato con el abo­gado Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez, al cual le dio plenos poderes. Los honorarios del contrato de seis meses se fijaron en 5 millones de pesos, y la garantía, en 750.000 pesos, pero el abogado se apropió de algo más de 2.000 millones de pesos adeudados al departamento por varios municipios por concepto del impuesto de la estam­pilla Prodesarrollo y Turismo Fronterizo. El apoderado siguió haciendo cobros aun después de vencido el contrato. No giró los recaudos a la tesorería departamental. La Gobernación, en lugar de hacer el cobro directamente ante los municipios, los instó a girar la deuda al abogado. Este abrió va­rias cuentas bancarias a nombre de la em­presa Prodesarrollo Gestión y Recaudo. El municipio de Manaure giró 927 millones de pesos, pues el secretario de Hacienda departamental le presentó el abogado al tesorero municipal indicándole que era el apoderado del departamento. Igual suce­dió en otros municipios en que funciona­rios departamentales instaron a los fun­cionarios a realizar el pago a nombre de la empresa del abogado. El gobernador no hizo seguimiento al contrato ni pidió infor­mes al abogado.

En 2012 González Crespo fue con­denado por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a diez años de prisión. Fue acusado por firmar irregularmente contratos con empresas de servicios públicos que utili­zaron los dineros para gastos de funcio­namiento, gerencia e interventoría de las obras. González Crespo no abrió licitación y no cumplió con las mínimas actuaciones administra­tivo-contractuales, como publicar los términos de referencia y los plazos.

Una tercera condena en contra de González Crespo dictó en 2018 la Corte Suprema de Justicia por seis convenios con dineros de regalías que firmó con la socie­dad Fedemunicol en forma directa, pese a que se requería licitación. Fedemunicol no era una asociación de municipios, pues no estaba formada por municipios, sino por entidades como la Fundación Bill Gates College y la Fundación Salud y Vida. Ade­más, no se hicieron estudios de convenien­cia ni pliegos de condiciones ni presenta­ción de propuestas. Los contratos sumaron 5.100 millones de pesos para objetos di­versos: construcción de un centro de con­fección textil, mejoramiento de malla vial, optimización de un acueducto. El exgober­nador incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fue condenado a 68 meses de prisión. Gonzá­lez Crespo “defraudó las expectativas que en él depositó la comunidad”, indicó la Cor­te Suprema de Justicia. José Luis González Crespo, nacido en Barranquilla en 1970, es administrador de empresas.

Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, fue gober­nador en 2012-2014. En 2017 fue condena­do por un juzgado penal de Bogotá a 660 meses de prisión por homicidio; tráfico, fabricación y porte de armas, municiones o explosivos de uso priva­tivo de las Fuerzas Ar­madas; y porte, fabrica­ción y tráfico de armas de fuego. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena. Gómez Cerchar or­denó la muerte de Henry Ustariz Guerra y Wilfrido Fonseca Peñaranda en 2008, ase­sinados con múltiples impactos de pistola y fusil, “por conducto de Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos, líder de una banda criminal que tenía influencia en el territorio de ese departamento” y con el cual Gómez Cerchar “sostenía una alianza delictiva”, de acuerdo con la sentencia. Us­tariz, exalcalde de Barrancas, fue muerto, según el fallo, porque convenció a su espo­sa, Yandra Cecilia Brito Carrillo, alcaldesa de Barrancas, de no seguir pagando a Gó­mez Cerchar los aportes económicos que exigía por el apoyo político que le dio para conquistar ese cargo en las elecciones. Bri­to Carrillo inició una investigación perso­nal para identificar a los responsables de la muerte de su esposo y fue amenazada re­petidamente por Gómez Cerchar a través de terceros para que abandonara ese pro­pósito. Brito Carrillo fue asesinada cuatro años más tarde, en 2012, en una vía pública de Valledupar, en un atentado perpetrado por varios sicarios que se movilizaban en motocicletas. El atentado fue planeado por Gómez Cerchar y Marcos de Jesús Figue­roa. En 2017 un juzgado de Bogotá conde­nó a Gómez Cerchar a 40 años de prisión por el asesinato, en 1997, de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, y por dos muertes más en 2000. Juan Francisco Gó­mez Cerchar nació en Barrancas en 1958.

Wilmer González Brito fue goberna­dor de La Guajira tres meses en 2016-2017. Fue condenado a 120 meses de prisión por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y como determina­dor del delito de corrupción de sufragan­te. Entregó dinero a concejales para que compraran chivos y mercados a cambio de conseguir votos para su campaña de 2016 a la gobernación. La concejal de Maicao Silbelly Milena Solano Iguarán recibió 11 millones de pesos, pero no le alcanzó. Según una interceptación telefónica, le dijo a González Brito que los 5 millones de pesos que le envió con un emisario no eran suficientes: “Yo se los recibí, doctor, porque uno no debe ser grosero”. Gonzá­lez Brito le pregunta cuánto se necesita y la concejal responde: “Yo tengo una vo­tación de 840 votos, yo tengo varias po­blaciones indígenas, yo tengo que darles mercados, como 250 mercados sin decirle mentira. Doctor, yo más o menos en logís­tica me estoy gastando como 10.000.000 de pesos sin exagerarle, porque necesito contratar carros. Lo que más me preocu­pa son los mercados, darle a la gente para que se compre su chivo, hagan su comida y vengan desayunados porque usted sabe cómo se maneja eso. Yo hasta el momento no había tenido la necesidad de molestar­lo, pero créame que con ese recurso yo no puedo mover zona ru­ral”. Cuando González Brito le dice a la conce­jal que los otros ediles “no pueden saber lo que estamos hablando”, ella responde: “No, no, no, yo no les voy a comunicar nada, pero de verdad, doctor, a mí me da pena molestarlo, pero si no es quedarle mal a usted”. Señaló la sentencia: “Wilmer David González Brito determinó a Silbelly Silena Solano Iguarán para que ella torciera la voluntad del sufragante a fin de quedar electo como gobernador del departamento de La Guajira, como en efecto aconteció”. Fue condenado tam­bién por falsedad por no incluir los pagos a concejales en el informe de gastos y por el delito de fraude procesal porque la fal­sedad llevó a engaño al Consejo Nacional Electoral. El ingeniero civil Wilmer Gon­zález Brito nació en Uribia en 1962.