Con licencia para delinquir | Corrupción en el Meta: chanchullos llevaron a tres homicidios
Un gobernador pagó para que fueran asesinados tres políticos que lo denunciaron por corrupción, según la Corte Suprema de Justicia. Por Alberto Donadio.
EDILBERTO CASTRO RINCÓN, gobernador del Meta entre 2004 y 2005, fue condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión. Fue sentenciado como autor de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. También fue condenado como determinador de los delitos de homicidio agravado y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En julio de 2004, una diputada del Meta envió al gobernador Castro Rincón un memorando con reparos sobre el contrato de compra de 150.000 paquetes de útiles escolares. El estudio de conveniencia no tenía fecha, había sobrecostos en la adquisición y se suprimieron las cajas de colores sin disminuir el valor del contrato, según el memorando.
Dos meses después, la diputada apareció muerta en un vehículo en Tocancipá. Se llamaba Nubia Inés Sánchez Romero. En el mismo carro, un Ford Fiesta, se encontraron los cadáveres de Eusser Rondón Vargas, rival del gobernador Castro Rincón en las elecciones de 2003, y de Carlos Javier Sabogal Mojica, exgobernador del Meta. La Corte Suprema de Justicia se refirió a la compra de útiles: “En la administración departamental del Meta todo estaba ensamblado de manera tal que la apariencia era que adelantaban con rigor los procesos licitatorios, cuestión que, como ha podido verse, es totalmente falsa”.
En la investigación se descubrió que el contrato se adjudicó por los nexos políticos entre el gobernador y José Farid Romero Rivas, gerente de la firma ganadora.
Los útiles costaron 661 millones de pesos y se compraron en “empresas que no estaban dedicadas a vender útiles escolares”, según el fallo. “El incriminado, de manera consciente y libre, incidió en los servidores públicos que tenían a su cargo los procesos contractuales para arrasar los principios de la contratación pública con el propósito único de adjudicarlos a las firmas que resultaron ganadoras”, señaló la Corte Suprema de Justicia. Además de los útiles, se compraron 150.000 morrales para estudiantes del Meta a un costo de casi 3.000 millones de pesos y con sobreprecio de 779 millones de pesos.
El 13 de septiembre de 2004, hacia las 11:00 p. m., en la vía antigua entre Briceño y Zipaquirá, en jurisdicción de Tocancipá, fue encontrado un Ford Fiesta rojo con una puerta abierta. Alertada por los vecinos, la Policía Judicial encontró en los asientos traseros a Nubia Inés Sánchez Romero, víctima de cinco disparos, entre ellos uno en la mano y otro en la espalda, y al exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica, baleado en el pecho, el rostro y la parte posterior de la cabeza, según informó El Tiempo en su época.
En el baúl del carro estaba el cadáver de Eusser Rondón Vargas, con disparos en el rostro. Los tres políticos habían viajado por tierra ese mismo día de Villavicencio a Bogotá. Uno de los cuerpos presentaba muestras de haber sido arrastrado por un pastizal, ya que tenía tierra y pasto en sus ropas y uñas, según El Tiempo.
UN GOBERNADOR ENTREGÓ EL 3 POR CIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL META, 1.500 MILLONES DE PESOS AL MES, A UN JEFE PARAMILITAR.
El asesinado Eusser Rondón perdió por unos 5.000 votos las elecciones a la gobernación de 2003 que ganó Edilberto Castro Rincón, posteriormente adujo fraude y formuló denuncia penal.
Rondón demandó ante el Consejo de Estado la elección de Castro Rincón, pues existía en su contra una sentencia por homicidio culposo de un juzgado de Bogotá. Castro Rincón visitó a un comandante del bloque Centauros de las autodefensas y le propuso devolverle el doble del dinero que había gastado en la campaña de Eusser Rondón si Rondón retiraba las denuncias en su contra, según un testigo.
El comandante se negó alegando: “Esto es de causa y no por plata”, según el testigo. El jefe de las autodefensas Miguel Arroyave citó a Rondón y lo instó a dejar trabajar tranquilo al gobernador y a aspirar en la próxima elección, pero Rondón, que era miembro político del bloque Centauros, se negó.
El testigo señaló que dos semanas antes de la muerte de Rondón, Arroyave y el gobernador Castro Rincón se reunieron y acordaron lo siguiente: el gobernador entregaba desde ese momento en adelante a Arroyave 2.000 millones de pesos en efectivo y el 3 por ciento de la contratación mensual de la gobernación, estimada en 50.000 millones de pesos al mes, es decir, 1.500 millones de pesos al mes, y aparte entregaría una lista de contratistas para que Arroyave “los apretara por el 5 por ciento más”, es decir, otros 2.000 millones de pesos al mes.
El acuerdo se hizo en un sitio llamado Caldo Parado. El testigo indicó que la información sobre los pagos a Arroyave se la dio alias Jorge Pirata, comandante del ala militar del bloque Centauros. Una testigo de las autodefensas declaró que supo, por otros militantes, que el gobernador Castro Rincón había pagado 2.000 millones de pesos a Arroyave por la muerte de Rondón.
El escolta de Arroyave declaró que Arroyave le había dicho que “había que matar a Eusser”. Pero no le habló de los otros dos muertos. La sentencia concluye: “Aflora como razón de la muerte de Eusser Rondón, Nubia Sánchez y Carlos Javier Sabogal la vigilancia y seguimiento que tenían en contra de Edilberto Castro Rincón”.
Por no tener relación con el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó el sometimiento del exgobernador: “Se trata de simple corrupción administrativa”.
Edilberto Castro Rincón, administrador agropecuario, nació en Bogotá en 1961.
