Con licencia para delinquir | Corrupción en el Vaupés: cinco gobernadores condenados

Wilsson Ladino Vigoya, elegido para el periodo 2004-2007, fue condenado en 2022 por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia a seis años y diez meses de prisión por peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ladino Vigoya firmó un contrato con una cooperativa por 1.610 millones de pesos para suministro de mercados a colegios del Vaupés. Los pagos a la cooperativa fueron realmente recibidos por el arquitecto Heriberto Martínez Ramírez, con quien Ladino tenía deudas, según el fallo. Martínez ejecutó el contrato sin ser socio de la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales, Conalde. Martínez se reunió en Bogotá con Ladino en una cafetería y le dijo que la cooperativa era de su confianza y que tenía que ganarse ese contrato porque “las cuentas entre ellos dos estaban muy largas”, y necesitaba recuperar la inversión que había hecho en él como gobernador, según un testigo citado en el fallo. La cooperativa le entregó a Martínez 167 millones de pesos, monto de la deuda del gobernador. Martínez también recibió 440 millones de pesos para compra de mercados. De las 267 toneladas de alimentos que se debían transportar en avión, no se entregaron 20 toneladas o 20.000 kilos. También se comprobó un sobrecosto en el costo de los alimentos y en el transporte, para un total de 439 millones de pesos, monto del detrimento que sufrió el departamento. Este año, Martínez ganó un pleito contra el departamento del Vaupés por un contrato de 2005. El Consejo de Estado ordenó al departamento pagarle 625 millones de pesos.

En 2007, la Corte Suprema de Justicia condenó a Ladino Vigoya por el delito de corrupción de sufragante a 42 meses de prisión. En el municipio de Carurú, Ladino Vigoya entregó vales de 100.000 pesos al que votara por él en 2004. El reo aceptóque había elaborado los vales.

Wilsson Ladino Vigoya, abogado, nació en Villavicencio en 1972.

Jaime Gracia Vargas, gobernador de 1995 a 1997, fue condenado en 2006 por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Gracia Vargas firmó un contrato de rehabilitación de la vía Carurú-Monforth. El contratista declaró: “El contrato me lo dieron que para que me ganara la navidad. Uno aquí lo normal es que le dice al mandatario, alcalde o gobernador, uno va y le dice ‘Una ayudita para mí’. Es que uno que fue amigo del gobernador, que estuvo en la campaña, entonces el gobernador me dijo ‘Listo, hermano, que ya le salió su aguinaldo’”. El contratista recibió 9,7 millones de pesos.

El abogado Jaime Gracia Vargas nació en Villavicencio en 1957.

Rudy Bocanegra Prieto, gobernador entre febrero y junio de 1992, fue condenado en 2001 por la Corte Suprema de Justicia a 20 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación.

El exgobernador compró 20 tambores de gasolina para el aeropuerto de Mitú por 1.680.000 pesos. Se giró el cheque al supuesto contratista, pero el dinero a través de intermediarios le fue entregado en Villavicencio a la novia de Bocanegra Prieto, Luz Adriana Fierro Patiño, en la talabartería de su padre. La firma del contratista en la cotización era falsa.

Rudy Bocanegra Prieto, ingeniero de vías, nació en Villavicencio en 1957.

Heraclio Vega Goyeneche, gobernador entre 1992 y 1993, fue condenado en 2002 por la Corte Suprema de Justicia a 50 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, cohecho propio y contrato sin requisitos legales.

Vega Goyeneche firmó un contrato de compra de combustible para la planta eléctrica de Mitú por 49 millones de pesos. La contratista cobró el cheque en un Banco de Bogotá en presencia del gobernador y le dio a él algo más de 1 millón de pesos. El funcionario autorizó el pago del contrato sin garantía y sin que se hubiera cumplido en su totalidad. “El motivo de la celebración del contrato no fue atender el servicio de energía y el desarrollo de las obras públicas, como se alega, sino favorecer el interés personal del procesado y la contratista”, señala el fallo. El acta de entrega del combustible, firmada por el gobernador, fue falsa, pues no era cierto que se hubiera entregado la totalidad de la gasolina.

Dos días después de dictada la anterior sentencia, la Corte Suprema de Justicia condenó a Vega Goyeneche a diez meses de prisión por el delito de peculado por aplicación oficial diferente. Destinó a otros fines una partida de 61 millones de pesos del presupuesto departamental.

El economista Heraclio Vega Goyeneche nació en Carurú (Vaupés) en 1968.

Harold León Bentley, gobernador entre 2001 y 2003, fue condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia a 12 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los delitos se cometieron en relación con varios contratos por valor total de 538 millones de pesos para adecuación y mantenimiento de escuelas departamentales. Varios contratos se firmaron con testaferros de diputados y del contralor departamental. El cheque del anticipo de un contrato para construcción de una cancha de baloncesto de una escuela fue consignado en la cuenta de la esposa de un diputado. Los contratos se adjudicaron sin tener al menos dos ofertas o los contratistas no eran idóneos o las ofertas se presentaron verbalmente. Hubo “precaria o inexistente planeación de las obras y servicios contratados” y el proceso de selección fue “artificioso y amañado”, indicó el fallo. En una compra de víveres y granos para las escuelas, que costó 240 millones de pesos, hubo un sobrecosto de 65 millones de pesos. Se compraron 62 toneladas de alimentos en Alkosto de Villavicencio por 127 millones de pesos. Sumando el transporte aéreo a Mitú, se llegó al sobrecosto.

El economista Harold León Bentley nació en 1957.