Con licencia para delinquir | Corrupción en Guaviare: cuatro gobernadores condenados

Eduardo Flórez Espinosa, gobernador de Guaviare entre 1995 y 1997, fue condenado en 2004 por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Flórez Espinosa celebró un contrato por 22 millones de pesos para culminar un contrato anterior firmado por su antecesor, destinado a la construcción de la calle de rodaje del aeropuerto de San José del Guaviare.

Al contrato firmado por Flórez Espinosa se le puso una fecha distinta a la real y además se comprobó que las obras se realizaron antes de firmar el contrato. El entonces funcionario sabía que “se estaba creando un documento adicional ficticio”, indicó el fallo. El entonces gobernador también adquirió, sin licitación, repuestos para volquetas y maquinaria pesada. Luego, para legalizar el negocio, firmó con una cooperativa un convenio interadministrativo por 220 millones de pesos para que la cooperativa le pagara al proveedor.

El médico Eduardo Flórez Espinosa nació en Tunja.

Jorge Alberto Zapata Betancourt, gobernador entre 1993 y 1994, fue condenado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El entonces gobernador firmó diez contratos por 406 millones de pesos para garantizar la atención médica en Bogotá a pacientes remitidos desde el Guaviare. La empresa contratista no estaba constituida legalmente ni estaba autorizada para prestar servicios médicos, afirmó el fallo.

“Es palmar que el procesado pretendía favorecer a Federico Sánchez”, señala la sentencia. El médico Federico Sánchez Arciniegas era socio de la empresa, que llevaba las primeras letras de su nombre completo, Fesanar. El favor se debía a que el gobernador y Sánchez Arciniegas tenían estrecha relación con el senador Alfonso Gómez Latorre, pues la esposa del médico era sobrina del senador y el gobernador tuvo “largos años de militancia” en el movimiento político del senador, indicó el fallo. “Zapata Betancourt, sin adelantar ningún trámite, seleccionó caprichosamente a Fesanar con el ánimo de beneficiar a Federico Sánchez Arciniegas”, concluyó la sentencia.

Oscar López Cadavid, gobernador elegido para el periodo 2008 a 2011, fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Los hechos se remontan a la visita de Vicente Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2000 a una finca en Paratebueno (Cundinamarca), en la región del piedemonte llanero. Allí se encontró con Oscar López Cadavid. Castaño lo llamaba ‘Chatarrito’, según testimonio del paramilitar alias H. H., Éver Veloza. Vicente Castaño y López Cadavid tenían “trato efusivo y amistoso”, según la sentencia. En la finca también estuvieron los comandantes paramilitares alias 400, Efraín Pérez Cardona; alias Monoleche, Jesús Ignacio Roldán, y alias Guevoepisca o Alfonso, Emiro Pereira Rivera, indica el fallo. Afirmó la Corte Suprema de Justicia que se trató de “una gran ‘convención paramilitar’, pues casi todos los más importantes comandantes hicieron presencia en el lugar”.

La finca pertenecía a Nebio Echeverry Cadavid, primo de López Cadavid, el cual a su vez era dueño de otra finca en la región. Años después, López Cadavid fue elegido gobernador “gracias a los nexos y a la promoción de la organización ilegal”, de acuerdo con la sentencia. La Corte Suprema de Justicia también dio por sentado que Oscar López Cadavid adquirió la finca La Argentina. Vicente Castaño había dado la orden de quitársela a su dueño. Alias Guevoepisca o Alfonso declaró en el proceso que el dueño de la finca “tenía que venderla o venderla, pues la orden tajante del comando de las AUC era despojar a dicho sujeto de todas sus propiedades y desplazarlo de la región”. El predio fue ocupado en enero de 2001 por medio centenar de sujetos armados de los grupos paramilitares. El inmueble, señaló el fallo, se encontraba bajo dominio paramilitar y no obstante esa circunstancia fue adquirido por López Cadavid, “quien desplegó su señorío sobre el mismo sin haber enfrentado ninguna clase de dificultades con los grupos armados ilegales”. Agrega la sentencia: “De allí emerge diáfano el indicio grave de connivencia y relación del procesado con los grupos paramilitares”.

Oscar López Cadavid nació en Támesis (Antioquia) en 1956 y fue representante a la Cámara antes de ser gobernador.

José Alberto Pérez Restrepo, gobernador entre 2004 y 2007, fue condenado en 2018 en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 12 años y cuatro meses de prisión por concierto para delinquir agravado. Pérez Restrepo fue acusado de formar alianzas con el bloque Centauros de las autodefensas para conseguir su apoyo en las elecciones de 2003. En el proceso se consideró probado el apoyo paramilitar, pues según declaró alias Don Mario, Daniel Rendón Herrera, Pérez Restrepo recibió 200 millones de pesos para la campaña y además protección de los grupos armados ilegales para la actividad proselitista.

Pérez Restrepo se comprometió a electrificar un caserío donde las autodefensas iban a sembrar palma africana. Como retribución al apoyo electoral, Pérez Restrepo “colaboró en informar todos los contratos que hiciera el departamento para que así les pagaran a las autodefensas el 5 %”, declaró alias Don Mario. Este señaló, además, que ya retirado del bloque Centauros recibió en Necoclí (Antioquia) la visita de Pérez Restrepo durante su campaña y que como muestra de amistad hacia el candidato le regaló un caballo de silla “moro peseteado”, al que bautizaron con el nombre de Benjamín. Este fue un sobrenombre que alias Don Mario utilizó inicialmente en el Guaviare. El bloque Centauros garantizó el triunfo electoral de Pérez Restrepo “con miras a consolidar un gobierno departamental promotor de los intereses paramilitares en el Guaviare”, indicó la sentencia.

Álvaro Pacheco Álvarez, gobernador de Caquetá entre 2016 y 2019, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2019 a 90 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Los hechos ocurrieron cuando Pacheco Álvarez fue candidato a la gobernación en 2007 y cuando fue alcalde y en el ejercicio de otros cargos. Pacheco Álvarez se concertó, entre 1997 y 2003, con grupos paramilitares desde la Secretaría de Tránsito Municipal de Florencia, la Dirección de Tránsito Departamental y la Alcaldía de Florencia, según la sentencia.

Hubo “vínculos criminales entre el procesado y los grupos paramilitares que operaron en el Caquetá desde 1997 hasta el 2006″, indicó la Corte Suprema de Justicia. El reo sostuvo reuniones con militantes del bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y del Frente Sur Andaquíes (FSA) del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, según el fallo. Varios desmovilizados declararon que Pacheco Álvarez, como director de tránsito, legalizaba los vehículos que ilegalmente conseguían los paramilitares. La sentencia señala que Pacheco Álvarez “financió el FSA con recursos públicos”, pues entregó al grupo armado ilegal fondos de la Alcaldía de Florencia. El expediente contra el exgobernador fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz.

El abogado Álvaro Pacheco Álvarez nació en Florencia en 1965.