Con licencia para delinquir | Chocó, maniobra fraudulenta por cesantías

Setecientos once millones de pesos ($711.000.000) son equivalentes a 190.000 dólares. Eso fue lo que le pagaron a un diputado del Chocó a título de cesantías por apenas dos meses y medio de trabajo. Obviamente, el diputado no tenía derecho a esa elevada suma de dinero. La estafa se cometió en 2007, pero solo se conoció en 2021 cuando la Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador que hizo los pagos ilícitos. Alberto Donadio revela en SEMANA este fraude en primicia. Otros diputados recibieron cesantías similares, en una malversación que llegó a casi 5.000 millones de pesos.

A partir de esta edición, Donadio publicará a lo largo del 2022 informes especiales periódicos sobre la gestión de los gobernadores de los 32 departamentos. Este año se cumplen 30 años desde la primera elección de gobernadores, que antes eran nombrados directamente por el presidente de la república.

El balance empieza recordando investigaciones de envergadura y condenas penales impuestas a gobernadores de los cuatro departamentos de la Costa Pacífica: Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Roger Pastor Mosquera Lozano, secretario de Hacienda del Chocó, fue gobernador encargado del departamento durante siete días en noviembre y diciembre de 2007. El gobernador titular era Julio Ibarguen Mosquera.

En 2021, Mosquera Lozano fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por peculado y prevaricato, pues como gobernador encargado autorizó unos pagos ilícitos en acuerdos o conciliaciones ante un juzgado laboral. La suma indebidamente pagada ascendió a 4.855 millones de pesos, pero, con la indexación, la Corte Suprema consideró que el fugaz exgobernador causó un detrimento patrimonial de 9.000 millones de pesos.

Mosquera Lozano autorizó esos pagos a diputados y exempleados de la Asamblea Departamental, pese a que algunas obligaciones laborales ya habían sido canceladas, otras no se causaron y las restantes no le correspondía pagarlas al Chocó, sino a la Asamblea.

La feria de pagos ilegales benefició al exdiputado José Manuel Cuesta Córdoba*. Su abogado reclamaba cesantías no pagadas por 1.842.450 pesos más una sanción moratoria de 710.025.990 pesos. Es decir, la mora valía 385 veces más que la obligación laboral que se reclamaba. El gobernador encargado, Roger Pastor Mosquera Lozano, autorizó una conciliación a favor del exdiputado por 711.868.440 pesos. Pero se demostró que al exdiputado Cuesta Córdoba esas cesantías inferiores a los 2 millones ya se las había pagado en 2003 la Asamblea del Chocó. Las cesantías correspondían al período en que fue diputado: de abril 15 a junio 30 de 2000. Es decir, por ser diputado durante dos meses y medio, y gracias a la complicidad delictiva del gobernador encargado, recibió en esta maniobra ilícita el equivalente a unos 190.000 dólares al cambio actual.

Según la sentencia, “Roger Pastor Mosquera Lozano deliberadamente no verificó los valores comprendidos en el acuerdo, pues de haberlo hecho habría advertido que respecto de Cuesta Córdoba, la obligación pretendida había sido cancelada por la Asamblea Departamental del Chocó desde diciembre 29 de 2003, casi cuatro años atrás.”

La Corte Suprema de Justicia detectó “obligaciones que no se causaron”, es decir, otros pagos arbitrarios en relación con varios exdiputados más.

En los siete días en que Mosquera Lozano estuvo encargado de la gobernación, al exdiputado Antonio Elimeleth Mosquera Perea*, al que supuestamente se le adeudaban cesantías por 9.294.153 pesos, se le reconoció una sanción moratoria de 595.119.884 pesos, para un total de 604.414.037 pesos.

Al exdiputado José Bernardo Flórez Asprilla*, que reclamaba cesantías por 28.543.650 pesos, se le reconoció una sanción moratoria por 598.817.100 pesos, para un pago total de 627.360.750 pesos.

Al exdiputado Freddy Lloreda Palacios* se le reconocieron 711.400.282 pesos que reclamaba por cesantías, sin sanción moratoria.

Al exdiputado Marcial Blandón Rivas*, que reclamaba cesantías por 1.575.000 pesos, se le reconoció una sanción moratoria de 571.200.000 pesos, para un total de 572.775.000 pesos.

El exdiputado José Américo Mosquera Lozano* reclamaba cesantías por 24.997.318 pesos y le reconocieron por sanción moratoria 683.221.796 pesos, para un total de 708.219.114 pesos.

En el caso del exdiputado Florentino Blandón Palacios, la sentencia no señala la cesantía reclamada, sino la sanción moratoria, para un pago total de 683.221.796 pesos.

Roger Pastor Mosquera Lozano es economista con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales, y con maestría en dirección y creación de empresas. Antes de ser nombrado secretario de Hacienda del Chocó en 2005, fue durante siete años auxiliar de servicios generales del Departamento Nacional de Planeación en Bogotá.

Ante la Corte Suprema de Justicia, Mosquera Lozano declaró que firmó los acuerdos de transacción con fines altruistas para evitar que siguieran creciendo las deudas del departamento.

En 2006, el gobernador Julio Ibargüen Mosquera le dijo a SEMANA: “La situación más aberrante es la de varios exdiputados, que armaron un carrusel en el que entre ellos mismos se reconocieron el pago de una sanción moratoria sobre sus cesantías”.

El desfalco estaba, pues, anunciado. En 2007, Ibargüen encargó de la Gobernación al subalterno que financió ese carrusel.

Roger Pastor Mosquera Lozano nació en Istmina el 22 de abril de 1973. La sentencia está apelada.

* Esta persona no fue condenada por este hecho, sin embargo, es mencionada por el gobernador (e) Roger Pastor Mosquera Lozano en su condena.

William Halaby Córdoba, gobernador del Chocó de 2001 a 2003, fue condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cinco años de prisión. Celebró directamente un contrato para construir un acueducto en Yuto, cabecera municipal del municipio de Atrato, sin previa licitación pública, como lo exigía la cuantía de 893 millones de pesos, y firmando el contrato con una cooperativa que lo era solo de nombre y que no tenía experiencia en obras civiles. El gobernador firmó un convenio interadministrativo con una entidad privada, el cual solo procede con entidades estatales. El representante de la entidad, que solo tenía experiencia en lavado de tanques en Medellín, dijo: “Nos pareció muy raro que nos hubieran aprobado el contrato. Quedamos abismados nosotros cuando recibimos el contrato firmado por el gobernador”. Halaby señaló que, cuando detectó el error, suspendió el contrato.

El abogado Halaby, nacido el 5 de septiembre de 1948 en Quibdó, ha sido juez, notario y vicerrector.

Luis Gilberto Murillo Urrutia, gobernador del Chocó en 1998 y de 2012 a 2013, fue condenado por el Tribunal Superior de Quibdó en 1997 por el delito de peculado por aplicación oficial diferente. En 1994, como director de Codechocó (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó), autorizó el uso de 5 millones de pesos para reparar una escuela, imputando la partida al presupuesto para saneamiento básico en zonas mineras. En ese momento, Murillo no era gobernador. Pese a varios recursos legales presentados por Murillo ante la Corte Suprema de Justicia, la condena por peculado sigue vigente y sirvió para declarar la nulidad de su segunda elección a la Gobernación. El exgobernador sostiene que por un cambio de legislación el hecho por el cual fue condenado dejó de ser delito. Según La Silla Vacía, los únicos que ganan con la condena a Murillo “son los caciques políticos del Chocó, la mitad de los cuales están en la cárcel”.

Murillo, nacido en 1967, fue ministro del Medio Ambiente de 2016 a 2018.

Julio Ibarguen Mosquera, gobernador del Chocó de 2004 a 2007, fue condenado en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por prevaricato y peculado a 80 meses de prisión y al pago de 319 salarios mínimos mensuales.

Ibargüen autorizó avances de más de 348 millones de pesos al secretario de Hacienda departamental para abrir cajas menores que excedían el límite legal, adquirir materiales para escuelas sin existir la urgencia requerida, omitiendo, además, legalizar avances anteriores. Tampoco se definieron los materiales a adquirir.

Indicó la Corte: “El acusado no ofreció alguna explicación sólida de su proceder (...) por el contrario, se tornó evasivo, impreciso y hasta confuso”.

Al examinar las facturas de los insumos comprados para instituciones educativas, se descubrió que una llevaba firma falsa del administrador del almacén que los vendió, o supuestamente los vendió. En otras facturas, la empresa vendedora era inexistente. Veinte sillas giratorias y cuatro aires acondicionados comprados para una escuela agrícola en Belén de Bajirá nunca llegaron a su destinatario.

Julio Ibargüen Mosquera, nacido el 12 de julio de 1945, fue maestro de primaria durante 32 años y presidente del sindicato de docentes del Chocó.

En otro proceso penal, Ibargüen fue condenado en 2015 por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión y un día por concierto para delinquir agravado. En un tercer proceso penal, Ibargüen fue absuelto en 2021 por la Corte Suprema de los delitos de peculado y prevaricato por pagarles a los maestros del Chocó una bonificación de un sueldo mensual por cada año de trabajo en zonas de orden público o mineras o de difícil acceso, bonificación contemplada en la ley. La suma pagada fue superior a los 7.000 millones de pesos. Ibargüen alegó que el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) giró los recursos para pagar deudas correspondientes a derechos laborales vigentes.

La Corte Suprema de Justicia absolvió a Ibargüen, pues la Fiscalía no acreditó con certeza que el exgobernador “hubiere expedido resoluciones manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico con el deleznable propósito de favorecer ilícitamente a sus antiguos colegas de profesión y miembros del sindicato que otrora regentó”. Al no saberse con certeza si los beneficiarios evidentemente tenían derecho a tales prestaciones, “a la Corte no le cabe más alternativa que resolver las dudas” a favor del reo.

Patrocinio Sánchez Montes De Oca, fue elegido gobernador del Chocó de 2008 a 2011. En 2010 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por peculado culposo en el pago de deudas del municipio de Quibdó cuando fue alcalde de 2001 a 2003. Según la sentencia: “Actuó en forma negligente en su desempeño como alcalde municipal de Quibdó, en lo que tiene que ver con los contratos suscritos en julio de 2001, producto de su desdén, su conducta irresponsable, que resultó determinante para que el municipio que representaba fuera condenado a pagar dos veces una misma suma de dinero”. El gobernador, nacido el 25 de noviembre de 1962, fue condenado a 18 meses de prisión y a devolver 337 millones de pesos. Como alcalde no giró al Departamento Administrativo de Salud del Chocó (Dasalud) sumas recibidas del Ministerio de Hacienda para atender el régimen subsidiado de salud. Después hizo el pago, pero, cuando Dasalud demandó al municipio en proceso ejecutivo, el alcalde no se opuso, lo que propició que se cobrara dos veces la misma obligación.

En otro proceso, la Corte Suprema de Justicia encontró creíble el testimonio del jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera (alias el Alemán), que manifestó haber apoyado la candidatura de Patrocinio Sánchez Montes de Oca a la gobernación.

Efrén Palacios Serna* fue gobernador del Chocó del 13 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015. Palacios Serna ordenó a través del Secretario de Salud del Departamento, Guillermo Verhelst Cruz (condenado), tramitar y celebrar contratos para la prestación de servicios de salud con diferentes IPS con el propósito de apropiarse, en provecho suyo y de terceros, de los recursos públicos asignados al sector salud para la vigencia fiscal del año 2013, afirmó en 2016 la Fiscalía. El exgobernador tiene dos procesos penales en la Corte Suprema de Justicia pero no ha sido condenado.

Los ocho contratos por 1.950 millones de pesos fueron firmados con Optisalud Chocó, Consultorio Ginecológico, Pacific Health, Fundación Líderes Afectivos, Centro Odontológico Sonríe, Centro Terapéutico Integral Fisiosalud, Argosalud y Biqsalud. El objeto de los contratos no se cumplió, según la Fiscalía, pues los servicios de salud no fueron prestados a la población pobre y vulnerable no asegurada del Chocó. De acuerdo con la Fiscalía, los contratistas fueron escogidos por Palacios Serna con el fin de que los representantes de las entidades le garantizaran la devolución de los dineros cancelados, que servirían para pagar las deudas adquiridas durante la campaña electoral, por lo que finalmente no prestaron los servicios de salud convenidos, pero falsamente certificaron el cumplimiento del objeto del contrato. Los supuestos beneficiarios de los servicios de salud manifestaron no haber recibido atención médica alguna ni residir en la dirección que muestran los soportes, según la Fiscalía.

* El exgobernador Efrén Palacios Serna tiene dos procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, pero no ha sido condenado por ninguno de los casos.

Wilson Parra Palacios, gerente de uno de los contratistas, Centro Odontológico Sonríe, declaró ante la Fiscalía que, cuando fue capturado, dos asesores del gobernador le ofrecieron sacarlo de la cárcel y hacer nuevos negocios con él a cambio de que se quedara callado. Le consiguieron un abogado para que él aceptara cargos y Palacios Serna no fuera involucrado.

Contra el exgobernador cursa otro proceso penal no fallado aún por siete contratos que firmó con droguerías para suministro de medicamentos de alto costo a la población más pobre del Chocó por 1.743 millones de pesos.

En el Chocó, “La salud se ha convertido en el botín preciado de políticos y contratistas, pues es uno de los pocos rubros a los que le llega dinero del nivel central”, según artículo de SEMANA en 2016.

Juan Carlos Abadía Campo, gobernador del Valle elegido para el periodo 2008-2011, se benefició con actuaciones del cartel de la toga que demoraron el trámite de un expediente penal en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Su abogado fue Gustavo Moreno, cómplice de los magistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos y luego nombrado fiscal anticorrupción en la Fiscalía por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

En 2020, el fiscal ante la Corte Suprema Alfredo Bettín Sierra, a cargo del expediente contra Abadía, aceptó haber demorado durante cuatro años la imputación contra el exgobernador y fue condenado por el delito de prevaricato por omisión, consistente en retardar un acto propio de sus funciones. Para demorar la investigación, Bettín Sierra repitió tres veces el interrogatorio contra Abadía. El exmagistrado Francisco Ricaurte le había pedido a Bettín Sierra archivar el expediente contra Abadía. En total, Bettín Sierra mantuvo inactivo el proceso contra Abadía durante más de seis años. El expediente contra el exgobernador no ha sido fallado. Se acusa a Abadía de firmar como gobernador un contrato por 1.072 millones de pesos para dotación de bibliotecas escolares con libros que solo costaron 182 millones de pesos. Es decir, hubo un sobrecosto de más de 800 millones de pesos.

El abogado de Abadía, Gustavo Moreno, declaró ante la Fiscalía que recibió 400 millones de pesos para entregarle al exmagistrado Francisco Ricaurte, y que luego le exigieron a Abadía 600 millones de pesos más. Abadía le dijo al periodista Juan David Laverde que no pagó para que le archivaran el caso y se declaró inocente en relación con el contrato.

En diciembre de 2021, Gustavo Moreno, el exabogado de Abadía, dijo desde su reclusión a El Espectador: “Magistrados, fiscales, abogados, políticos, gobernadores y congresistas se beneficiaron a través de dineros que pagaron o recibieron para que los procesos en su contra no se movieran. Mi llamado es a que la Fiscalía no deje impune el caso del exgobernador Juan Carlos Abadía. Es absurdo que, después de lograr la condena del fiscal que lo favoreció, el doctor Bettín no responda por los actos de corrupción quien se benefició. Nos corrompimos: corruptos y corruptores en la administración de justicia. Y a pesar de que muchos podamos estar arrepentidos, tenemos que responder por nuestros actos. Es normal que digan que son inocentes, es un acto de defensa desesperado, nadie quiere ir a la cárcel, mucho menos si pagó para evitar esas consecuencias. Es momento de que la Fiscalía no deje piezas inconclusas y rompecabezas incompletos en este esquema de corrupción”.

En marzo de 2022, se anunció que Abadía sería imputado por estos hechos por el delito de cohecho.

Guillermo Alberto González Mosquera*, fue elegido gobernador del Cauca de 2008 al 2011. En su periodo se perdieron 9.413 millones de pesos de un total de 16.000 millones de pesos invertidos en TES (títulos de deuda emitidos por la Nación) con base en un contrato firmado por el gobernador. La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal contra González Mosquera y admitió centenares de pruebas documentales, pero no dictó sentencia absolutoria ni condenatoria antes de la muerte del exfuncionario en 2021, a los 80 años. La Procuraduría lo había destituido e inhabilitado anteriormente, pero luego revocó las sanciones.

Según consta en el proceso penal, a fines de febrero de 2008, a dos meses de su posesión, González Mosquera firmó un contrato de administración de valores con la comisionista de bolsa Serfinco, de Medellín, “para lo cual fue contactado en su despacho por un representante de la sociedad Probolsa S. A., de nombre JOSÉ FERNANDO NARANJO”. Es decir, el contrato con Serfinco, que sí estaba autorizada para administrar valores, se lo llevó al gobernador no un representante de Serfinco, sino un ejecutivo de una firma de Cali, Probolsa, que no estaba autorizada para el efecto. Probolsa era simplemente un cliente de Serfinco.

Probolsa, que se quebró a finales de 2008, se gastó buena parte del dinero del departamento del Cauca en pago de servicios públicos, en préstamos al gerente de Probolsa, Héctor Jairo Bonilla López, y en giros al exterior. Uno por 540.000 dólares se hizo a MF Global, comisionista de derivados en Nueva York, que fue clausurada en 2011 por quiebra fraudulenta.

El exgobernador sostuvo en el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia que la tesorera del departamento, María Elena Ramírez Rengifo, había actuado autónomamente.

Ramírez Rengifo le dijo a SEMANA: “El contrato a mí me llegó ya diligenciado. El día que Darío Daza, secretario privado del gobernador, fue a mi oficina a dejar el contrato yo no estaba, estaba en bancos. El negocio de Probolsa no llegó a la Gobernación a través mío. Ningún documento de Procuraduría o Fiscalía dice lo contrario. No sé cómo resultó el negocio ni por qué llegó. Esos señores de Probolsa andaban ofreciendo el negocio desde la administración anterior, según la resolución de Superfinanciera”. Agregó: “Toda cuenta la abría el gobernador, con huellas del gobernador, sea CDT, cuenta corriente, etc.”.

Según la exfuncionaria: “No fui acusada de quedarme con la plata. Primero me acusaron de peculado en beneficio de terceros y de contrato sin lleno de requisitos legales, pero yo no había firmado el contrato”. Ramírez aceptó peculado culposo en un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía con condena a 48 meses, pero con beneficio de excarcelación. María Elena Ramírez Rengifo agregó: “Terminamos pagando los platos rotos los más tontos”.

Guillermo Alberto González Mosquera fue gerente general de la Caja Agraria, presidente del Banco del Estado, concejal y alcalde de Popayán, rector de la Universidad del Cauca, representante a la Cámara, senador, ministro de Trabajo y de Defensa y embajador en Venezuela.

* Guillermo Alberto González Mosquera falleció en 2021 a los 80 años y no fue condenado, sin embargo, sí era investigado por este caso.

Héctor Jairo Bonilla López, el gerente de Probolsa, fue condenado en 2021 a 12 años de prisión junto con un exalcalde de Arauca por otra estafa con TES por la misma cuantía de la ocurrida en el Cauca, 16.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, Bonilla López destinó para actividades personales 9.147 millones de pesos del municipio de Arauca: pago de obligaciones bancarias en el exterior, compra de dólares, transferencias a sociedades internacionales, pago de nóminas, servicios públicos, préstamos personales y tiquetes aéreos.

Jesús Ranulfo Rosero Ruano, gobernador de Nariño 1998-2000, fue condenado a cinco años de prisión por la compra de tres hornos incineradores de desechos para los hospitales de Pasto, Tumaco y Barbacoas, que fueron adquiridos al doble del precio en planta. La compra se registró en 1996 cuando Rosero Ruano era director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, es decir, antes de ser elegido gobernador. La condena de la justicia penal se profirió más de diez años después de cesar en sus funciones como gobernador. El sobrecosto ascendió a 80 millones de pesos. El acusado, médico de profesión, fue condenado a prisión domiciliaria por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos.

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