Los últimos años han traído incertidumbre para las empresas a nivel global, y Colombia no ha sido la excepción. La inflación, la volatilidad económica y los cambios regulatorios han desafiado la capacidad de adaptación de las organizaciones. Sin embargo, muchas asumieron un compromiso como agentes de cambio social y ambiental, más allá de generar empleo y riqueza.

“En un mundo hiperconectado y con una ciudadanía más informada, se exige que todos los actores de la sociedad integren las dimensiones económica, social y ambiental en sus acciones. Las empresas, como agentes de cambio, no pueden ignorar esta necesidad, ya que, de hacerlo, perderán competitividad tanto a nivel nacional como global”, señaló Mauricio López, director de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas, que incluye más de 600 empresas y organizaciones.

Un reto clave es mejorar la productividad para utilizar eficientemente los recursos y fomentar un entorno inclusivo que genere oportunidades para todos, cuidando el clima y los ecosistemas. “Esto debe desarrollarse en un ambiente de respeto por los derechos humanos y transparencia en las relaciones entre los distintos actores de la sociedad”, añadió López.

La Agenda 2030 y sus 176 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco ideal para reducir la pobreza y promover el uso responsable de recursos, fomentando la prosperidad y disminuyendo desigualdades en un entorno de paz y justicia. “La implementación de los postulados del Pacto Global y de los ODS requiere una alianza permanente entre todos los actores involucrados”, afirmó López.

Por cada billón de pesos en ingresos, más de 60.000 personas se benefician de proyectos ambientales y sociales, además de la creación de empleo y el pago de impuestos. “Las empresas que participan en este pacto han incorporado este compromiso en su ADN, consolidando la sostenibilidad en sus operaciones para alcanzar las metas de la Agenda 2030″, añadió. Este proceso exige paciencia, conocimiento, trabajo en equipo y comunicación inspiradora.

Hoy, las empresas han evolucionado para pasar de ofrecer solo productos o servicios, a asumir un rol más amplio en la solución de problemas sociales y la promoción de la equidad, aseguró Maria Claudia Lacouture, exministra de Comercio y presidenta de AmCham Colombia. Esta transformación busca contribuir al desarrollo del país, fortalecer la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

“En mi experiencia al frente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fui testigo de la transformación del papel del sector privado en el desarrollo económico de Colombia. El sector privado es un motor esencial de la creación de empleo formal, generando aproximadamente el 84 por ciento de estos puestos, lo que es crucial para asegurar ingresos sostenibles”, añadió la exministra.

Por su parte, Jaime Arteaga, director de JA&A y líder del Observatorio y Ranking de Inversión Privada, sostuvo que las empresas deben considerarse organizaciones de desarrollo. “Los bancos invierten en educación financiera para grupos vulnerables, las telecomunicaciones amplían la conectividad en regiones marginadas y las empresas de consumo masivo desarrollan productos para la base de la pirámide”, precisó. El sector minero-energético también debe atender preocupaciones sociales para operar eficazmente.

Para Arteaga, la inversión privada tiene que abordar iniciativas sociales y ambientales, resolviendo la tensión entre la agenda internacional y las urgencias nacionales. “Esta inversión debe resolver la tensión entre las prioridades de la agenda internacional, como la mitigación del cambio climático, y las urgencias del contexto nacional, que incluyen la superación de la pobreza”, añadió. Alinear la inversión con estas prioridades beneficiará a todos los colombianos.

En nuestro país, las empresas están intensificando su papel como agentes de cambio, adaptando sus modelos de negocio para minimizar impactos ambientales, advirtió Mónica Villegas, directora de Visión 3030 Andi. La participación del sector privado en iniciativas como esta, asociada a la gestión de residuos es un ejemplo de ello. “Estas iniciativas muestran cómo la colaboración entre diversos actores es clave para un desarrollo económico más responsable”, agregó Villegas.

La creciente conciencia sobre sostenibilidad ha llevado a ciudadanos, empresas y gobiernos a actuar de manera más responsable ante las implicaciones ambientales de sus actividades. La contaminación, la acumulación de plásticos y el cambio climático han impulsado una agenda global más estricta, que incluye la economía circular y la responsabilidad extendida del productor (REP), añadió Villegas.

Las empresas serán clave en la transformación de Colombia hacia un futuro más inclusivo, sostenible y próspero. A través de la innovación y el compromiso social, el sector empresarial puede impulsar el desarrollo del país. Villegas prevé impactos como el impulso a la innovación y el crecimiento económico mediante la inversión en tecnología, la promoción de la sostenibilidad por medio de empresas verdes, el fomento del emprendimiento y el desarrollo regional, así como alianzas público-privadas para infraestructura sostenible y capacitación en habilidades digitales y STEM.

A pesar de la percepción de ruptura entre el sector empresarial y el Gobierno, la relación entre lo público y lo privado se fortalece, sostuvo Arteaga. “Las empresas reconocen cada vez más su dimensión pública, entrelazando sus actividades con las dinámicas sociales y alineando sus estrategias de negocio con el contexto de los mercados que sirven”.

La inversión privada, por su parte, seguirá siendo clave para la innovación social y ambiental. “De este modo, las empresas cumplirán un papel crucial en la construcción de un país más equitativo, sostenible e innovador, aportando soluciones que respondan a las necesidades sociales y a los desafíos globales”, detalló Arteaga.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, afirmó que el sector empresarial es esencial para el crecimiento de Colombia. No obstante, cree que en este Gobierno se han implementado políticas que han deteriorado el papel del sector privado. “La desconfianza y la incertidumbre se evidencian en mensajes descalificadores que sugieren que las utilidades del sector son responsables de la inflación durante la pandemia”.

Lacouture advirtió que las empresas deben mantener su viabilidad ante políticas que aumentan el papel del Estado. “El informe de The Economist de 2024 resalta que Colombia obtuvo una calificación baja en efectividad de políticas públicas, evidenciando la necesidad de acciones coherentes para asegurar estabilidad jurídica y competitividad. Es indispensable que el Gobierno asuma un papel más activo proporcionando herramientas que fomenten un ambiente de confianza y certidumbre, protegiendo el derecho a la propiedad y garantizando un entorno comercial abierto”, dijo Lacouture. La inversión en infraestructura social y tecnológica será clave para el crecimiento empresarial.

“Un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado es fundamental para evitar acciones que impacten negativamente el crecimiento económico”, afirmó Lacouture. Abordar retos como la transición energética y la globalización requiere priorizar el desarrollo social y una reactivación económica agresiva. “Solo a través de una sólida alianza entre el Gobierno y el empresariado se podrán enfrentar estos retos y asegurar un futuro de crecimiento económico para Colombia”, agregó.

También consideró crucial consolidar una acción conjunta entre empresas, medios, academia y el Gobierno para transformar las demandas ciudadanas en acciones concretas. “La responsabilidad social de las empresas y del Estado ha sido debatida sin una definición clara, pero la acción mancomunada entre ambos sectores es esencial para el desarrollo”. Encontrar un equilibrio entre los aportes de los sectores privado y público es vital, ya que el empresariado ha asumido la responsabilidad social en la construcción de un país más equitativo.

A pesar de los desafíos en la creación de políticas públicas, Lacouture cree que las empresas siguen apostando por Colombia. “La iniciativa individual no produce resultados significativos; es la suma de múltiples iniciativas consensuadas lo que puede generar un impacto relevante”, añadió.

Un ejemplo de esta colaboración es el ‘Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento’, donde más de 400 empresas y autoridades locales han unido esfuerzos para generar sinergias y compartir buenas prácticas, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentando un ecosistema colaborativo para construir una Colombia más equitativa, sostenible e innovadora.

Las mipyme son esenciales para la economía colombiana, con más de 5 millones de unidades productivas según el Dane y alrededor de 1.600.000 empresas registradas, según Confecámaras. “Para fortalecer nuestro tejido empresarial, es crucial implementar planes de reactivación económica”, afirmó Rodolfo Correa, presidente de Acopi. “Estos factores son esenciales para mejorar la competitividad y permitir que las mipymes contribuyan a una Colombia más equitativa, sostenible e innovadora”, concluyó.

Varias empresas se destacan por sus esfuerzos en el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia, demostrando su compromiso con un país más justo y sostenible.

El Grupo ISA ha sido clave en la conexión de fuentes renovables a los sistemas energéticos de América Latina, convirtiéndose en una de las empresas con mayor financiamiento verde, con cerca de 3 billones de dólares en bonos verdes para infraestructura renovable. “Además, promovemos proyectos de conectividad rural para llevar energía renovable a comunidades alejadas mediante microrredes y paneles solares”, contó María Adelaida Correa, directora de Sostenibilidad.

Uno de los programas destacados de ISA es Conexión Jaguar, que busca un legado positivo en conservación y biodiversidad. “Este programa tiene cuatro objetivos principales: mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad, trabajar con comunidades locales en educación ambiental y generar transformaciones culturales sobre el cuidado del medioambiente”, añadió Correa.

El Grupo Promigas ha invertido 59.412 millones de pesos en desarrollo social desde 2021, movilizando 35.522 millones (el 60 por ciento) a través de alianzas estratégicas. “Estas inversiones se organizan en educación para el empleo juvenil y emprendimiento, y proyectos productivos sostenibles que fortalecen emprendimientos integrales”, afirmó María Paula Camacho, VP de Asuntos Corporativos.

El programa ‘Más Empleo Juvenil’ de la Fundación Promigas mejora la empleabilidad de jóvenes vulnerables. “Desde su inicio, ha beneficiado a más de 7.700 jóvenes, de los cuales el 45 por ciento ha accedido a empleos con ingresos dignos”, añadió Camacho. Este programa ha sido reconocido por su impacto en inversión social.

Movistar no cuantifica públicamente la inversión en sus iniciativas, pues dice que forman parte de su compromiso social con el país. “Nuestra prioridad ha sido siempre generar un cambio tangible en las vidas de las personas a través de la tecnología”, precisó Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. Hasta 2023, sus programas gratuitos habían beneficiado a más de 9 millones de personas.

ProFuturo, una iniciativa conjunta con la Fundación ‘la Caixa’, ofrece modelos para el desarrollo TIC. “Conecta Empleo capacita a jóvenes y emprendedores en habilidades digitales demandadas por el mercado laboral”, precisó Hernández, mejorando la competitividad local.

Cementos Argos ha invertido más de 120.000 millones de pesos en iniciativas sociales en cinco años. “Trabajamos como aliados de las comunidades, integrando esfuerzos en los proyectos y desafíos priorizados”, puntualizó María Isabel Cárdenas, gerente de Sostenibilidad.

El programa de Hogares Saludables busca mejorar las condiciones de vivienda. “Este programa reemplaza pisos de tierra por pisos de concreto, mejorando la salud y la capacidad cognitiva de los niños”, explicó Cárdenas. Además, en colaboración con aliados como el Sena, se ofrece capacitación en construcción a integrantes de las familias y jóvenes de los territorios.

Finalmente, Juan Valdez ha invertido más de 10 billones de pesos en programas sociales, destinando el 52,46 por ciento a la compra de café de beneficiarios de la plataforma de valor compartido. “A través del programa ‘Amigos del Alma’, se ha promovido la inclusión laboral de más de 80 personas con discapacidad intelectual”, advirtió María Camila López, directora de Sostenibilidad.

El programa ‘Mujeres Cafeteras’ busca visibilizar a 161.000 mujeres productoras en la caficultura. “Hasta la fecha, más de 1.000 caficultoras en 11 departamentos han sido impactadas positivamente, recibiendo un pago diferencial por más de 350.000 kilogramos de café pergamino seco, lo que ha permitido que sus productos lleguen a más de 17 países y fortalezcan la cadena de valor del café colombiano”, añadió López.

Todas estas empresas demuestran que un modelo de negocio rentable puede contribuir al desarrollo sostenible. El compromiso empresarial con la responsabilidad social y ambiental es crucial para enfrentar los retos actuales y garantizar un futuro más equitativo en Colombia.