Servicios públicos en Colombia: retos y avances hacia la sostenibilidad

Colombia, como muchas naciones latinoamericanas, se enfrenta a desafíos significativos en la prestación de los servicios públicos esenciales. Desde energía eléctrica hasta servicios de telecomunicaciones, el acceso equitativo a estas necesidades básicas sigue siendo una tarea pendiente en diversas regiones del país.

Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, las coberturas de servicios públicos domiciliarios son casi universales en las zonas urbanas. “Desde 1994 se ha desarrollado y mejorado significativamente la infraestructura energética, de gas, acueducto, alcantarillado, vehículos especializados y rellenos sanitarios en Colombia. Estos esfuerzos han posicionado al país como un referente regional en la prestación de servicios públicos domiciliarios. En el ámbito de agua potable y saneamiento, la inversión privada, según datos del Banco Mundial, alcanzó los 940 millones de dólares entre 1995 y 2006, ajustados a los precios de 2022″, precisó Sánchez.

Sin embargo, los mayores desafíos apuntan a cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, lo cual no solo se limita a una solución tecnológica o a inversiones en infraestructura. “Se requiere un esquema de financiamiento con apoyo del Estado que permita la sostenibilidad del servicio, pues los mayores rezagos se encuentran en aquellas regiones del país que han sido afectadas por el conflicto y cuya población tiene una menor capacidad de pago”, advirtió Sánchez.

Las disparidades también están focalizadas en departamentos con un elevado Índice de Pobreza Multidimensional. Por ello, el Estado debe intervenir de manera adicional. “Actualmente, el servicio se financia principalmente a través de las tarifas abonadas por los usuarios. Sin embargo, sería esencial complementar esta fuente de financiamiento con una intervención estatal más robusta y un acompañamiento significativo a los municipios”, propuso Sánchez.

El Gobierno ha implementado un plan de apoyo a la gestión comunitaria del agua en los servicios de agua potable y saneamiento básico. Según el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, el objetivo es garantizar el acceso equitativo, especialmente de quienes en la actualidad enfrentan condiciones de desigualdad e inequidad en términos de calidad y cobertura. Quiroga destacó que la cobertura de acueducto en el país alcanza el 72 por ciento: en las áreas urbanas es del 85 por ciento y en las rurales del 39 por ciento. La de alcantarillado es del 65 por ciento, con un 82 por ciento en zonas urbanas y un 18 por ciento en las rurales. También advirtió que el riesgo asociado al agua potable afecta al 44 por ciento de los municipios urbanos y al 86 por ciento de los municipios rurales en Colombia, mientras que el 34 por ciento carece de sistemas de potabilización. Además, solo el 18 por ciento de las áreas rurales tiene alcantarillado, y un porcentaje similar de zonas urbanas carece de este servicio.

La Guajira, por ejemplo, enfrenta graves problemas de acceso a servicios básicos y escasez de agua. Así mismo, el departamento registra la menor cobertura eléctrica en sus centros urbanos, apenas con un 37,5 por ciento. El gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, señaló el potencial sin explotar de la región para la generación de energías limpias y acordó con el Gobierno priorizar proyectos para abordar esta problemática.

En cuanto al servicio de gas natural, la Región Caribe también enfrenta desafíos. Sucre es el departamento con la menor cobertura: 6,31 por ciento. No obstante, desde Gases del Caribe, la empresa que atiende a Atlántico, Cesar y Magdalena, destacaron que estos tres departamentos tienen una cobertura de redes superior al 95 por ciento, y que su principal reto es asegurar la disponibilidad continua del servicio.

Según Ramón Dávila, gerente general de la empresa, “esto requiere un aumento en la exploración y producción para crecer las reservas probadas, dada la importancia de este recurso en la transición energética del país”. Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, advirtió que otro problema son las tarifas de energía, pues las pérdidas de las empresas se trasladan a los usuarios a través de las facturas.

En su opinión, es necesario continuar presionando para que se revoque la regulación 015 de 2015, cuya implementación eleva en más del 20 por ciento el costo de la factura en la Región Caribe. “Vamos a seguir perseverando para que esas tarifas sean justas. Queremos que esas pérdidas técnicas y no técnicas no sean cargadas a los usuarios”, dijo.

Santiago Posso Marmolejo, gerente general de Air-e, está de acuerdo en hacer una revisión de todos los componentes de la cadena para buscar ineficiencias. “La generación, que es el insumo más importante de toda la cadena, debe ser regulada para que tenga precios justos. En enero la generación y transmisión pesaron el 64 por ciento del costo unitario de la tarifa. Si no se regula sobre estos dos factores de la cadena, nunca van a bajar las tarifas”, enfatizó.

Amazonas y Guaviare son otros departamentos que enfrentan desafíos considerables, especialmente en términos de acceso a energía eléctrica y conectividad digital debido a su ubicación geográfica. La prestación de servicios públicos en el extenso y no interconectado territorio del Amazonas plantea retos técnicos, financieros y ambientales considerables.

“Es crucial adoptar un enfoque diferencial que tome en cuenta las particularidades del territorio para garantizar la cobertura, calidad y acceso a tarifas justas en municipios como Leticia, Puerto Nariño y las Áreas No Municipalizadas. Esto requiere una reingeniería en el modelo de prestación de servicios, priorizando soluciones innovadoras para las Zonas No Interconectadas y de manejo especial, donde la cobertura de servicios públicos aún está por debajo del 30 por ciento, especialmente en internet y gas”, advirtió Óscar Sánchez, gobernador del Amazonas.

La administración departamental del Amazonas ha priorizado proyectos en su plan de desarrollo para cerrar brechas en servicios públicos, focalizándose en agua potable, saneamiento básico, conectividad y soluciones energéticas alternativas. “Estos esfuerzos se respaldan con recursos del Sistema General de Regalías y colaboración con el Gobierno nacional, buscando financiación para soluciones sostenibles que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de vida de los habitantes del Amazonas”, agregó Sánchez.

Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, precisó que “en el Amazonas la tarifa de energía eléctrica es más alta que la de la costa Caribe, a pesar de utilizar plantas térmicas obsoletas y costosas”. Así mismo, enfatizó en que más del 65 por ciento de los municipios colombianos tienen una cobertura de servicios públicos por debajo del 75 por ciento, lo que refleja una realidad desafiante para millones de ciudadanos.

En cuanto al debate tarifario, denunció una serie de medidas que han impactado negativamente a los usuarios, incluyendo recortes en los subsidios y aumentos constantes en las tarifas. Se refirió a políticas que han disminuido el consumo básico subsidiado y han cargado a los usuarios costos adicionales, lo que ha generado un incremento significativo en las tarifas.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, reconoció que las principales quejas de la comunidad se relacionan con alta facturación, cobros por promedios, suspensión del servicio, cambio de los medidores, violación al debido proceso, mala atención de las empresas, entre otros. El servicio de energía es el que más reclamos presenta, seguido de acueducto y aseo.

“Hemos identificado problemas de carácter estructural en la calidad y eficiencia de los servicios públicos prestados en capitales y pequeños municipios, así como reclamaciones comunes que requieren una solución integral. Por eso estamos convocando a los directivos de los conglomerados empresariales del sector de servicios públicos para presentar la situación de sus operaciones locales, escuchar sus argumentos y establecer en conjunto decisiones de alto nivel para mejorar las condiciones de prestación de los servicios”, recalcó Quiroga.

En cuanto al proyecto de reforma de la ley de servicios públicos que será presentado al Congreso, el superintendente expresó que el propósito es aumentar la participación de los usuarios en la formulación de la regulación de los servicios, especialmente en la definición de las tarifas. Se busca ofrecer condiciones más favorables a los usuarios con menores ingresos, incorporar elementos de solidaridad y redistribución en las tarifas para no limitarse únicamente a los costos de las empresas, y eliminar el contrato de condiciones uniformes, entre otros aspectos.

Para avanzar hacia una matriz energética más diversificada y descentralizada, según Quiroga, es crucial adaptar el marco legal para promover la generación distribuida y facilitar la participación de las comunidades en la producción y comercialización de energía. “La reforma a la ley de servicios públicos busca establecer las bases jurídicas necesarias para acelerar este proceso, democratizando los servicios públicos y promoviendo el desarrollo equitativo en todas las regiones del país, al tiempo que contribuye a los objetivos globales de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático”, concluyó.

Aunque la conectividad digital ha mejorado, la brecha persiste, especialmente en zonas remotas. Por ello MinTIC ha implementado subastas de espectro que incluyen “obligaciones de hacer” como forma de pago, con el objetivo de llevar conectividad a áreas desatendidas. Además, lanzó un plan ambicioso con la meta de alcanzar un 85 por ciento de conectividad en todo el país.

Según el más reciente informe trimestral de MinTIC, la penetración de accesos fijos asciende a 8,94 millones, mientras que los accesos móviles alcanzan los 43,3 millones. Cada uno de estos accesos, en promedio, brinda servicio a un hogar con 4,1 personas, generando una cobertura total de 39.34 millones de personas. En comparación regional, ocupamos la cuarta posición, siendo superados únicamente por Brasil, México y Argentina.