Foro Colombia 2022 Ejes temáticos

Se acercan las elecciones legislativas y presidenciales y aún no es claro qué tan activa será la participación de los ciudadanos en las urnas. En 2018 la abstención fue del 51,1 y del 46,6 por ciento respectivamente y aunque las cifras de contagio por el covid-19 están bajo control gracias a la vacunación, es incierto lo que sucederá el otro año, especialmente con nuevas variantes como ómicron.

Si bien se han publicado varios sondeos y encuestas, sin los resultados de las votaciones de las coaliciones todavía es muy pronto para determinar quién será el contendor de Gustavo Petro, que todo indica tiene asegurado su paso a la segunda vuelta. Tampoco es claro qué tanta representatividad lograrán en el Congreso los movimientos que resucitaron como el Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno, ni que sucederá con las listas impulsadas por las coaliciones y los partidos tradicionales que no contarán con la presencia de grandes electores como Álvaro Uribe, en el caso del Centro Democrático, y Roy Barreras, en el del Partido de la U.

Si bien este ha sido un año en el que se ha sentido con especial fuerza los reclamos de la juventud que se ha volcado a las calles, es incierto qué tanto pesará su participación en los resultados finales al igual que la de los sectores más vulnerables. Las marchas y protestas han dejado ver que el país pide un cambio, pero no es claro si finalmente gire a la izquierda como lo han venido haciendo otros países de la región.

Uno de los grandes logros en los últimos tiempos ha sido el fortalecimiento de la clase media colombiana. Sin embargo, con la llegada de la pandemia el panorama cambió. Mientras en 2019 la pobreza en el país estaba en el 35,7 por ciento, para 2020 este indicador subió al 42,5 por ciento según el Dane. La crisis económica que generó el confinamiento también se vio reflejada en el aumento del desempleo y la informalidad. Hace un año las proyecciones apuntaban a que el país solamente iba a crecer un 4,7 por ciento durante el 2021.

Sin embargo, el comportamiento de este año -después de un 2020 con una contracción en la economía de casi el 7 por ciento- puede ser histórico y registrar un crecimiento de más del doble de lo que se estimaba e, incluso, superar el 10 por ciento. Para el 2022, el panorama sigue siendo optimista. Aunque los expertos son enfáticos en que ese crecimiento se puede empezar a ralentizar, debido a que la base de comparación será muy pareja con los años anteriores, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el país logrará un crecimiento del 5,5 por ciento, lo que significa que Colombia se ubicará entre las mejores economías de América Latina. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento sea de un 3,8 por ciento, mientras que lo previsto por el Banco Mundial es del 4,2 por ciento, una estimación muy cercana a la que tiene el Banco de la República que es del 4,7 por ciento. Los retos son grandes, pero el país sigue avanzando por la senda de la recuperación.

La pandemia del coronavirus ha sido el más grande desafío de salud pública que ha vivido el país, y el mundo, en su historia reciente. Desde que llegó el virus a Colombia han fallecido más de 130.000 personas. Sin embargo, el plan de vacunación implementado por el Gobierno nacional ha permitido frenar el avance en los contagios y muertes. El país cierra el 2021 con más de la mitad de la población con el esquema de vacunación completo, y con más del 70 por ciento con al menos una dosis. En el corto, mediano y largo, plazo la nación deberá enfrentar varios retos para los cuales hay que estar preparados. Las nuevas variantes, por ejemplo, siguen generando un ambiente de incertidumbre y exigen una mayor aceleración en la aplicación de estos biológicos. Continuar con las medidas de bioseguridad y continuar los esfuerzos para producir vacunas en el territorio nacional son aspectos claves para sortear las posibles crisis que podrían derivarse de las nuevas variantes, según lo ha advertido en varias oportunidades por la Organización Mundial de la Salud.

En la última década Colombia ha adoptado políticas públicas, regulatorias e incentivos fiscales que buscan facilitar la transición energética y dar comienzo a una nueva era en la que las energías renovables serán fundamentales para avanzar en la lucha contra el cambio climático y acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo y la apuesta por la transición es irreversible.

Actualmente la nación exporta el 50 por ciento del petróleo que extrae y produce su propio gas. El sector de hidrocarburos le genera importantes recursos al país y es una gran fuente de empleo. Por eso el proceso de transición debe ser gradual. Los expertos coinciden en el potencial de recursos renovables no convencionales. Adicionalmente Colombia ya trazó la ruta en la producción de hidrógeno verde y azul, claves para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero y avanzar en el proceso de descarbonización.

Se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc. El cumplimento de los seis puntos de este acuerdo sigue generando ampolla en un grueso de la población debido a que existen voces a favor y en contra de lo pactado. A pesar de los avances y la desmovilización de un importante número de excombatientes, la violencia sigue siendo un factor que preocupa a las autoridades. Cerca de 300 exintegrantes de esa guerrilla han muerto después de la firma del acuerdo. A su vez, la reforma rural integral, las garantías de seguridad para los exguerrilleros y defensores sociales, la reparación a las víctimas y la erradicación de los cultivos de coca siguen siendo puntos en deuda.

El país atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Las elevadas cifras de homicidios y hurtos; el auge de economías ilegales; la trata de personas y la minería ilegal complejizan el panorama. A pesar de que el presupuesto para la defensa es de los más altos junto al de la educación, urge una mayor eficiencia y reasignación de prioridades en el gasto público de seguridad que permita tener políticas y estrategias bien estructuradas para combatir la criminalidad. El gran desafío es la articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos locales, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para garantizar que la tranquilidad regrese a las calles de las principales ciudades del país y se sienta en los territorios más apartados.