APERTURA ECONOMICA
LA APERTURA ES UN HECHO
Desde hacía mucho tiempo la economía colombiana no experimentaba cambios tan drásticos como los de los últimos dos años. El plan de internacionalización de la economía, mejor conocido con el nombre de Apertura Económica e iniciado bajo la administración Barco en 1989, parece haber arrancado definitivamente.
Y las más recientes reformas aprobadas por el Congreso al respecto indican que el proceso continuará su curso normal.
La iniciativa de abrir las puertas al comercio internacional y -en general de liberar la economía, nació como una respuesta a la necesidad de aumentar el índice de crecimiento anual, que en los últimos años se ha mantenido en un promedio del tres por ciento. A pesar de que el antiguo modelo cepaliano para América Latina, caracterizado por su fuerte proteccionismo arancelario e intervención estatal, había generado un crecimiento económico estable, se hacía inminente -a los ojos de los expertos un replanteamiento de las políticas económicas, que permitiera la reactivación del aparato productivo.
Por un lado, la falta de competencia con el mercado internacional, fruto del proteccionismo económico, había estancado el dinamismo del comercio nacional. Y por el otro, era indispensable conectar la economía doméstica al ritmo evolutivo del comercio internacional. En consecuencia, el gobierno Barco decidió abrirle las puertas a las importaciones y al capital foráneo, con el ánimo de introducir a la economía colombiana dentro de un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo que además busca impulsar y diversificar las exportaciones, así como cumplir con una reconversión industrial adecuada, si se pretende que las empresas colombianas alcancen un nivel ideal de competitividad frente a la producción extranjera.
ABRETE SESAMO
Poco a poco, la apertura económica se hizo realidad. Se comenzó por la reducción gradual de las tasas arancelarias y el desmonte progresivo de los regímenes de licencia previa y de prohibida importación. Al mismo tiempo, se decidió reducir paulatinamente el impuesto a las importaciones CIF, adoptar el sistema antidumping para proteger a la industria local contra las posibles irregularidades de los importadores; y manejar una tasa de cambio real acorde con las condiciones del mercado como parte esencial del plan de modernización de la economía colombiana.
De igual forma se adoptaron medidas para la reestructuración aduanera. Se le dio paso a una mayor agilidad en los trámites de exportaciones. Se autorizó el desmonte gradual de las inversiones forzosas que las instituciones financieras debían hacer en títulos emitidos por el Banco de la República. Y el Banco Mundial aprobó la financiación del proceso de modernización de los sectores hierro, acero, cuero calzado, textil, automotor alimentos -los más representativos del aparato productivo nacional por un valor de 4.600 millones de dólares.
Las determinaciones anteriores hacían parte del primer período del programa de apertura, que culminó satisfactoriamente en diciembre del año anterior. Desde ahora durante los próximos cuatro años el país se vera enfrentado a la segunda definitiva parte del plan de reestructuración económica, en el término de los cuales se sabrá a ciencia cierta si el programa valió la pena.
MAS REFORMAS
La última fase del proceso se ha iniciado con una serie de reformas, aprobadas recientemente por el Congreso de la República, consideradas por los expertos como las más importantes de los últimos años en materia económica. En primera instancia se aprobó un nuevo sistema tributario, mediante el cual se pretende recuperar el costo de la apertura como consecuencia de la reducción arancelaria a las importaciones a través del aumento en dos puntos del impuesto al valor agregado (IVA), el cual subió del 10 al 12 por ciento. Al mismo tiempo se les concedió una nueva amnistía tributaria a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no ban declarado bienes y dineros que tienen en el extranjero.
Con el fin de incentivar la repatriación de capitales nacionales en el exterior y brindarle mayor transparencia a los negocios, el Congreso también aprobcs la reforma al estatuto cambiario. Se autorizó el manejo libre de divisas y por consiguiente se le dio término al mercado negro de dólares. Antes de la reforma, la única entidad que podía negociar en moneda extranjera, era el banco Emisor. Ahora, cualquier banco podrá hacerlo. De esta manera se le concede perdón a miles de infractores del antiguo estatuto cambiario y se permite el manejo de cuentas en el exterior.
En cuanto al sistema financiero, las reformas no se hicieron esperar. A partir de enero de 1991, los bancos tiene mayor libertad para manejar los dineros del público, autorización para abrir nuevas sucursales y constituir filiales para actuar en el mercado de leasing o de fiducia. Junto con la anterior determinación, también se le dio vía libre a la inversión extranjera en las instituciones financieras nacionales. La participación foránea puede llegar a ser hasta de un 100 por ciento.
Y como si fuera poco, se aprobó la reforma laboral, con el fin de que las empresas sepan en realidad cuánto les costará la mano de obra para afrontar sin dificultades la apertura. De ahora en adelante las cesantías serán manejadas por fondos privados y se liquidarán anualmente. Y además se suspendió la retroactividad de las mismas para los nuevos trabajadores. La empresa está en total libertad de despedir a los empleados que considere ineficientes y la inamovilidad que se le concedía a un trabajador pasados los diez años de antiguedad en la compañía, fue abolida.
A las anteriores reformas se suman la Ley de Apertura, que obliga al ejecutivo a dictar los parámetros específicos que permitan la mayor libertad posible al comercio exterior; la creación del ministerio número 14, dedicado al manejo de importaciones y exportaciones, del Banco de Comercio Exterior en reemplazo de Proexpo, y del Fondo de Modernización de la Economía.
Así las cosas, los vientos de apertura son más que fuertes. Y el equipo económico del presidente César Gaviria está dispuesto a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Sólo falta que el Estado también participe de manera activa en la modernización de la infraestructura portuaria y vial, indispensable en aras de que la apertura no se estanque por falta de medios.