Una lección dolorosa

No existe una vacuna para evitar las crisis financieras. Los períodos de auge y desaceleración son inherentes al funcionamiento de las economías de mercado. Por tal razón, debemos estar dispuestos a asumir los costos de los ‘malos tiempos’ y a adoptar las medidas necesarias para minimizar sus efectos.

La crisis financiera colombiana de los años 90 (1998-2001) fue la más profunda y costosa de todas las que tuvieron lugar durante el siglo pasado. Para entender su impacto basta recordar algunas cifras que ilustran el difícil momento que enfrentó nuestro país:
En primer lugar, entre 1998 y 2001, la entonces Superintendencia Bancaria intervino 24 establecimientos de crédito con fines de liquidación (de un total de 104 que funcionaban en 1998), cifra que, contrastada con las 20 instituciones que esa entidad intervino durante los 30 años anteriores a la crisis (1967-1997), evidencia el rápido deterioro que experimentó el sistema financiero.

En segundo lugar, la desconfianza generalizada en las instituciones financieras, junto con las expectativas desfavorables acerca del desempeño de la economía colombiana. En tercer lugar, la crisis tuvo un impacto significativo desde el punto de vista fiscal. El gobierno nacional se vio obligado a destinar cerca de 26,4 billones de pesos para su resolución (monto equivalente en precios constantes al 15,4 por ciento del PIB de 1999), recursos que en circunstancias normales se habrían dirigido a otro tipo de inversiones públicas. Con el fin de obtener parte de la financiación requerida y contar con las facultades necesarias para la instrumentación del programa de salvamento, en noviembre de 1998 el gobierno de entonces declaró la Emergencia Económica, la cual adoptó, entre otras medidas, el impuesto a las transacciones financieras.

Por último, y como era de esperar, los efectos negativos de la crisis del sistema financiero se propagaron con rapidez al sector real de la economía. En efecto, la turbulencia financiera, junto con los problemas de seguridad y de inestabilidad política que enfrentaba el país, provocó la más profunda recesión económica de la historia reciente (el PIB se contrajo un 4,2 por ciento en el año 1999, mientras la tasa de desempleo superaba niveles del 20 por ciento).

No obstante la magnitud y la profundidad de la crisis, las medidas implementadas tuvieron resultados positivos. Por una parte, se logró recuperar la estabilidad del sistema financiero y proteger el buen funcionamiento del sistema de pagos de la economía, lo que evitó el pánico entre los depositantes y obligó a los accionistas de las entidades privadas a asumir parte del costo del salvamento. Por otra parte, una importante porción de los recursos estatales invertidos en la resolución de la crisis se ha recuperado. A diciembre de 2008, el gobierno había recaudado cerca de 22 billones, un monto equivalente al 11,3 por ciento del PIB de 1999.

Resulta también positivo constatar que la relativa solidez de Colombia frente a la actual crisis financiera internacional proviene, en buena parte, del aprovechamiento de lo que las autoridades, los banqueros y el público en general aprendimos en un episodio que fue muy controvertido, penoso y costoso. En efecto, fue a partir de las lecciones que dejó la crisis de los años 90 que Colombia emprendió un proceso de ajuste en los niveles macro y microeconómico, que hace al país hoy menos vulnerable que en décadas anteriores.

Una primera lección se relaciona con la importancia de mantener una posición macroeconómica sólida (en los frentes fiscal, monetario y externo) a la hora de afrontar un choque adverso. Respecto de esto, cabe resaltar que Colombia ha conseguido importantes avances en la última década, los cuales se reflejan en la mayor solidez de los “fundamentales” de su economía, en el menor endeudamiento externo, en la adopción de un tipo de cambio flotante que desincentiva los ataques especulativos contra su moneda y, finalmente, en un nivel de reservas internacionales que asegura el pago de aproximadamente ocho meses de importaciones.

Una segunda lección tiene que ver con la necesidad de que los gobiernos actúen de forma anticíclica, especialmente durante los períodos de auge, buscando contrarrestar la generación de burbujas especulativas y el crecimiento desproporcionado del crédito. El Banco de la República ha jugado un papel importante para abrir esa política contracíclica desde 2006.

La tercera lección que dejó la crisis tiene que ver con la necesidad de contar con un marco de regulación y de supervisión del sistema financiero adecuado y en continua actualización. Es precisamente a partir de esta conclusión que en Colombia la regulación prudencial del sistema financiero se ha venido ajustando a los estándares internacionales (especialmente en lo que a requerimientos de capital y provisiones de cartera se refiere) y que la Superintendencia Financiera se ha fortalecido institucionalmente con el fin de mejorar su gestión y su capacidad técnica. Todo esto ha permitido un cambio en la arquitectura del sistema financiero, el cual indudablemente es más sólido y solvente que hace 10 años.

Una cuarta lección para tener en cuenta es la importancia de contar con mecanismos adecuados de coordinación entre los miembros de la Red de Seguridad del Sistema Financiero, conformada por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Bancaria, el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En este frente la debilidad radicaba en que si bien durante la crisis ya existían las instituciones que conforman la Red de Seguridad Financiera, éstas no actuaban de manera articulada. Es por ello que desde entonces se viene trabajando en el diseño y la instrumentación de los procesos y acuerdos interinstitucionales que permitan compartir información relevante y actuar de manera coordinada, teniendo en cuenta la misión asignada a cada una de las entidades.

Una última lección que dejó la crisis de los 90, tanto o más relevante que las citadas anteriormente, es la ratificación de que la participación del Estado en la propiedad del sistema financiero no sólo hace a los países más vulnerables frente a la ocurrencia de una crisis, sino que además suele incrementar los costos de su resolución. En efecto, un sencillo análisis de las causas y los costos de la crisis pasada demuestra, una vez más, que la propiedad estatal en los bancos ha sido fuente constante de ‘desangre’ de las finanzas públicas.

En este punto vale la pena mencionar cómo dada la magnitud de los problemas que enfrentaba la banca pública, la cual participaba con el 20 por ciento de los activos del sistema en el año 1998, el gobierno debió orientar 12,8 billones de pesos, equivalentes al 48,1 por ciento del total de los recursos destinados al salvamento del sistema. Por eso, la estrategia de desmonte de la banca pública adoptada por el gobierno nacional desde 1999 ha contribuido al fortalecimiento del sistema financiero colombiano, y es una política que se debe mantener en el futuro. Por eso, el país no debe ‘bajar la guardia’ y debe aprovechar la actual turbulencia financiera internacional para impulsar los cambios que se requiere con miras a seguir fortaleciendo el sector, sin tener que pagar los grandes costos sociales y económicos que suelen acompañar a las crisis.
 
* Directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras