¿Por qué desalojar con violencia un centro cultural?

Hoy, 16 de enero de 2018, se cumplen 22 días desde que se realizó el desalojo a la sede de la Corporación Centro Plazarte en el barrio Prado–Centro de Medellín. Fue una jornada realizada bajo la Inspección 1 turno 1 de Medellín durante la cual la fuerza utilizada por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) se vio reflejada en el caos del momento y los moretones de vecinos y artistas presentes en el lugar. Desde ese momento los colectivos de cultura independiente que utilizaban el edificio están en una encrucijada jurídica, sin sede y sin un pronunciamiento claro por parte de la Alcaldía.  

Lo ocurrido el 26 de diciembre en Prado–Centro tiene que ver, en principio, con un conflicto jurídico entre particulares. Pero es más que eso. Entre inconsistencias en el procedimiento y reclamos de varias partes por el inmueble, significa la suspensión forzada de procesos comunitarios, artísticos y patrimoniales, todos ellos de interés público.

La historia

Si bien la Corporación Centro Plazarte fue constituida legalmente en 2011, existe como centro cultural abierto al público desde 2008. El colectivo TallerSitioEstudio, cofundador de la Corporación, aportó en su momento “un equivalente a 4 años de construcción de modelo de desarrollo cultural con el fin de proteger y valorizar el Polígono de Conservación Patrimonial a través de la apertura y apropiación ciudadana de la sede”, según dice un comunicado oficial de la Corporación.

De igual forma, Martha Plaza, también confundadora del proyecto, dispuso el inmueble en cuestión como su aporte al patrimonio inicial, pero en 2011 lo vendió a la Fundación Jesús Pobre, entidad que desde hace cinco años está reclamando el edificio para convertirlo en un albergue para habitantes de calle.

Los cuartos de la casa –Bien de Interés Cultural de tipo integral por el decreto 729 de 2007 de Medellín– han sido habitados por 711 artistas nacionales e internacionales gracias a las residencias artísticas que ofrece la Corporación. Fuera de residentes, la casa ha recibido alrededor de 5625 artistas que durante nueve años han utilizado las instalaciones de aquel edificio antiguo ubicado en la carrera 50 #59–32 para promover #PradoParaElArte: una iniciativa que busca hacer del único Polígono de Conservación Patrimonial de la ciudad un barrio cultural.

Así, se presentan tres partes involucradas en este proceso: El vendedor –Martha Plaza–, el comprador –Fundación Jesús Pobre– y el poseedor material –Corporación Centro Plazarte–. Sin embargo, desde un punto de vista legal, Corporación Centro Plazarte no ha sido tenida en cuenta durante el proceso, pese a que ha ocupado, cuidado y puesto a disposición de la sociedad los espacios del inmueble.

El problema

La pugna llegó a su máxima expresión el 26 de diciembre de 2017 a las 7:00 a.m. Los videos, que circularon ese mismo día luego de 9:30 a.m. en las redes, mostraban cómo la policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) entraban al recinto.

Los hombres vestido de negro y protegidos hasta la médula llegaban, uno por uno, mientras que artistas bailaban y cantaban adentro de la casa como forma de resistencia pacífica. El desalojo se emitió bajo una orden judicial que no iba dirigida a la Corporación Centro Plazarte, a pesar de que fue emitida desde la Inspección de permanencia 1 turno 1 de Medellín. La acción se hizo con la presencia de la inspectora Maria Idaveli Alzate Echavarría y con el acompañamiento de funcionarios de la Personería de Medellín, quienes están encargados de la defensa de los derechos humanos en este tipo de procesos.

Magreth Batista Zapata es artista plástica de la Universidad Nacional y estuvo presente al momento del desalojo. “Sí, hubo uso de la fuerza, de hecho, fue muy agresivo. Estábamos cantando, haciendo resistencia desde lo cultural. Estuvimos desde la noche anterior reunidos, con la intención de estar juntos, en familia. Cuando la fuerza pública llegó estábamos cantando unas canciones amorosas y tranquilos. Ellos llegaron tirando cosas explosivas a artistas, muchos quedamos aturdidos porque llevábamos un rato largo en función de la música. Entró la policía y el Esmad a empujarnos con sus escudos, a golpes. Yo salí con dos morados, llorando porque me pegaron en la cabeza con esos protectores”.

Por su parte, Juan Fernando Gómez Gómez, personero delegado de derechos humanos de la Personería de Medellín, afirma que durante dicha jornada no hubo un trato violento por parte del Esmad hacia los artistas y demás sociedad civil presente en el desalojo que, según él, se realizó hasta la 1:00 de la tarde, pero que según los asistentes al lugar duró hasta alrededor de las 4:00 de la tarde.

“Puedo aseverar que esta entidad hizo el acompañamiento y no evidenciamos que se realizó de manera violenta y además se estaba acatando una orden judicial. Nosotros como personería hicimos el acompañamiento a través de varios profesionales, se llegó al lugar identificado en la orden judicial. Luego se procedió por parte de la señora inspectora, quien puso en conocimiento a las personas que debían desalojar el lugar, estas personas solicitaron un tiempo entre media hora y una hora para retirar sus enseres, retiraron esos objetos y finalmente el procedimiento concluyó en 4 horas alrededor de mediodía sin ningún contratiempo. Hasta ahí estuvo la presencia nuestra.”, dijo el funcionario público. De igual forma, Gómez Gómez dijo que todas las partes tuvieron, en su debido momento, derecho a presentar un defensa.

Las declaraciones del funcionario distan de la realidad según María Clara Fonnegra, representante legal de la Corporación. “El desalojo se tuvo que realizar por vías de hecho porque la Corporación nunca estuvo demandada por dicho proceso, y siendo poseedora, no se le permitió el derecho a la defensa ni tuvo audiencia pública ni ningún otro espacio que le diera acceso a la justicia como poseedor material del bien inmueble. Todo esto se les dijo a los funcionarios de la Personería una vez llegaron el 26 de diciembre a las 7:00 de la mañana y les mencionamos a los tres delegados presentes que si extrañamos la presencia de la otra delegada personera  –de quien no se tiene nombre– que sí nos había defendido en varias ocasiones. En ese momento, los delegados de la Personería dijeron que ellos no iban a hacer ninguna defensa de nuestros derechos porque ellos vinieron a acompañar el desalojo y a verificar que todo se hiciera correctamente”.

Luego de presentarle al personero delegado Juan Fernando Gómez Gómez los videos mencionados y evidenciados en esta nota, respondió lo siguiente:  “En esos videos, como usted puede observar, en ningún momento se ve la presencia nuestra, la de la personería de Medellín. Nosotros tenemos un chaleco distintivo color azul. Me imagino que esos videos hacen alusión a las llamadas que nosotros recibimos después de que, realizado el procedimiento, el Esmad había entrado y generado algunos desórdenes, una intervención allí. Nosotros inmediatamente reaccionamos y enviamos a nuestros profesionales, pero no fue posible recopilar denuncias. No se tuvieron denuncias formales por parte de la ciudadanía y mucho menos evidenciamos ese tipo de  situaciones que allí, al parecer por esos videos, se estaban presentando. Los videos que llegaron a manos nuestras son distintos a estos, pienso que en ese caso sí ameritaría formalmente que estás personas que se sintieron agredidas pongan formalmente la denuncia, puede ser en la Personería o en la Procuraduría General de la Nación para que se abran las investigaciones”.

¿Por qué el desalojo se llevó a cabo de esta manera?

De testimonio en testimonio, pareciera ser una incógnita. El desalojo, al haber sido solicitado con una orden judicial, es legal. Sin embargo, fue un proceso violatorio de los derechos fundamentales de la Corporación Centro Plazarte y los más de 50 colectivos que han participado en sus procesos comunitarios, artísticos y patrimoniales, porque dicha orden no estaba emitida en contra de la Corporación, sino contra Martha Plaza.  

“Se nos violó el derecho al debido proceso. No se nos dio el derecho a la defensa ni a la igualdad de las partes”, comentó una vez más la vocera del centro cultural. De acuerdo con ello, el numeral 2 del artículo 309 del Código General del Debido Proceso dice que “podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre”.

La pregunta persiste, ¿por qué se procedió de una manera violenta? Entre las funciones del Esmad, está apoyar “en la jurisdicción de las unidades policiales que así lo requieran, cuando su capacidad haya sido rebasada en talento humano y medios de policía”. Pero lo es también “observar durante los procedimientos lo contemplado en las normas, acuerdos y convenios de derechos humanos y derecho internacional humanitario para el uso de la fuerza que permitan restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de las jurisdicciones afectadas”, al igual que “reaccionar, disuadir y controlar los actos violentos generados por grupos de manifestantes que pretendan alterar el orden público y el buen desarrollo de las actividades sociales de alguna zona del territorio nacional".

La respuesta de la administración

Más allá de la pelea por el inmueble –que no deja de ser válida y necesaria para ambas corporaciones involucradas– el caso de Plazarte sobrepasa los límites de ‘los asuntos entre particulares’. Así lo demuestran las 9.000 firmas recogidas alrededor de 2012, lista en la que artistas, vecinos del lugar y personas en general respaldan la labor de la organización.

Si bien, por los parámetros mismos de la ley, la Alcaldía no puede tomar partido por ninguna de las partes, es deber del Estado acompañar y prever que el tipo de procesos que realizaban desde la Corporación no fueran a detenerse, y, de igual forma, era deber del mismo velar por cómo se llevaba a cabo el proceso de desalojo. Pese a que Arcadia intentó comunicarse en distintas ocasiones con la secretaría de Cultura Ciudadana, la respuesta fue que, por el momento, no se darían declaraciones respecto a este tema.

Por parte de Corporación Centro Plazarte, Daniel Miranda, otro de sus voceros, afirma que se sienten abandonados e invisibilizados. “Lo mismo nos respondió la secretaría, nunca se interesaron por responder a fondo el tema, siempre dijeron que su abogados lo estudiaron pero no sabemos ni cómo ni dónde porque nunca nos pidieron papeles ni tenemos conocimiento de que hayan ido a buscarlos a los juzgados. Dijeron que nos iban a citar a una reunión pero nunca lo hicieron”.

Por otro lado, Pilar Velilla, gestora cultural con más de 30 años de experiencia y actual gerente de la Alianza Cultural por el Centro, comentó que en la primera reunión de 2018 propondrá que la entidad se ocupe de la problemática. “Confío en que encontraremos un camino para apoyar a Plazarte, sin necesidad de entrar a mediar en un litigio privado que solo compete a un juez” explicó.

Pese a este laberinto jurídico y a las preguntas que quedan en punta, la Corporación continúa firme frente a la necesidad de seguir con su trabajo.“Estamos buscando otro espacio para continuar con la gestión y articular de nuevo los procesos de todos los colectivos. Será en Prado, pues no nos iremos del barrio” afirma la organización.