Las carpetas secretas

Algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”.

En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles.

SEMANA tiene en su poder decenas de estos documentos, y durante semanas entrevistó a más de diez fuentes, muchas de las cuales participaron en esta operación que incluyó al menos a 130 personas, entre periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros.

El asunto sin duda desatará una gran polémica dentro y fuera de Colombia, entre otras razones porque algunas de las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera. Parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas. “A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado de los fines legítimos para la que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”, dijo a SEMANA uno de los uniformados que realizó estos trabajos y que pidió proteger su identidad. Y no está equivocado.

“Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos. Si estas denuncias son correctas, sería una grave violación a la confianza (de Estados Unidos), y aquellos involucrados deben ser castigados”, aseguró a SEMANA el senador demócrata Patrick Leahy, uno de los más influyentes y vicepresidente del comité de apropiaciones del Senado de Estados Unidos.

Efectuaron esas tareas algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim). En enero SEMANA publicó, con el título ‘Chuzadas sin cuartel’, parte de las irregularidades que ocurrieron en esa unidad militar allanada a mediados de diciembre por la Corte Suprema de Justicia.

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En la mira

Como parte de la cooperación, esa agencia de inteligencia extranjera entregaba a los batallones de ciberinteligencia aproximadamente 400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas. “Algunos (militares) se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos. Con lo que sobraba compraban los ‘software’ y demás herramientas para hacer esos trabajos especiales”, contó a SEMANA otro de los uniformados de esa unidad militar.

Esta especie de espionaje informático ocurrió entre febrero y comienzos de diciembre de 2019, cuando comandaba el Ejército el general Nicacio Martínez, quien renunció a su cargo en diciembre.

Una de las primeras víctimas de esas actividades irregulares fue el periodista estadounidense Nick Casey, corresponsal del diario The New York Times. El 18 de mayo del año pasado publicó un artículo en el que contó la existencia de unos formatos que los comandantes militares debían llenar para proyectar el número de bajas, entre otras variables. Esos documentos generaron gran polémica porque se prestaban para que los interpretaran como el regreso de los llamados falsos positivos.

Diez días después de esa publicación, que generó un escándalo en el país, el Gobierno nacional envió al entonces canciller Carlos Holmes Trujillo a Nueva York para reunirse con el consejo editorial del diario. Lo acompañaron el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y el embajador ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto.

Mientras exponían sus argumentos ante los jefes de Casey, en Colombia los militares monitoreaban los pasos de ese periodista en el país en una carpeta donde tenían sus contactos, algunas fuentes y las personas con las que se relacionaba, e incluso aparecen sus propios editores de Nueva York.

Siguiendo instrucciones de sus superiores, hombres del batallón de ciberinteligencia comenzaron a buscar cuanta información existiera del comunicador estadounidense. Con el título ‘trabajo especial n.° 1’, armaron un documento de más de 15 páginas que iban alimentando. En una de esas hojas aparecen los datos biográficos, correo, teléfonos en Colombia y su ubicación, entre otros. En otras páginas están también lo que llaman como cuadros de contactos.

Se trata de una especie de organigrama en el que aparecen las fotos y una breve descripción de las personas con las que Casey tiene alguna relación laboral, personal y familiar. Allí están varios de sus amigos, jefes y colegas en Colombia y Estados Unidos. Así mismo, sacaron tiempo para anotar, incluso, quiénes lo seguían en sus redes sociales o le dan like a sus publicaciones. En otro de los apartes está Casey en el centro de una hoja y una serie de líneas que señalan a sus posibles fuentes.

Con esto, entre muchos otros datos, los analistas militares sacaron sus propias conclusiones. “Tiene acceso y contactos directos con las Gaor (grupos armados organizados residuales)…, tiene acceso a zonas de influencia de Farc, su enlace para ingresar es…”, dicen algunos de los comentarios que reposan en su carpeta.

“La orden de los mandos del Bacib, Caimi y Caci, fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez. Había que averiguar con quién habló para eso y, además, conseguir elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio. Eso se hizo con unos portales”, afirmó uno de los oficiales designados para esa labor. “Rozo fue uno de los encargados de pagarle, entre otros, a un supuesto periodista muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de esos perfiles”, contó a SEMANA el uniformado.

“Nos preocupan profundamente los reportes recientes según los cuales el Ejército colombiano monitorea las actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal de The New York Times. Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer”, dijo a SEMANA Danielle Rhoades Ha, vicepresidenta de comunicaciones de The New York Times Company.

Esa búsqueda de información sobre ese corresponsal terminó así mismo por desencadenar una especie de efecto dominó en el que otros periodistas estadounidenses también fueron “perfilados” por el simple hecho de ser colegas, amigos, haber tenido contacto con él o por razón de sus publicaciones o comentarios. Así cayeron Juan Forero, un conocido y respetado periodista que desde hace muchos años ha cubierto Colombia y el área andina para medios como The Washington Post, y en la actualidad trabaja para The Wall Street Journal. En el perfil elaborado por los militares están sus datos, pero aparece una foto de su padre, como confirmó el periodista a SEMANA.

Eso se presenta en algunos de los perfiles en los cuales los militares asociaron personajes sin que tuvieran relación o se conocieran con algunas de las víctimas, según confirmaron varias de las personas con las que SEMANA verificó sus carpetas. Esto no es un asunto menor, pues implica que esos vínculos equivocados quedaron en esos informes de inteligencia de destinatarios inciertos. No es claro si se trata de errores o tenían una intención.

En estos informes también aparece John Otis, quien vive en Colombia desde hace más de 20 años, es el corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR), y ha realizado trabajos para la revista Time y el diario The Wall Street Journal. De igual manera, es investigador de la ONG Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

Este tipo de perfilamientos a periodistas fue incluso más allá de quienes reseñaban o escribían sobre los problemas de corrupción del Ejército o el conflicto armado colombiano. “También usaron las herramientas para tratar de llegar a las fuentes en donde estaban blancos que en muchos casos eran objetivos nuestros”, explicó a SEMANA otro de los uniformados que recibió instrucciones de ejecutar esas actividades.

Tal fue el caso de la estadounidense Lynsey Addario. Se trata de una reconocida fotoperiodista cuyos trabajos han salido en Time y otros medios. En otra de las carpetas, denominada también ‘trabajo especial’, los militares realizaron un completo perfil de ella por haber tomado en febrero unas fotografías del ELN en el Chocó para un reportaje publicado en la revista National Geographic. Además de sus datos personales, el documento contiene los nombres de sus amigos y contactos en el país y el exterior. Pero también aparece un mapa de Colombia con una georreferenciación de los lugares en donde ella estuvo.

Así mismo, hay uno donde están los sitios del mundo en donde la periodista ha hecho cubrimientos. Al igual que en otros casos, el perfilamiento terminó con un efecto dominó en el que aparecen referenciados otros tres fotógrafos de The New York Times que viven en Estados Unidos, y Stephen Ferry, otro fotoperiodista muy conocido en Colombia desde hace años por sus cubrimientos sobre la guerra en el país, trabajos publicados en medios prestigiosos de Estados Unidos.

También tiene este tipo de perfiles José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. “La organización defensora de derechos humanos criticó en febrero el nombramiento del señor M. G. Martínez. Señalando que era el segundo al mando de la décima brigada y durante estos años hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales”, dice uno de los apartes del documento.

“Las graves denuncias de que el Ejército realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, jueces y abogados de derechos humanos se repiten año tras año en Colombia. La pregunta es cuándo las autoridades van a tomar medidas serias para frenar estos abusos y someter a los responsables a la justicia. Hay enormes riesgos de que estas prácticas que violan el derecho a la privacidad y atentan contra el sistema democrático terminen por normalizarse en el país”, dijo Vivanco a SEMANA.

Periodistas colombianos 

Los comunicadores nacionales tampoco se escaparon de formar parte de esas polémicas carpetas militares. Una de ellas, María Alejandra Villamizar, actualmente es analista de Noticias Caracol y hace parte del equipo periodístico de La luciérnaga. Con más de 25 años de carrera, ha sido editora política de El Espectador, El Tiempo y SEMANA, así como asesora de comunicaciones en temas de paz en los Gobiernos de Samper, Pastrana y Santos. A lo largo de 12 páginas los militares recaudaron sus teléfonos, dirección, correos, vehículos, el lugar en donde vota y hasta las infracciones de tránsito que cometió. También aparecen las reseñas de las entrevistas que realizó el año pasado a jefes del ELN, transmitidas en el noticiero para el que trabaja desde hace dos años.

En su caso existe incluso una orden de operaciones para realizar su perfil que fue entregada por un coronel a sus subalternos, documento que hace pocas semanas está en poder de la inspección de las Fuerzas Militares. Su descubrimiento generó un fuerte altercado en la cúpula castrense, ya que el comandante general, general Luis Fernando Navarro, sugirió en una reunión que remitieran esa prueba de una orden ilegal a la justicia penal militar y no a la Fiscalía.

No menos grave fue el caso de un joven periodista que se desempeñó durante un periodo como productor de algunos espacios de Blu Radio. El comunicador, cuyo nombre omite SEMANA para proteger su identidad, se encargó, como parte de su trabajo, de conseguir una entrevista que salió al aire con alias Uriel, jefe guerrillero del ELN en Chocó. Por cuenta de esto realizaron un completo perfil en el que aparecen algunos de sus compañeros de trabajo y hasta sus amigos de infancia. En su caso realizaron igualmente un ejercicio de georreferenciación para establecer los sitios por donde se movió el periodista, cuyo perfil tiene un título que dice ‘facilitador entrevista Gao ELN’.

No solo los grandes medios fueron objeto de estas actividades. Uno de los casos más llamativo es el de Rutas del Conflicto, un medio alternativo especializado en investigaciones relacionadas con temas de corrupción y orden público, algunas de los cuales publica en alianzas con medios tradicionales. Liderados por Óscar Parra, se trata de una docena de periodistas que no superan los 30 años de edad. La mayoría de ellos también fueron objeto de estos perfiles.

Así mismo, existe una carpeta de La Liga Contra el Silencio, creada en 2016 como una iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y de la cual forman parte periodistas propios y de otros 15 medios dedicados a publicar investigaciones. Allí aparecen periodistas reconocidos como Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo. En otras carpetas hay referencias a periodistas como Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.

Los perfilamientos se extendieron más allá de los comunicadores. En las carpetas aparecen varios integrantes del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de falsos positivos o adelantan procesos contra generales retirados acusados de esas prácticas.

Esos trabajos también incluyeron a líderes del movimiento sindical. Es el caso de Humberto Correa, secretario de derechos humanos de la Confederación General de Trabajadores (CGT), en cuya carpeta están documentados, entre otros, sus viajes, así como fotos de su esposa e hijo.

Los integrantes de algunos partidos políticos tampoco fueron ajenos. Allí aparecen los senadores Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, entre otros. También un militar retirado, Pedro Soto, excandidato al Concejo de Barranquilla por el partido Centro Democrático.

Aparte de los anteriores, dentro de los más de 130 “perfilaciones” y “trabajos especiales” hay varios que llaman la atención, pues no es fácil entender por qué los consideraron objetivos de interés para la inteligencia militar. Uno de los más notorios es el caso de Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general de la Presidencia de Iván Duque. Se trata de uno de los hombres más cercanos al mandatario y ocupaba uno de los cargos más poderosos hasta su retiro en abril del año pasado. En su carpeta aparecen relacionados varios de sus contactos, entre ellos, oficiales activos y retirados, funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pero así mismo hay militares activos y retirados que quedarán sorprendidos al conocer los hechos. Es el caso del capitán retirado César Castaño, quien formó parte del equipo que acompañó al general retirado Jorge Mora durante el proceso de paz con las Farc en La Habana. En esa misma línea aparece el coronel retirado Vicente Sarmiento, quien actualmente trabaja como asesor de la oficina del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

El general retirado Jorge Maldonado, exjefe de la casa militar de Palacio en el Gobierno pasado; el general retirado Carlos Lemus, actual segundo de la Justicia Penal Militar; el general retirado Juan Pablo Amaya Kerguelen, hermano del actual director de la DNI, y el exdirector de Indumil, coronel retirado Enrique Villarreal, hacen parte de los más de 25 militares que tienen carpetas y perfiles.

Cómo llegaron a esto

“Todo lo que se hizo y lo que pasó con esos trabajos especiales fue de conocimiento de los mandos. Pero cuando esta olla se acabe de destapar pagarán los más pendejos, como siempre. Los civiles no conocen una cosa que se llama temor reverencial, que incluso lo ha amparado la corte. Eso es que un subalterno cumple las órdenes por presión, miedo o amenaza de sus superiores y por eso muchos cumplimos esas instrucciones. Pero de esto sabían y dieron órdenes los jefes de inteligencia y contrainteligencia de la época, los generales Quiroz y García. También sabían el comandante del Ejército, y hasta en el Comando General de las Fuerzas se sabía”, contó uno de los militares que habló con una comisión especial del Comando de las Fuerzas Militares designada para investigar el caso.

Algunos de los responsables directos, entre coroneles y generales, han tratado de justificar los perfiles argumentando que se trata de datos obtenidos por fuentes abiertas y redes sociales. Esto puede ser cierto en algunos casos, en otros no es tan claro. Entre otras razones porque en el allanamiento que hizo la Corte Suprema se encontraron varios números telefónicos de algunos de los “perfilados” que habrían sido objeto de interceptaciones.

De hecho, después de las denuncias de SEMANA en enero sobre seguimientos e interceptaciones, esta revista pudo confirmar con fuentes de la embajada de Estados Unidos que los norteamericanos recogieron de varias unidades militares los equipos tácticos de monitoreo y ubicación prestados por ellos.

“Ellos (los militares) van a tratar de salirse por las ramas argumentando que la información recopilada de fuentes abiertas como tal no es inteligencia. El problema con eso es que el producto final, es decir, los informes que se hacen con base en esos datos, sí son inteligencia y tienen un fin específico, que en este caso no es claro. Ahora, una cosa es hacer uno o dos perfilamientos, pero más de 100 y a grupos específicos como periodistas, eso es porque hay abiertamente un interés”, explicó a SEMANA un alto funcionario de la DNI.

“La diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario es que en un Estado democrático la inteligencia se usa para prevenir o perseguir delitos, no para espiar a las personas que dicen o hacen cosas con las cuales el Estado no está de acuerdo”, dijo a SEMANA Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Regula estas actividades la ley de inteligencia diseñada para evitar excesos como los de la época del Das. Sin embargo, varios involucrados en este caso argumentan que se trata de información pública y de fuentes abiertas, lo cual es muy cuestionable. “Todas esas actividades deben cumplirse con sujeción a órdenes operativas o directrices que se impongan”, dijo a SEMANA Jorge Enrique Ibáñez, árbitro y experto en el marco jurídico de la inteligencia en Colombia. Afirmó que “no es legítimo hacer unas búsquedas de manera tendenciosa, perfilamientos con caracterizaciones particulares o concretas a un grupo de personas determinadas para ver de qué forma actúa, cuál es su punto de origen, de destino, cuáles son sus contactos familiares, sociales etcétera. Porque ya no estaríamos haciendo labores de inteligencia estratégica desde el punto de vista social o empresarial o de orden público. Estamos haciendo una labor de inteligencia pura que tiene como blanco un sujeto de manera particular y concreta, y caemos en el terreno judicial porque no puede ser blanco de inteligencia una persona con estas características”.

No solo él tiene serios cuestionamientos sobre lo que ocurrió en esas unidades militares al año pasado. “Esta conducta es claramente ilegal, inconstitucional, inconveniente y antidemocrática. Existen muchas razones, pero sobre todo cabe decir que es antidemocrática porque atenta contra la seguridad de decenas de reporteros; porque indaga y se entromete en la vida de sus fuentes, poniéndolas también en riesgo; y porque somete a vigilancia la vida íntima indagando con quién se reúne, qué tema cubre, o a quién sigue en Twitter. Es además recurrente y confirma que lamentablemente el espionaje militar a la prensa en Colombia no es un capítulo superado”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) a SEMANA.

Sobre esto incluso existe una jurisprudencia internacional amplia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12 señala que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Todo lo anterior resultó vulnerado por estas actividades durante el año.

Frente a esta situación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien asumió el cargo después de ocurridos estos hechos, le dijo a SEMANA: “La política del Gobierno nacional, y por supuesto del Ministerio de Defensa, es cero tolerancia hacia cualquier conducta que esté al margen de la ley y actuar de manera severa e implacable, en el marco de la Constitución y de la ley, en los casos donde se presenten este tipo de conductas. No me temblará la mano para tomar las decisiones a que haya lugar”.

En esta misma línea desde el comando del Ejército y de las Fuerzas Militares afirmaron que existe cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley y que por ello, justamente, está en desarrollo una investigación disciplinaria y se delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia.

“El Comando del Ejército ordenó la realización de un ejercicio de revisión estratégica que analizó los procesos que adelanta la inteligencia militar en su estructura, procedimientos, organización y controles con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudieran lesionar el buen nombre de la institución”, afirmaron a SEMANA en una comunicación los comandantes militares. Según contaron, la Inspección del Ejército ha acompañado de manera permanente las diligencias adelantadas por los delegados de la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control para garantizar la transparencia de las investigaciones en las unidades con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Finalmente dicen que “si se determina la participación en hechos que no están de acuerdo con lo ordenado por la ley, los involucrados deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. El objetivo es tener una inteligencia creíble, confiable y con unos altos estándares que permitan garantizar la defensa y seguridad nacionales”.

“LOS PERIODISTAS NO PUEDEN SER UN BLANCO LEGÍTIMO”

Jorge Enrique Ibáñez, árbitro y experto en el marco jurídico de la inteligencia en Colombia así como en temas de seguridad del Estado, explica cinco puntos claves para entender el escándalo de los papeles secretos del Ejército.

Están definidos por su objetivo de proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas que atenten contra la seguridad nacional, la existencia del Estado, la independencia y la soberanía, en general con la vigencia del orden democrático o la protección de las instituciones públicas y los derechos de las personas. Toda actividad de inteligencia debe adelantarse conforme a un plan expedido anualmente. De forma que estas actividades se cumplan con sujeción a órdenes operativas o directrices.

Son blancos legítimos todos aquellos que puedan atentar contra la seguridad del Estado. Los periodistas no pueden ser un blanco legítimo en ninguna circunstancia. Primero, porque el artículo 73 de la Constitución lo dice de manera expresa: la actividad periodística gozará de protección constitucional. Segundo, se trata de una actividad de interés público que tiene por objeto informar e investigar para hacer, entre otras, control social y público.

Tampoco por ningún motivo los abogados podrán ser blanco. Una persona que está sindicada de la comisión de un hecho punible, sea culpable o no, tiene derecho a la defensa técnica, la cual se debe dar por medio de un abogado. Lo propio sucede con las organizaciones sindicales y sociales. Los primeros gozan de protección para la garantía de derechos fundamentales de los trabajadores. Los segundos tienen como función hacer control social, político, fiscal, disciplinario y judicial a determinadas instituciones, por lo tanto, es ilegal cualquier actividad de inteligencia que impida esa función y no tenga que ver con la defensa del Estado.

Los periodistas pueden válidamente obtener información sobre organizaciones criminales, inclusive de las mismas fuentes humanas que se mueven en la clandestinidad. Esto con el fin de informar y obtener de allí datos para su labor. Muchas veces este trabajo periodístico le permite a las autoridades actuar, por lo tanto, la actividad periodística es legítima. La recolección de información y la consulta de fuentes por parte de un periodista no puede ser blanco de inteligencia de ninguna naturaleza.

Las personas tienen el poder de poner información en diferentes plataformas y cada quien asume su responsabilidad. A su vez, cualquier entidad privada o pública puede recaudar este tipo de información. La clave está en el uso, pues no es legítimo hacer búsquedas de manera tendenciosa, perfilamientos a personas o a un grupo determinado para ver de qué forma actúa, cuál es su punto de origen, de destino, cuáles son sus contactos familiares, sociales, etcétera. En este caso, ya no estaríamos haciendo labores de inteligencia estratégica desde el punto de vista social o empresarial o de orden público. Estaríamos haciendo una labor de inteligencia pura que tiene como blanco un sujeto concreto, y caemos en el terreno judicial porque un periodista, abogado, o líder social actuando dentro de sus funciones no pueden ser blanco. Además, es ilegal hacer perfilamientos tendenciosos con información que tenga como fin afectar a una persona en su honra y en su actividad profesional.