¿Está realmente en crisis el proceso con las AUC tras el traslado de ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ a Cómbita?

El operativo de los organismos de inteligencia que terminó con el traslado de los ex jefes paramilitares alias ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ hacia la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita fue de ejecución sorpresiva, pero estaba más que anunciado. Desde la tarde del miércoles, cuando el comandante de la Policía, general Óscar Naranjo, se reunió en Medellín con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, era claro que algo grave estaba pasando en la cárcel de Itagüí y que se adoptarían medidas de urgencia para evitar sorpresas.

La decisión de cambiar de cárcel a los dos ex paras fue tomada en la noche del viernes, tras un encuentro entre el presidente Álvaro Uribe, el Ministro Santos, el general Naranjo y la cúpula del DAS. ¿El motivo? Los organismos de inteligencia tenían pruebas testimoniales y documentales de que desde la cárcel de Itagüí se ordenaban envíos de drogas a Estados Unidos y otros delitos.

Las indagaciones de inteligencia no hicieron otra cosa que confirmar la información revelada por SEMANA el pasado 12 de mayo, en el artículo de portada titulado 0Te llamo desde la prisión’ (ver recuadro), que daba cuenta de la forma como algunos de los ex jefes paramilitares y 25 de sus lugartenientes delinquían desde la cárcel, a usanza de la época de La Catedral, la célebre cárcel construida para el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. En su momento el gobierno le bajó el tono al tema, exigió que no se hicieran comparaciones con el caso de Escobar y dijo que investigaría lo ocurrido.

Tres meses después el Ejecutivo no tuvo más remedio que ordenar, en medio del mayor sigilo, el traslado de Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, uno de los ex paramilitares más poderosos del país y de los más beligerantes en el proceso de desmovilización. Junto a él, Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’, también fue llevado hacia Cómbita. Aunque el caso de este último fue justificado de forma diferente -el gobierno no lo acusa de seguir delinquiendo, sino que esgrime “razones de seguridad”-, ‘Don Berna’ también está señalado de continuar con su actividad delictiva desde la cárcel. Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, fue traslado hacia la cárcel de La Picota para cumplir con una diligencia judicial.

Las próximas jugadas

Más allá de la espectacularidad del anuncio oficial, o de las imágenes de los ex paras somnolientos y en pijama abordados por una nube de agentes de la Fiscalía, la decisión gubernamental tiene varias consecuencias.

La directa, que el caso de ‘Macaco’ pasará a la justicia ordinaria y, por lo tanto, no podrá aspirar a la pena de dos años de cárcel que, descontados los años que llevan presos y su buen comportamiento, cobijará al resto de jefes de autodefensas. La sola comprobación de un homicidio podría darle 40 años de prisión en una cárcel colombiana. Y la del envío de droga a Estados Unidos lo condenaría a la extradición a ese país, así él diga con aire burlón que si se lo llevan no tendrá que pagar un día de cárcel.

La versión oficial sobre el caso de ‘Don Berna’ evidencia que las pugnas entre los ex paras se mantienen y que episodios como el del altercado en el que Salvatore Mancuso y ‘Macaco’ se fueron a los puños son ahora más peligrosas.

Aunque los ex jefes paras sean vistos como una unidad debido a que cometieron los mismos crímenes, sus intereses personales entran permanentemente en contradicción. Por eso entre los mismos desmovilizados se responsabiliza a ‘Macaco’ de casos como la desaparición de alias ‘Daniel’, uno de los hombres de confianza de ‘Don Berna’, en Antioquia. La intensidad de las riñas tiene mucho que ver con el control territorial después de la desmovilización. Sólo en Envigado, la tierra de ‘Macaco’, hay seis oficinas de cobro en las que los hombres de ‘Don Berna’ intentan mantener el dominio, cada vez con mayor dificultad, ante la aparición de nuevos grupos liderados por ex paras que obedecen órdenes de otros de los internos de Itagüí.

Otra lectura del episodio, desde el lado institucional, permite ver que el gobierno reconoce que le estaban haciendo conejo y que parece decidido a frenar dicha situación. En este sentido el mensaje de la Casa de Nariño tras el nocturno cambio de cárcel para ‘Macaco’ y ‘Berna’ es efectivo en varios flancos: pone en orden a los paramilitares para que respeten los compromisos asumidos con el país al dejar las armas; le ratifica a la comunidad internacional que su proceso es serio y por eso pone en bandeja de extradición la cabeza de ‘Macaco’; y hasta le desmonta parte del discurso de su supuesta alianza con los paras a la oposición en Colombia.


La visión de los paras

Desde el lado de los paramilitares el nuevo desafío también permite ver varios escenarios. En primer lugar, no debe sorprender que intenten mostrar los dientes y hasta amenacen con una nueva crisis en el proceso. Eso es lo que entre líneas han dicho los desmovilizados de la Corporación Democracia, algunos congresistas cercanos a los paramilitares y hasta los abogados de ‘Don Berna’, quienes aseguran que su defendido no puede estar más seguro en un sitio distinto a Itagüí.

Como lo han hecho en otras oportunidades pueden decir que no tienen garantías para continuar adelante, que sus vidas están en peligro, que merecen el mismo trato que los guerrilleros de las Farc excarcelados unilateralmente (no recordarán, claro, que éstos no habían cometido delitos de lesa humanidad)... en últimas, que el proceso está en crisis.

Pero por muy enojados que se muestren a nadie como a ellos les conviene continuar con el proceso, máxime ahora que inicia la etapa judicial en la que se definirán las penas que deben cumplir. Pueden dilatar las versiones ante la Fiscalía, ocultar verdades (desde el principio del proceso se sabe que lo harán), promover “espontáneas” marchas a su favor, proclamarse en los medios de comunicación como “empresarios de la paz” y hasta apoyar de manera clandestina el rearme de estructuras delincuenciales, pero no pueden perder la oportunidad histórica de saldar cuentas con la justicia para dejar de ser perseguidos.

La crisis, como la plantean los ex comandantes de autodefensas puede ser, incluso, un intento por recrudecer la violencia a través del terrorismo, caso que lo que haría sería poner a prueba la efectividad de la tan mentada política de seguridad democrática del gobierno Uribe.

Por eso no basta con que Uribe se declare dispuesto a extraditar a quien continuó delinquiendo desde la cárcel. Ahora que se atrevió a ponerle el cascabel al gato, la prueba de fuego la tienen las autoridades encargadas del desmantelamiento de las estructuras armadas y las redes de drogas, a través de las cuales continuaba el accionar delictivo que hizo que Macaco saliera del proceso. O ‘Don Berna’, o el que sea.

En momentos como estos también sale a relucir la necesidad de que los organismos del Estado trabajen en conjunto para buscar que la Ley de Justicia y Paz, con sus bondades y defectos, sea aplicada a cabalidad. Equivocada o no, la norma señala unos beneficios para quienes respeten el juramento dado al abandonar las armas y éstos deben ser concedidos previo cumplimiento de los requisitos de verdad, justicia y reparación. Quienes irrespeten la palabra dada e intenten jugar con la confianza que recibieron de los colombianos, deben perder los beneficios y responder ante la justicia ordinaria, como le ocurrió a ‘Macaco’.

Eso lo sabían los paramilitares desde antes del diseño del marco jurídico para su desmovilización. Por eso no pueden salir ahora con bravuconadas a alegar que el proceso hizo crisis.