Coalición contra la evasión tributaria

Aunque el presidente Duque cree que este no es el momento para pensar en reformas tributarias, las cifras dicen otra cosa. El déficit fiscal llegará este año a 8% del PIB y la deuda pública a 62% del PIB. Las calificadoras de riesgo nos han puesto en preaviso de una posible pérdida del grado de inversión. Mientras tanto, aumenta la presión para que el Gobierno otorgue ayudas más generosas a los millones de personas que han quedado sin ingreso y a las miles de pequeñas y medianas empresas abocadas a la quiebra.

Han surgido diversas propuestas de reforma tributaria, tanto dentro como fuera del Congreso, pero es poco factible que lleguen a concretarse sin la participación activa del Gobierno. Y aunque llegaran a concretarse, difícilmente generarían siquiera los dos puntos porcentuales del PIB que se necesitan para estabilizar la situación fiscal, antes de cualquier aumento del gasto. Mientras tanto, según mis propios cálculos, la evasión se come cerca de 40% del recaudo tributario potencial, dadas las actuales tasas de impuestos. Si la evasión se redujera en una cuarta parte en un plazo de tres años, el recaudo tributario aumentaría por lo menos un punto del PIB por año. Por consiguiente, para despejar el panorama fiscal, son necesarias tanto una reforma tributaria estructural como una estrategia antievasión.

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Para reducir la evasión no se necesitan leyes ni decretos: Colombia tiene una batería muy sólida de instrumentos legales y normativos, algunos mejorados durante el proceso de afiliación a la Ocde. Además, se han dado pasos potencialmente muy efectivos para reducir la evasión, en particular la implementación de la factura electrónica. Y pronto empezará a ejecutarse el proyecto de modernización de la Dian, financiado por el BID, que apunta a que la entidad tributaria alcance estándares internaciones de organización, tecnología y recursos humanos.

Uno de los retos más importantes es modernizar en forma compatible los sistemas de manejo de datos de la Dian y de las entidades con las que debe estar coordinada, como los bancos, la Superintendencia Financiera, las notarías y las Secretarías de Hacienda de los municipios. Actualmente las bases de aduanas e impuestos no son interoperables, una tronera que facilita el lavado de dólares. Los sistemas deben alcanzar, además, los mismos estándares y protocolos de manejo de datos de las entidades pares de la Dian en los países con los que se tienen acuerdos de intercambio de información. Esta es una tarea de años que debe utilizar el mejor talento mundial, en vez de contratistas locales fácilmente corrompibles.

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Tecnificar la planta de personal de la Dian es una tarea en curso, que no estará completa mientras no logren erradicarse los funcionarios corruptos que están al servicio de los evasores. Se necesita, además, que la asesoría tributaria esté restringida a profesionales certificados, cuya remuneración no dependa de cuánto logren reducirle en forma dolosa las obligaciones tributarias a sus clientes, y que sean judicialmente responsables por las declaraciones tributarias. Las declaraciones de renta de las sociedades deben ser públicas, así como las bases de datos anonimizadas de todas las personas. Todo esto, por supuesto, debe ir orientado a aumentar el riesgo de auditaje, fiscalización y castigo de los evasores, lo que requiere el compromiso de diversas entidades, incluyendo la Fiscalía, que actualmente rehúye estas tareas.

Vencer la evasión requiere de un esfuerzo continuado que supera los períodos de Gobierno y la estadía usual de los funcionarios responsables en los cargos decisivos. Desgraciadamente, las mafias evasoras no paran nunca de acumular experiencia y de aprovechar los intersticios de poder que quedan entre los cambios de directivos. De ahí la necesidad de una coalición cívica contra la evasión tributaria, que exija resultados a la Dian y al Gobierno. Debe estar constituida por estadistas y tributaristas con antecedentes intachables, grandes empresas que estén dispuestas a hacer públicas sus declaraciones tributarias, universidades que quieran comprometerse con la formación ética y rigurosa de contadores tributarios y centros de investigación de reconocida independencia y seriedad que puedan desarrollar una agenda de investigación tributaria de estándares internacionales. Sería una organización amparada en la figura de veeduría ciudadana que prevé la Constitución.

Con o sin reforma tributaria, este sí es el momento para que la sociedad y las instituciones civiles comprometidas con el bien público ayuden a poner en cintura a los evasores y exijan resultados a las instituciones responsables de los recursos públicos.