Gobierno presenta la nueva reforma tributaria: esto es lo que debe saber

Llegó el día tan esperado por las empresas, agencias calificadoras de riesgo, congresistas y, en general, para todos los colombianos, de conocer cómo será la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno nacional.

A partir de las 8 a. m. de este martes sesionará el Congreso pleno para darle inicio a una nueva legislatura que, como cada año, comenzará con actos protocolarios y elecciones de presidente para las comisiones. Pero una vez terminado este proceso, vendrá lo bueno.

De la mando del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el Ejecutivo presentará la denominada Ley de Inversión Social, con la que busca hacerle frente a la crisis económica que trajo la pandemia y que le costó el grado de inversión al país hace unos meses.

La situación nacional no es sencilla. La deuda pública se disparó a más del 60 % del PIB, mientras que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) superó los $90 billones, teniendo en cuenta el elevado gasto extra que tuvo que realizar para mitigar los efectos de la covid-19.

A la par, los ingresos nacionales se desplomaron y el Gobierno tuvo que hacer varias veces las cuentas, ya que con el pasar de los días, las cosas no mejoraban y el panorama se tornaba más oscuro. Para nadie era un secreto que era necesaria una nueva tributaria, que permitiera compensar las caídas del año pasado.

El exministro Alberto Carrasquilla lo tenía claro y se aventuró con una reforma estructural, como pocas en la historia colombiana. El problema es que el momento no fue el mejor y su presentación desencadenó una oleada de protestas y provocó su salida del cargo, así como de sus viceministros.

La jugada le salió mal a la administración Duque y de ahí en adelante solo llegaron noticias peores, como lo fue la rebaja de nota por parte de Fitch y Standard & Poor’s, que hizo que Colombia perdiera el grado de inversión.

De allí que el presidente Duque y el ministro Restrepo saben que no pueden repetir este harakiri, más cuando el golpe de la pandemia sigue afectando a millones. En este orden de ideas, el texto tendrá 35 artículos y buscará que el sector privado tengan que meterse la mano al dril y aportar más al erario.

Restrepo ha sido enfático en que temas como el IVA, las pensiones y el impuesto de renta de la clase media no se tocarán. Y el Congreso, en pleno año preelectoral, tampoco le jalará a subir estos tributos.

En su lugar, las empresas pagarán más impuestos, ya que no tendrán tantos beneficios tributarios. Se les reducirá la posibilidad de descontar el impuesto de industria y comercio (ICA) de la renta, y algunas empresas, como las del sector financiero, deberán pagar una tarifa aún mayor.

Pero, además, deberán pagar una tarifa mayor de renta hasta 2025. Puntualmente, esta será del 35 %, mientras que para los bancos y entidades financieras, será del 38 %.

Estas medidas se complementarán con un ambicioso plan de austeridad y otras medidas antievasión, con las que se pretende recaudar varios billones de pesos. Por un lado, ahorrando recursos de parte de las entidades públicas y, del otro, elevando los controles para que se reduzca el no pago de impuestos.

En total, la reforma irá por $15,2 billones, que en su mayoría serán pagados por empresas. Y la otra parte, por mejoras estatales. En plata blanca, esto implica que las personas naturales no deberán aportar un peso adicional por esta tributaria. O por lo menos así lo plantea la iniciativa oficial.

Algo diferente podría salir del Congreso. Desde diversos partidos se ha planteado incluir temas como impuestos al patrimonio para personas naturales, tributos verdes y hasta gravámenes a la comida chatarra y bebidas azucaradas, de tal modo que se combatan otros frentes por medio de mayores impuestos.

La contraparte

Ahora bien, independiente de cómo termina la reforma, lo cierto es que los recursos que se consigan por este medio permitirán ampliar programas sociales claves, sobre todo en tiempos en que la covid-19 le sigue pasando factura a la economía.

No es gratuito que el MinHacienda tenga definidas varias iniciativas que se financiarán con los más de $15 billones que se pretenden recaudar con esta nueva reforma.

De estos, el más importante es el Ingreso Solidario. Este programa, que les entrega mensualmente $160.000 a más de tres millones de hogares, durará hasta finales de 2022 y les llegará a 700.000 personas adicionales.

De igual forma, se ampliará el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), más conocido como subsidio a las nómina. La idea del Ejecutivo es que se pague hasta diciembre de 2021, lo que generará 400.000 empleos por parte de 55.000 empleadores.

Otro de los puntos que se incluirá será la matrícula cero para estudiantes de instituciones públicas de estratos 1, 2 y 3. Se destinarán mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Y, finalmente, está el impulso al empleo, que es un apoyo del Gobierno a las empresas para que puedan contratar a los jóvenes. Esta población es una de las más afectadas por el desempleo y solo una iniciativa de alto calibre puede hacerle frente.

La idea es dar un subsidio de 25 % del primer salario mínimo para quienes tengan entre 18 y 29 años y sean contratados por empresas. En la práctica, esto implica que con dineros públicos se pague la seguridad social los trabajadores, de tal modo que a las compañías se les reduzca la carga y puedan aumentar su planta de personal.

El Ministerio de Hacienda espera que la reforma quede aprobada en agosto de este año, de tal modo que los efectos en programas sociales puedan comenzarse a sentir en este mismo año. Aunque los cambios en el impuesto de renta solo comenzarán a aplicar a partir de 2022.

El camino está allanado para lograrlo, pero será tarea de los congresistas no ponerle trabas mayores al proyecto. Sin dudas, muchas de sus propuestas serán determinantes para enriquecer el texto. Pero otras podrían empantanar la tan necesaria reforma.