Los bloqueos y los empresarios

Tal como lo mencionaba en la columna anterior, hoy gracias a la pandemia somos 500.000 empresarios menos, dado el cierre definitivo de ese número de negocios. Esto, sumado a los graves destrozos y saqueos que los vándalos han causado en locales de pequeños y grandes comerciantes, no nos deja un panorama tan alentador como quisiéramos los que emprendemos y decidimos con mucho esfuerzo abrir una empresa, para que vengan a romperla y saquearla ladrones y en suma criminales que no harían nunca en su vida una empresa.

El día 17 de mayo, el Presidente de la República anunció una medida para beneficio de los jóvenes de 18 a 28 años en Colombia, con la cual se otorga un subsidio del 25 % del valor total de un salario mínimo legal vigente, con el fin de estimular la generación de empleo en este rango de edades.

En esta misma alocución, el presidente dio instrucción a las fuerzas armadas para desbloquear las vías y carreteras del país, lo cual nos devolvería las garantías no solo a todos los colombianos, sino a todos los empresarios que requerimos mover insumos, materias primas y productos terminados por las carreteras, así como abastecer puntos de venta y, en fin, recuperar la dinámica del comercio que los bloqueos ilegales interrumpieron por cerca de un mes de paro.

Los colombianos y los empresarios pequeños y grandes del país aplaudimos estas dos decisiones puesto que nos permitirán no solo mover nuestros productos por el país, sino que también abre la posibilidad de contratar a más jóvenes, con este estímulo que se suma a la ley del primer empleo que el gobierno tramitó con éxito hace meses y está en plena vigencia.

Sin embargo, desde esta tribuna quiero hacer notar que estas medidas del gobierno colombiano tal vez requieran de una profundización mayor y de un acuerdo general entre los grandes gremios y las pequeñas y medianas empresas del país, dado que para poder dar un paso en la dirección correcta en cuanto a la reactivación económica se requieren de condiciones de seguridad y de mercado que hoy el estado colombiano está demostrando debilidad en garantizar.

Aunque la instrucción del presidente a las fuerzas armadas de abrir las vías bloqueadas por los violentos nos devuelva la fe, falta aún tener garantía de que estas decisiones tengan sostenibilidad en el tiempo y estos bloqueos ilegales no vuelvan en uno o dos meses, ya que esto volvería a afectar el funcionamiento de nuestras empresas, las ventas, entregas y por ende la sostenibilidad del empleo que los empresarios con esfuerzo generamos.

Con esto al gobierno le decimos desde esta columna que finalmente tomó una decisión que, en apariencia, despeja el camino a la reactivación, pero que requiere de la creación de políticas públicas para evitar que estos sucesos nuevamente afecten la economía: el paro, que empezó desde el 28 de abril, le cuesta a la economía $484.000 millones de pesos diarios, esto sin contar los miles de millones de pesos en pérdidas por los daños de los causados a los comercios.

Por otro lado, esto también nos recuerda la amplísima responsabilidad del gobernante de turno en mantener el orden público, porque de lo contrario peligra la estabilidad de las empresas al verse amenazadas, menoscabadas o anuladas por completo en su libertad de comercio.

Como consecuencia, los capitales de inversión migrarían a otros destinos diferentes a Colombia y aumentaría el desempleo exponencialmente. Aunque la pandemia ya lo hizo, según el DANE, la tasa de desempleo para marzo de 2021 se ubicó en un histórico abrumador del 14,2 %; no ser consistente en el tiempo de respuesta en cuanto a la seguridad en las ciudades y campos, acarrearía otro aumento que no soportaría ningún estado.

Sobre el reciente anuncio del presidente Duque frente a esta nueva alternativa de empleo para jóvenes: esta medida puede beneficiar a empresas que emplean personas con mano de obra no calificada o que puede entrenar relativamente rápido a esta población. Claro, normalmente estos cargos son los de más alta rotación en las empresas, ya está en el fuero de cada uno de nosotros como empresarios crear los planes de compensación y estímulos adecuados para disminuir dicha rotación; sin embargo, sucederá.

Realmente no quisiera hablar del paro ni de los bloqueos ilegales, pero ¿cómo no hacerlo, señores? Si nos quedamos 3 y 5 horas y días enteros atorados en un bloqueo de 2 camiones o 30 personas en una vía, mientras tanto, miles de carros y camiones con alimentos esperando… dañándose más bien. Como empresarios realmente se nos rompe el corazón tener que botar la comida que no logramos entregar a las ciudades, preferimos regalarla claro, pero ese no es el objetivo de invertir en un negocio: si no hay transporte, no hay venta; y sin venta, ¿quién les pagará a los empleados?

Definitivamente, parece que los bloqueadores vándalos son criminales pagos o ciudadanos absolutamente inconscientes de la dinámica económica del país y del mundo: el dinero sale de algún lado, no lo produce el gobierno, lo producimos los empresarios y los empleados tributándolo, esa es la fuente más grande de dinero que tiene un gobierno para ejecutar.

Por ende, si le disparas a los empresarios, te estás disparando a ti mismo; si bloqueas el acceso a la circulación, estás directamente ayudando a eliminar empleos; es la versión más estúpida de la movilización social. Esto no es movilización, esto tiene otro nombre: terrorismo.

Esta columna la escribo como empresario, pero también debo asumir la responsabilidad de hacerlo como un colombiano que quiere lo mejor para su país, su familia y el futuro de todo el pueblo colombiano. Por eso le digo, señor o señora lectora, que igualmente usted tiene la responsabilidad de asumir como propio este momento, en el cual está en peligro el estado de derecho.

Usted y yo sabemos que Colombia en toda su historia reciente se ha caracterizado por ser una democracia en toda su expresión, obviamente con debilidades, pero también con fortalezas, tendrá muchas oportunidades de mejora; no obstante, es un país democrático con elecciones libres hasta ahora.

Por ello, le pido desde este espacio que multiplique lo que crea conveniente fuera de Colombia, que asuma su rol activo en la comunicación y lleve el mensaje de la verdad, dado que hoy vivimos una campaña internacional de desprestigio de las instituciones que los mismos empresarios respetamos y defendemos, aunque en algunos casos no sean tan benevolentes con nosotros.

Por último, no le vamos a pedir al gobierno más que ejerza su obligación de ser el garante de las leyes y el orden para poder ejercer nuestro derecho al trabajo, al desplazamiento y el libre mercado, que se está viendo gravemente vulnerado actualmente. Confiamos en que la democracia prevalezca y se mantenga el respeto por las mayorías que votamos en Colombia, dado que las “negociaciones” que ha iniciado el gobierno Duque con los promotores del paro carecen de la legitimidad que da la votación que sí otorga la representatividad de un grupo de ciudadanos.

Hablando en términos empresariales: cuando dos empresas negocian algún intercambio, estas deben estar representadas por sus apoderados o representantes legales; en este caso, usted señor presidente, representa una parte autorizada en la ecuación, pero el comité del paro no está autorizado para representar al pueblo colombiano de ninguna forma, nadie votó por ellos en una elección a congreso.

No negocie con el pueblo equivocado la democracia, presidente, gran error cometeríamos como país admitir esto, y seguramente sus votantes no lo permitiremos de nuevo… ¿recuerda, presidente, que ya nos pasó en el plebiscito? Como dice un amigo por ahí, ¡al perro no lo capan dos veces!

Espere pronto la columna sobre EL NUEVO PODER.

Pierre Onzaga Ramírez

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