La reforma pensional del gobierno Petro podría salir más cara de lo que se cree

Colombia se prepara para enfrentar un nuevo debate y las consiguientes polémicas en torno a la reforma pensional, la cual será presentada en el próximo período legislativo del Congreso. Esta iniciativa, que ha generado gran expectativa y controversia en el país, busca realizar cambios significativos en el sistema de pensiones con el objetivo de abordar las inequidades y garantizar una mayor protección para los trabajadores en su etapa de jubilación.

Sin embargo, su contenido y posibles repercusiones económicas han despertado diversas opiniones y opiniones encontradas entre expertos, ciudadanos y actores políticos. El debate que se avecina promete ser intenso y crucial para el futuro de la seguridad social en Colombia.

De acuerdo con los expertos, esta iniciativa del gobierno de Petro en Colombia podría tener un costo fiscal mayor de lo que se estima, según advierte el Centro de Estudios Económicos Anif. La reforma pensional ha sido objeto de discusiones en el Congreso, y se han planteado cambios al texto original que han generado debate.

Entre los cambios más destacados se encuentran aquellos que impactan el régimen de transición y la edad requerida para acceder a los pilares solidario y semicontributivo. Estos cambios buscan beneficiar a las mujeres en el sistema pensional y abordar las inequidades existentes. Sin embargo, a pesar de los nobles objetivos, los ajustes propuestos podrían generar un mayor costo fiscal y no resolver los problemas estructurales subyacentes.

“En primer lugar, el texto presentado establecía que tanto los hombres como las mujeres que tuvieran mínimo 1.000 semanas cotizadas se les continuaría aplicando las normas vigentes al día de hoy. Ahora, en el texto aprobado en primer debate, se establece que las mujeres que cuenten con mínimo 750 y los hombres que cuenten con al menos 900 semanas cotizadas, se les continuará aplicando las normas de la Ley 100 de 1993″, dice el estudio.

El análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos Anif revela que los cambios propuestos tendrían implicaciones significativas en las finanzas públicas. En primer lugar, se espera que los cambios amplíen el número de beneficiarios de los programas de pensión, al reducir la edad de acceso para las mujeres. Sin embargo, esta ampliación conlleva un mayor costo fiscal, ya que se requerirán más recursos para financiar las nuevas pensiones. Además, se prevé un traslado masivo de mujeres del régimen RAIS al régimen RPM, lo que aumentaría aún más las presiones financieras sobre el sistema.

Así mismo, estos expertos agregan que si se aprueba la reforma con los cambios propuestos y se aplica el requisito de las 1000 semanas de cotización para las mujeres, el pasivo pensional ascendería a un 218 % del PIB en Valor Presente Neto (VPN) para el año 2100. Esto representa un aumento significativo en comparación con el escenario actual y pone en evidencia los desafíos financieros que enfrentaría el sistema pensional.

“Dentro de los pilares solidario, semicontributivo y contributivo se observan aumentos marginales en el costo fiscal. Esos incrementos se generan principalmente del aumento en el número de beneficiarios de los programas contemplados en la reforma al reducir la edad en la que las mujeres pueden acceder a ellos (60 años mujeres, 65 años hombres), y de la ampliación de la transición para la completa aplicación de la reforma”, agregaron desde Anif.

Es importante tener en cuenta que las inequidades de género en el acceso a las pensiones son una realidad en Colombia. Sin embargo, abordar estas inequidades requiere soluciones integrales que vayan más allá de ajustes en los requisitos de cotización y acceso a los pilares solidario y semicontributivo. Es fundamental considerar también los factores estructurales que contribuyen a estas desigualdades, como el desempleo, la informalidad laboral y las responsabilidades de cuidado no remuneradas.

“Las tres nuevas presiones de gasto que enfrentará el sistema son: i) Tener que pagar un mayor subsidio a las mujeres, toda vez que se reducirán sus semanas de cotización, pero no su mesada pensional, ii) El pago de mesadas a más mujeres que podrán pensionarse, ahora que solo es necesario cotizar 1000 semanas y iii) Un traslado masivo de mujeres del RAIS al RPM, pues, ahora será más fácil para ellas acceder a una pensión en el régimen público, lo que implica directamente una mayor cantidad de mesadas subsidiadas que deben financiarse con recursos públicos”, dijeron desde Anif.

La reforma pensional es un tema complejo y sensible, que requiere un enfoque integral para abordar las inequidades de género y garantizar un sistema sostenible a largo plazo. Es necesario encontrar un equilibrio entre la equidad de género y la viabilidad financiera del sistema. En este sentido, es crucial evaluar detenidamente las implicaciones económicas de las propuestas de reforma y considerar alternativas que puedan lograr los objetivos de equidad sin generar un costo fiscal insostenible.

“Es importante recordar que, el mayor impacto fiscal de la reforma se genera en el Pilar Contributivo, particularmente por ampliar el subsidio a todos los trabajadores en su cotización de los primeros tres salarios mínimos al régimen público. Por eso insistimos en la necesidad de disminuir el umbral del componente público del Pilar Contributivo a 1 SMLV. En ese caso se estaría acotando verdaderamente el subsidio y focalizando en las personas que realmente lo necesitan”, explica el informe.

El Centro de Estudios Económicos Anif cerró diciendo que, si bien es relevante abordar las inequidades de género en el sistema pensional, la reforma propuesta por el gobierno de Petro plantea desafíos financieros significativos. Los cambios propuestos podrían aumentar considerablemente el costo fiscal y no abordan los problemas estructurales subyacentes.

Es fundamental buscar soluciones integrales que promuevan la equidad de género y garanticen la sostenibilidad del sistema pensional a largo plazo. El debate sobre la reforma pensional debe continuar, teniendo en cuenta tanto los aspectos de equidad como las implicaciones económicas para el país.