¿Qué es el Decreto 1174 de 2020 que ahora pide tumbar Fecode?

El Decreto 1174, firmado el año pasado por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, sigue dando de qué hablar en medio de las negociaciones para levantar el paro nacional.

De hecho, en el pliego de emergencia que viene presentando el Comité Nacional del Paro desde mediados de 2020 incluye que se derogue esta norma, ya que, en su concepto, fue el primer paso para una reforma pensional en el país.

Asimismo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha venido asegurando que tras la caída de las reformas tributaria y a la salud en las últimas semanas, ahora buscarán tumbar el decreto en mención.

Pero, ¿qué incluye este decreto para generar tanto descontento? Se trata de la reglamentación del Piso de Protección Social (PPS), que es un programa con el cual las personas que ganan menos de un salario mínimo al mes ($ 908.526) pueden tener un ahorro para su vejez.

Para esto, sus empleadores deben aportar 15 % de lo que les paguen a una cuenta en Colpensiones. En ningún caso, estos recursos pueden descontarse del pago mensual y cubren salud subsidiada, un seguro de riesgos laborales y unos aportes, que van al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

En su momento, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que con esta iniciativa se busca mejorar las garantías de las personas más vulnerables. Sobre todo, porque unos 10 millones de colombianos reciben cada mes menos del mínimo y, por ende, están desprotegidos.

Teniendo esto en mente, el Gobierno encontró una solución salomónica con el PPS. La idea es simple: si bien millones no lograrán pensionarse, es clave que tengan un ahorro para cuando lleguen a la tercera edad.

A pesar de lo anterior, hay unas reglas para que este mecanismo no se convierta en un ‘conejo’ a los derechos laborales: solo podrá vincularse a personas que realicen trabajos u oficios parciales; si hay un contrato laboral de por medio, deben pagarse vacaciones, primas, cesantías y otras prestaciones. Y en ningún caso un trabajador que ya esté vinculado podrá ser trasladado a este tipo de cotización.

Si alguna de estas condiciones se incumple, a las empresas llegará la temida Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) con sanciones millonarias.

Esta modalidad, no obstante, es la misma que tiene a los sindicatos con los pelos de punta. Según el Comando Nacional Unitario, la norma fue expedida de manera unilateral y desconoció escenarios de diálogo como la Comisión de Concertación.

E incluso aseguran que se trata de una reforma laboral y pensional, que fue aprobada por la puerta de atrás. “Al introducir el contrato por horas con salarios inferiores a un mínimo mensual, desconoce el Sistema de Seguridad y Prestaciones Sociales vigente en el Codígo del Trabajo”, señala Fecode.

Y agrega que los Beps son “precarios y nunca le permitirá pensionarse a los trabajadores”, lo cual viola “mandatos legales”. Al tiempo que denuncian que esta iniciativa tentará a los empleadores a cambiar la forma de contratación de los trabajadores que ya estén en sus empresas, aun cuando el mismo decreto asegura que esto está prohibido.

El ministro Cabrera ya ha dicho que está dispuesto a dialogar y encontrar un punto medio sobre esta y otras exigencias, lo cual se viene desarrollando en las negociaciones con el Comité del Paro.

Valga decir, además, que los opositores al Gobierno mantienen su férrea defensa de que se derogue el Decreto 1174, a pesar de que sus resultados son mínimos. Un informe de la Andi señala que, en marzo, 2.475 personas cotizaron bajo la modalidad del Piso de Protección Social.

Si bien la cifra es 32 % mayor a lo que se presentó en febrero, cuando comenzó a operar el programa, las cifras aún son ínfimas. “Claramente, aún es muy poco el uso que se ha hecho de este mecanismo sabiendo del enorme potencial de formalización que tiene esta medida”, señala el reporte del gremio.

En medio de todo, asegura, hay una buena noticia y es que “las personas que han entrado a cotizar por el PPS vienen, en su gran mayoría, del sector informal o del desempleo, y no corresponden a trabajadores formales afiliados al sistema de seguridad social integral”.