Reforma pensional: empresarios piden preguntarle a “quienes son realmente dueños de los recursos”

Tan pronto como inició el 2023, uno de los temas que se puso sobre la agenda fue el de la reforma pensional que pretende adelantar este año el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de darle mayor fuerza al régimen público y garantizar un ingreso seguro a quienes actualmente no cuentan con una mesada que les permita tener una vejez digna. Si bien las AFP, los trabajadores y voceros de la Casa de Nariño están hablando desde hace meses, aún queda mucha tela por cortar frente a este tema.

Este proyecto de ley, que el Gobierno Petro espera radicar a más tardar en el mes de marzo, desató toda una polémica desde que se conocieron los pilares en los que estará fundamentado, ya que diversos expertos advierten que impactará negativamente a la economía del país, puesto que desfinanciará a los fondos de inversión, que generalmente se alimentan de los recursos ahorrados por cada trabajador en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que se usan para generar una mayor rentabilidad.

Actualmente, la polémica se centra en sí esta reforma subirá o no la edad de pensión, lo cual al parecer es una necesidad, teniendo en cuenta que el país se está envejeciendo (mucho más desde la pandemia) y conforme pasan los años, se reduce la perspectiva de fuerza laboral que sostendrá el sistema pensional en un futuro.

En una reunión sostenida el pasado 21 de diciembre con los voceros de Asofondos, las centrales obreras, Colpensiones y funcionarios de los ministerios de Hacienda y Trabajo, la directora del Dane, Piedad Urdinola, mostró una actualización preliminar de las proyecciones demográficas, cuya actualización es necesaria toda vez que la pandemia afectó las tasas de natalidad y de mortalidad de los colombianos.

La doctora Urdinola, quien tiene un Ph. D. en demografía de la Universidad de California, aseguró en su exposición que el envejecimiento de la población “llegará más rápido de lo que creíamos antes de la pandemia”. Sin embargo, pese a esto, el Gobierno nacional no ha dado luces sobre si se aumentará o no la edad de jubilación.

Los empresarios se meten en la pelea

Si bien, el tema de la edad obligatoria para jubilarse, que actualmente es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, preocupa, esto siguen sin ser definido como ya pasó con el punto que obligaría a los colombianos que ganen menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes a pasarse de los fondos privados a Colpensiones. Este punto ha despertado un revuelo en los diferentes sectores de la economía.

La polémica y debate por este tema ha llegado a tal punto que los empresarios intercedieron. Por medio de un video en sus redes sociales, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que no se puede atentar contra el derecho que tienen las personas a elegir lo que quieren para su futuro.

“Ante la posibilidad de que haya una reforma pensional, deberíamos concentrarnos en oír la voluntad de los trabajadores, de los ahorradores, de quienes son realmente dueños de los recursos del sistema de pensiones”, indicó Mac Master.

El vocero de los empresarios agregó que “hoy en día es absolutamente la posibilidad de moverse entre el sistema público y el sistema privado y al revés; cuando estamos haciendo esta selección, estamos también decidiendo cómo queremos que esos recursos sean invertidos, si queremos que sean invertidos en un portafolio, administrado por las AFP y vigilados por el Estado, o si queremos que los recursos sean administrados por Colpensiones, quien se los entrega al Estado para gasto e inversión, quien a su vez se compromete a garantizar la pensión o la mesada para cada uno de los pensionados”.

“La idea de que sea obligatorio que una parte de la pensión, de quienes están en el sistema privado, sea transferida a Colpensiones, le quita sin duda alguna la posibilidad de decisión a los ciudadanos, a cada uno de los trabajadores y obliga que esos recursos sean entregados al Estado. Quizás nos deberíamos concentrar más en darle mucha más información a cada cotizante a cada trabajador para que sea él mismo quien decida dónde desea que sus recursos sean invertidos”, concluyó diciendo en su mensaje.

De esta forma, queda claro que los empresarios no están de acuerdo con que se piense en esta obligatoriedad de traslado para los dineros que los trabajadores tienen en sus cuentas de ahorro pensional en los fondos privados. Por el contrario, piden que se abra un gran debate nacional y se tenga presente que estos recursos no son del Estado y por tanto no puede decidir qué hacer con ellos.