Reforma Pensional

Reforma pensional: ¿primero muerto que jubilado?

Cambiar el sistema de pensiones es una de las prioridades del gobierno Petro en 2023.

22 de diciembre de 2022
En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán.
En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán. | Foto: getty images

Siempre que se habla de pensiones en todo el mundo, hay tres factores que difícilmente pasan desapercibidos: la edad de jubilación, el monto de las mesadas y si es más conveniente un sistema público o privado para administrar estos dineros que buscan garantizar una vejez digna para quienes salen de la fuerza laboral y ahorraron durante toda su vida con el fin de tener un ingreso garantizado en los últimos años de su vida. Frente a esto hay ejemplos positivos y negativos por todo el mundo.

Colombia no es ajena a este debate, mucho menos desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien incluso desde que fue candidato prometió que cambiará los regímenes pensionales en el país para redistribuir, según él, de una forma más equitativa los recursos y cerrar la brecha de pobreza que se está abriendo en el país por cuenta de aquellas personas que no alcanzan a jubilarse y terminan engrosando las filas de dependientes de los subsidios del Estado.

Dentro de las propuestas del mandatario nacional destaca que quiere cambiar la forma en la que han venido operando las administradoras de fondos de pensiones y cesantías hasta este momento, generar un ingreso de 500 mil pesos para los adultos mayores que están por fuera del sistema de pensiones y darle mayor fuerza a Colpensiones, el administrador público de este sistema, que actualmente tiene un gran hueco que debe ser subsanado constantemente con recursos del presupuesto nacional.

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Los comentarios frente a este cambio han sido tan buenos como malos, por ahora. Por un lado, destacan que ayudará a que los más de 6,5 millones de adultos mayores que actualmente no tienen una pensión en Colombia puedan obtener un ingreso mínimo que les ayude a mejorar su calidad de vida. Así mismo, hay quienes piensan que se están metiendo con el dinero de los trabajadores, a quienes les quitarán el derecho a decidir cómo administrar sus ahorros para la vejez.

Esto último basados en otra de las propuestas que por ahora se ha esbozado de parte del presidente Gustavo Petro, según la cual todo aquel que gane menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes deba poner, obligatoriamente, sus ahorros en Colpensiones, que funciona como una gran bolsa común con la que se pagan las pensiones de todos sus afiliados, sin generar rentabilidades o crecimiento de los recursos guardados de cara al futuro.

Durante la más reciente reunión para debatir cómo quedará la reforma pensional que se presentará al Congreso el próximo año, realizada esta semana, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro, lanzó una dura advertencia frente a la forma en la que viene operando actualmente el sistema pensional en el país y recordó que si el país sigue como va, se está arriesgando a una fuerte desfinanciación de cara al futuro.

Para Montenegro, teniendo en cuenta factores como las implicaciones del envejecimiento poblacional sobre los sistemas de pensiones, es necesario tomar medidas desde ya para evitar mayores complicaciones de cara al futuro, puesto que se está acelerando la pérdida de fuerza laboral y es necesario cubrir todo el hueco fiscal en materia de aportes que se generará a futuro.

“La drástica transición demográfica reduce los recursos de financiamiento e incrementa los costos de un creciente número de pensionados, y por ello los sistemas de reparto puro (como el que hoy administra Colpensiones) se ven obligados a reducir los beneficios”, dijo Montenegro, quien agregó que esto implicará subir la edad de pensión, reducir la pensión máxima y aumentar los aportes o aumentar el monto de las cotizaciones, como se ha visto en otros países.

La mayoría de los adultos mayores en el comedor comunitario del centro de Bogotá  trabajan como recicladores y acuden a instituciones como estas por comida y hogar digno.
La mayoría de los adultos mayores en el comedor comunitario del centro de Bogotá trabajan como recicladores y acuden a instituciones como estas por comida y hogar digno. | Foto: Guillermo Torres Reina

Durante este encuentro entre los administradores de fondos privados, el Gobierno nacional, la academia y centrales obreras, la directora del Dane, Piedad Urdinola, mostró una actualización preliminar de las proyecciones demográficas del país y en ella se pudo apreciar que la pandemia afectó las tasas de natalidad y de mortalidad de los colombianos. La doctora Urdinola, quien tiene un Ph. D. en demografía de la Universidad de California, aseguró en su exposición que el envejecimiento de la población “llegará más rápido de lo que creíamos antes de la pandemia”.

Durante esta conversación, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) expresó que hacia 1950 había más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años; hoy hay solo cuatro; a mediados de siglo habrá solo dos y hacia finales del siglo XXI solo habrá uno.

“Lo más grave es que, por causa de la informalidad, hoy día ya solo hay dos trabajadores formales por cada adulto mayor. Y lo que hace aún más insostenible los sistemas de reparto es que dicha cifra continuará reduciéndose por los procesos de robotización y digitalización de la sociedad”, agregó Santiago Montenegro.

Así las cosas, si las cosas siguen como han venido sucediendo hasta el momento, cada vez es más necesario subir la edad de jubilación para hombres y mujeres en el país, que actualmente está en los 62 años para ellos y los 57 años para ellas, o de lo contrario el país se arriesga a vivir una desfinanciación de este sistema, lo cual sería mucho más grave, puesto que no habría dinero que cubra toda la demanda de pensiones que se proyecta de cara a 2055.