Alertas tempranas sobre la reforma laboral y la productividad laboral

La reforma laboral propuesta por el gobierno nacional deliberadamente está diseñada dejando de lado el gran debate sobre la informalidad laboral y de espaldas a la productividad laboral. Esto implica que puede resultar contraproducente y creará más problemas de los que pretende solucionar.

En efecto, la ambiciosa reforma se propone robustecer y aumentar los derechos laborales ya reconocidos a los trabajadores formales en el país, los cuales -por demás- son una minoría frente a la fuerza laboral, con cifras del DANE. Se ocupa de una amplísima temática que va desde disminuir la jornada, fortalecer la inamovilidad en el empleo y restringir la tercerización e intermediación, hasta masificar y facilitar la huelga por diversos motivos y con pocos requisitos, al tiempo que marchita sectores críticos como Oil & Gas.

Sin embargo, esta cruzada “por los derechos sociales” no solo está haciendo caso omiso de las urgencias propias de disminuir la informalidad laboral sino que creará un escenario en el que ésta podrá aumentar exponencialmente y debilitará a los empleadores y al sector productivo. Luego, en un mercado laboral con menos plazas de empleo formal habrá más gente en el desempleo, el subempleo y en indignas y precarias condiciones laborales.

Un empresario no contrata los trabajadores que le impone un gobierno sino los que le dicta el mercado. Si su empresa crece, podrá invertir en más tecnología e innovación y contratará más mano de obra calificada o no calificada. En cambio, si el empresario es menos eficiente porque le cuesta más producir los bienes y servicios que pone en el mercado, su supervivencia estará a merced de competidores mejor preparados (como los extranjeros). Pareciera una obviedad, pero nada de esto está expuesto en la reforma y aquí entra en juego el concepto de productividad laboral.

La productividad laboral en términos simples tiene que ver con la eficiencia con la que una compañía (o el sector productivo en general) puede producir bienes y servicios. La OIT la define como el volumen total de producción (PIB) por unidad de trabajo (por número de personas o por horas trabajadas) en un período determinado. Es una forma de medir “la eficiencia y la calidad del capital humano en el proceso de producción para un contexto económico y social determinado, incluidos otros insumos complementarios e innovaciones utilizados en la producción”.

Pues bien, si una empresa o una economía tiene niveles más altos de productividad laboral quiere decir que puede producir más eficientemente bienes y servicios, lo cual se traduce en un crecimiento de la economía, ampliación del tejido empresarial y, por supuesto, creación de riqueza. Si los niveles son bajos, pues hay un debilitamiento del sector productivo y menos capacidad económica para crear más plazas de empleo, pagar mejores salarios y financiar más derechos laborales.

En Colombia, entonces, se está proponiendo una ampliación significativa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, deliberadamente se omite decir que el país tiene de los peores índices de productividad laboral de la región y del mundo desarrollado.

En efecto, mientras que con datos de la OIT para 2021 el país con mayor índice de productividad es Luxemburgo con $136,45 dólares por hora trabajada, Colombia está en apenas raquíticos $15,72 dólares. Por encima de Colombia están Puerto Rico, España, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Trinidad y Tobago, República Dominicana, México, Cuba y Brasil, entre -nada menos- que 90 países más. Con similares índices a los colombianos están Ecuador, Venezuela y Paraguay; y solo más abajo están Perú, El Salvador, Bolivia y la mayoría de los países africanos.

¿Cuál es el efecto de incrementar los costos laborales sin tener en cuenta la productividad laboral que permita crear las condiciones económicas para financiarlos? Es probable que la respuesta sea difícil de admitir pero no será difícil de predecir: informalidad laboral, pérdida de competitividad, debilitamiento del tejido empresarial y marchitamiento del sector productivo. Urge reenfocar el debate público hacia la productividad.

Por: Carlos Arturo Barco Álzate, socio de Álvarez Liévano Laserna