Modelo de empleo y régimen de pensiones

La necesidad de un diálogo articulado entre los diferentes sectores de la economía se hizo evidente en el panel sobre la generación de empleo en el país. Desde la academia, el sindicalismo, los sectores productores y el gobierno, se presentaron análisis y propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos y bajar los índices de desempleo.

De acuerdo con Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social del Externado, la expansión de la flexibilidad laboral no significó una degradación tan dramática en los niveles de calidad de vida para los trabajadores como se pensaba inicialmente. De hecho, Farné aseguró que las condiciones de los trabajadores independientes han mejorado especialmente para las mujeres.

En Contraste Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, afirmó que se necesita formalizar la mayor cantidad de trabajadores posibles.

Para Sarmiento “se debe cambiar el modelo económico colombiano, bajarse de la locomotora la locomotora minera pues, según él, es la que menos empleos genera” en ese sentido la economía colombiana debe “concentrarse en la industria y la agricultura, si quiere superar las dificultades que atraviesa en términos de empleo y crecimiento económico”.

El académico aseguró que el Estado debe involucrarse más en la industria para generar empleos para lograrlo: “el Estado puede subsidiar el 50 por ciento del salario mínimo de cada trabajador que contraten las empresas, así el empresario solo asumiría la mitad de la carga y esto formalizaría una buena parte del empleo en el país”.

La discusión en el foro giró entonces a las razones por las que el crecimiento económico generaba o no, un descenso en los índices de desempleo y si el crecimiento traía consigo un aumento en la calidad de las condiciones de los trabajadores.

Farné aseguró que el crecimiento económico se acompaña de una mejora en la calidad del empleo y un aumento en los ingresos de los trabajadores, pero, concluyó, estos efectos pueden ser magnificados si se acompañan de políticas de refuerzo a la institucionalidad laboral, el incremento en la vigilancia y control de las normas laborales y de las relaciones obrero patronales a través del fortalecimiento del sindicalismo.

Al respecto el director del área de defensa de derechos y comunicación de la Escuela Sindical Nacional, Juan Bernardo Rosado, aseguró quela informalidad en el empleo repercute gravemente en muchos sectores como la salud, pues los altos índices de informalidad llevan a que baje el número de cotizantes.

“Es muy grave que una economía que crece a este ritmo, realmente no esté produciendo los efectos redistributivos que es necesario desarrollar en Colombia” aseguró Rosado, resaltando además que “en Colombia además de la pobreza tenemos el problema de la distribución del ingreso y la desigualdad”.

Para superar estos problemas, Rosado aseguró que se necesitan políticas más agresivas, un cambio en la manera en que las entidades territoriales asumen el problema, un mayor compromiso del empresariado, y en general asumir el trabajo no como un asunto de mercado si no como “un derecho fundamental que va mucho más allá del salario que reciben las personas”.

Alberto Echavarria, vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la ANDI, aseguró que las proyecciones de la economía colombiana apuntan a situarse en el tercer lugar de Suramérica, al tiempo que aseguró que la empresa privada es la principal generadora de empleo del país y deben crearse políticas públicas que fomenten y la incentiven para crecer aún más y solventar esas problemáticas.

En respuesta a la necesidad de atacar el desempleo el viceministro de Empleo y Pensiones señaló que el ministerio de Trabajo considera necesario abordar la problemática desde los enfoques regional, sectorial y por grupos poblacionales.

Para el viceministro resulta de gran importancia que se entienda que las necesidades laborales y el problema del desempleo se presentan de forma diferente en cada región del país. De igual forma se presentan de maneras diferentes entre los distintos sectores productivos y no se comportan igual en toda la población por lo que se hace necesario diferenciar entre grupos poblacionales.
 
 Esta especialización permitiría atender de manera más efectiva los retos que representan el desempleo y la informalidad.

Régimen de pensiones

En su intervención el Procurador General de la Nación y uno de los impulsores del foro, Alejandro Ordóñez, resaltó que la ley es innegociable, señalando que algunas entidades se niegan a reconocer los derechos pensionales de muchos solicitantes. “Les guste o no la ley está y hay que cumplirla, sobre eso no cabe ninguna discusión” recalcó enérgicamente Ordóñez.

“Al afiliado en muchos casos se le considera indigno de sus derechos y se le sataniza por reclamarlos” señaló el Procurador, afirmando que el ministerio público ha urgido en varias ocasiones a las entidades para que no se pongan trabas a los pagos y obligaciones con los solicitantes.

Las demandas y tutelas que las personas deben interponer para reclamar sus derechos pensionales, generan desconfianza entre los ciudadanos con las entidades, además de hacer incurrir en gastos jurídicos a la nación, congestionar el sistema judicial, fomentar la corrupción y violar los derechos de los ciudadanos, son algunas de las consecuencias negativas que el procurador le atribuye a la mala gestión de los regímenes pensionales.

En ese sentido la procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social de la Procuraduría, Diana Ojeda, aseguró que el sistema pensional debe ser complementario, con reglas claras sobre los fondos privados y en donde la utilidad no sea el único fin de estos.

Por su parte el consejero de Estado, Gerardo Arenas, aseguró que de crearse un nuevo régimen pensional este debería sustentarse en una reforma pensional integral, en el cumplimiento cabal de las obligaciones con el cotizante, con una administradora pensional robusta financieramente y apegado a la jurisprudencia, en lo que coincidió con el Presidente de Colpensiones Pedro Nel Ospina.