¿Lupa a los servicios públicos en Colombia? Esto responde la Auditoría General de la República

El acceso a servicios públicos domiciliarios sigue siendo una deuda pendiente en Colombia, en especial en las zonas rurales. Según la Encuesta de calidad de vida 2023, del Dane, más de 5 millones de personas carecen de agua potable, 3,4 millones de hogares no tienen alcantarillado y el 68 por ciento de los hogares rurales no cuentan con recolección de basuras. Ante este panorama, el control fiscal se convierte en una herramienta esencial para garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a estos servicios básicos.

La Auditoría General de la República ha realizado un exhaustivo análisis, a partir de la información reportada por las Contralorías en su Sistema Integral de Auditoría (SIA), sobre la prestación de los servicios públicos entre 2020 y 2024. Según el informe, anualmente se vigilan 670 empresas prestadoras de estos servicios, con un presupuesto auditado de 61 billones de pesos. No obstante, el régimen especial bajo el cual operan la mayoría de estas entidades dificulta la vigilancia de la contratación y ejecución de recursos.

“Se ha identificado que el 72 por ciento de los contratos en el sector se suscriben bajo el régimen especial o de forma directa, mientras que solo el 8 por ciento se adjudica mediante licitación pública”, asegura el informe. Este modelo de contratación causa preocupaciones, porque puede provocar el monopolio en la prestación y sus respectivas consecuencias en la calidad del servicio.

Otro hallazgo relevante es la inadecuada clasificación presupuestal de los recursos. Entre 2020 y 2024, cerca de 2,9 billones de pesos fueron destinados a rubros administrativos como “fortalecimiento institucional” y “apoyo a la gestión”, en lugar de ser dirigidos a la infraestructura y mantenimiento de los servicios públicos. “El uso inadecuado de categorías presupuestales puede reducir la disponibilidad de fondos para subsidios y tarifas diferenciales, afectando directamente a los estratos más bajos”, señala la Auditoría General de la República.

El impacto de estos problemas en la ciudadanía es evidente. El incremento en las tarifas de los servicios públicos ha preocupado a los usuarios. En Bogotá, el costo promedio del gas pasó de 64.000 a 70.000 pesos mensuales en un año y, con un nuevo aumento del 36 por ciento, la tarifa podría llegar a 95.000 pesos. En otras regiones, como el Eje Cafetero y Santander, los incrementos oscilan entre el 20 y el 25 por ciento. Estos aumentos, sumados a las deficiencias en la cobertura y calidad del servicio, resaltan la urgencia de fortalecer los mecanismos de control fiscal.

Ante estos desafíos, el foro ‘Servicios públicos: control y transparencia’, organizado por SEMANA y la Auditoría General de la República, propone un debate sobre la vigilancia de los recursos y la eficiencia en la prestación de estos servicios esenciales. “El control fiscal no es un mecanismo de sanción, sino una herramienta para vigilar que los recursos públicos sean utilizados con eficiencia y transparencia”, enfatiza la Auditoría General de la República.

El evento se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, será por semana.com y las plataformas digitales de SEMANA, y reunirá a expertos y autoridades para discutir el marco legal vigente, la gestión de las empresas prestadoras de servicios y el papel de las Contralorías territoriales en la fiscalización. Se espera que del foro surjan propuestas para mejorar la supervisión de los recursos públicos y fortalecer la capacidad de las entidades de control, garantizando así una mayor transparencia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos en Colombia. ¡No se lo pierda!