Seguridad vial: más retos que logros en Colombia

En los últimos treinta años, 195.000 colombianos han fallecido en carretera y calles de nuestro país, lo que significa la desaparición en promedio de 6.500 vidas por año y 17 por día, entre 1993 y 2022. Si bien las cifras en este periodo han conocido oscilaciones entre disminuciones e incrementos, en los dos últimos años se ha alcanzado la mayor cantidad de muertos en siniestros viales: 7.895 y 8.264 en 2021 y 2022, respectivamente. Estos son los datos más altos de toda la historia en Colombia, con un promedio, para el año anterior, de 23 fallecimientos diarios y una tasa de muertes de 16 por cada 100.000 habitantes; superando el año más crítico desde que se cuenta con registros de siniestralidad vial: 1995 con 7.874 muertes.

Además, los resultados del primer trimestre del año en curso muestran datos muy superiores a los de 2021 y 2022, que de seguir así podrían alcanzar más de 9.000 muertes al cierre de 2023. Con base en estas preocupantes tendencias al incremento, es urgente para la sociedad colombiana priorizar la protección de la vida. Se deberá buscar y priorizar conjuntamente, entre múltiples actores públicos, privados y de la sociedad civil, las transformaciones necesarias para enfrentar los grandes retos en seguridad vial.

Dentro de las recientes transformaciones en movilidad y seguridad vial se contrastan, por un lado, las mejoras del transporte público de varias ciudades, y por otro, la consolidación y la masificación de la motocicleta como el principal vehículo en el territorio nacional; y el incremento de nuevos servicios basados en plataformas digitales, tanto para transporte de pasajeros como de mercancías y paquetería.

Estos sistemas están relacionados con el incremento de las velocidades de circulación en las vías, debido a la fuerte concurrencia y competencia entre los conductores para disminuir los tiempos de espera de los clientes. Son servicios que se prestan en muchos casos en condiciones particulares de operación, por ejemplo, el estado de los vehículos es en su mayoría obsoleto en motos, ciclomotores e incluso mototaxis de dos y tres ruedas. Además, en estos contextos existe poco respeto por las normas de tránsito y bajos niveles de formación para la obtención de las licencias, incluso son muy altos los porcentajes de no tenencia de este documento y del SOAT.

A la vez ha incrementado el uso de pequeños vehículos como patinetas y scooters con motores eléctricos y térmicos. En el mismo sentido se han generalizado los viajes de motociclistas a escalas nacionales y regionales, a lugares de origen y destino cada vez más dispersos y distantes, en particular en las principales regiones metropolitanas del país. Esto plantea un panorama cada vez más complejo, en el que la gestión de la movilidad y la seguridad vial se hace cada vez más exigente en términos administrativos, humanos, técnicos, tecnológicos y, sobre todo, económicos.

Será indispensable priorizar y ampliar las aproximaciones a estas problemáticas de movilidad y seguridad vial para lograr una visión que sea a la vez nacional y regional, así como distrital y municipal con una focalización específica en los corredores más críticos y en los actores más vulnerables y de mayor exposición al riesgo. En ese sentido, el uso de las TIC debería ser más aprovechado en sus posibilidades para identificación de los vehículos; gestión de las bases de datos nacionales, tratamiento de las infracciones; tanto para su detección y registro como para su monitoreo y fomento de la seguridad vial. Por diversos temas administrativos, legales y del legislativo nacional en Colombia, se utilizan muy poco las TIC para temas de movilidad y seguridad vial. En estos asuntos se podría decir que el país está particularmente atrasado y que casi todo está por hacerse.

En conclusión, muy pocos gobernantes nacionales o locales han priorizado la reducción del número de muertes por inseguridad vial y sí por violencia, por lo que es necesario que las prioridades generadas para la reducción de homicidios sean también implementadas para abordar la reducción de muertes en carreteras y calles. Este es un reto descomunal, que requiere un trabajo articulado de múltiples actores, que va mucho más allá de la formulación de políticas públicas de seguridad vial distritales y regionales.

Se deben articular diversas temáticas, prioridades e instancias y se requerirá de la participación y la voluntad de actores públicos y privados, nacionales y regionales para encauzar los procesos en el mismo camino. Abordar la reducción de la inseguridad y violencia vial implica poner en la misma mesa a los entes de control; varias dependencias e instancias nacionales, regionales y locales; los grupos de usuarios y sus actores económicos de las cadenas productivas del transporte; los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.

Además, se cuenta con el apoyo de varios organismos internacionales que han venido trabajando y financiando a varias ciudades del país y a grupos de la sociedad civil para avanzar en la promoción de las medidas necesarias para la reducción de las muertes por inseguridad vial; y la implementación de tecnologías contemporáneas de informática y telecomunicaciones. Finalmente, dada la importancia planteada por este gobierno a la Paz Total y la Seguridad Humana con el propósito de que “no haya un solo muerto producto de la violencia”; valdría la pena integrar dentro de estos conceptos la violencia e inseguridad vial, para lograr una “paz vial” dentro de la Paz Total.