Un año de grandes reformas. ¿Para dónde va el país?

Con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño se anunció un coctel de reformas que apuestan por un cambio profundo en la sociedad. La reforma agraria, la posible desaparición de las EPS y la transformación del sistema pensional son algunas de las propuestas que han causado inquietud en todas las esferas. Lo único claro es que 2023 será el año en que todas estas iniciativas se discutirán y marcarán el rumbo del país.

Reforma agraria

Una de las reformas más esperadas es la agraria, pues la propiedad y el uso de la tierra han sido las principales causas del conflicto armado que ha vivido Colombia durante los últimos 50 años, a tal punto, que son ejes centrales de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las extintas Farc-EP.

El objetivo de esta reforma es, principalmente, la reparación de poblaciones excluidas históricamente y el cierre de las brechas de inequidad social entre el campo y la ciudad.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explica que el reto más grande es la financiación de la compra de tierras, pues los recursos son escasos y es un tema que “aún tiene nubarrones en frente”.

Durante la Asamblea de Cafeteros, Cecilia López, ministra de Agricultura, explicó que para materializarla y cumplir con las expectativas de entregar 500.000 hectáreas por año, el país tendría que emplear “la mitad de la reforma tributaria” solo en la compra de tierras. Por lo tanto, se debe hacer un esquema de financiación a largo plazo.

“No deberíamos gastar la plata en cambiar el nombre a las escrituras de propiedad de la tierra”, asegura la senadora Paloma Valencia. Desde su perspectiva, el Gobierno tendría que invertir recursos en la transformación productiva para generar valor agregado a los productos agrícolas, pues “ahí hay más riqueza para los campesinos colombianos”. Para que la reforma atienda los problemas del campo, Bedoya y Valencia coinciden en que la redistribución de tierra no es suficiente. Además, es necesario concentrar esfuerzos en la dotación de bienes públicos, crédito público y el aseguramiento de las cosechas.

Reforma a la salud, ¿el fin de las EPS?

Otra de las grandes reformas anunciadas por el Gobierno es darle un giro de 180 grados al actual sistema de la salud, en el que se ha planteado eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otorgar el control a los hospitales públicos. En palabras de la ministra de Salud, Carolina Corcho, el sistema está diseñado para “ser un barril sin fondo en donde se privilegia la enfermedad, el alto costo. Lo mejor que le puede pasar es que la gente esté enferma, porque factura más contra el Estado, todo lo contrario a un seguro privado”.

Su propuesta consiste en Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales (Emit) como la nueva columna vertebral del sistema. Sin embargo, los expertos ven con gran preocupación este esquema.

Gustavo Quintero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, resalta que pese a lo interesante de la propuesta de los Emit y su enfoque regional, no es aún claro cómo se implementarán y su viabilidad en todo el territorio no parece factible, pues se necesitan por lo menos 20.000 médicos.

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), asegura que con la eliminación de las EPS el país dejaría de lado los avances que se han desarrollado en los últimos 25 años. Entre los que destaca: la gestión de riesgo en salud, la prestación de servicios y la protección de riesgo financiero en los hogares.

Así mismo, considera que la eliminación de estas entidades traería consecuencias graves para la salud de los colombianos. En primera instancia, aumentaría el precio de este servicio, se perdería la articulación entre pacientes y usuarios con los diferentes servicios de salud y también se reduciría la capacidad de atención, porque recaería toda la responsabilidad en el sector público.

Reforma pensional

Esta es otra de las banderas del presidente Petro. El objetivo es lograr un modelo para solucionar el problema de cobertura que tiene el sistema pensional “y que todos los adultos mayores, en condición de pobreza, a través del apoyo del Estado, tengan la posibilidad de tener una vejez digna”, aseguró Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo.

Luego de que se conocieran los detalles de esta iniciativa, académicos y el sector gremial reaccionaron. Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios de Asofondos, señala que darle subsidio a los adultos mayores que no alcanzan a cumplir con el requisito de pensión es un propósito loable, pero el desacierto de la iniciativa está en “sacrificar los ahorros pensionales de los trabajadores para ello”.

Aunque los subsidios son importantes, también lo es premiar el esfuerzo de aportar y ahorrar. Desde Asofondos se han propuesto fortalecer el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para que por cada peso ahorrado durante la vida, el Gobierno premie con, por ejemplo, 40 centavos. Esto se vuelve en un ingreso complementario al subsidio para quien no se alcanza a pensionar.

Por su parte, Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, dio un mensaje de tranquilidad a los críticos de la reforma. Reiteró que para “quien no tenga la edad ni los recursos, el Estado colombiano se hará responsable”, pues los beneficiarios de ciertos recursos estatales deberán ser solidarios con la situación.

“Si no se cambian los parámetros bajo los cuales se obtiene una pensión en el régimen público, la reforma es financieramente insostenible para el Gobierno en el largo plazo, pues se estaría aumentando el flujo de caja en el corto plazo a cambio de una enorme deuda implícita que tendrá que pagarse en el futuro”, advierte Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Los expertos concuerdan en los riesgos que esta propuesta implica para el ecosistema pensional, señalan que el ahorro de los jóvenes peligra, pues aún no se sabe cómo van a pagarles cuando lleguen a su jubilación. Además, si no se reducen los beneficios del régimen público, las finanzas del país se verán afectadas y el Estado se verá obligado a tomar medidas impopulares como aumentar la edad de retiro o hacer que la pensión del régimen público como porcentaje del salario sea mucho menor a la actual.

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