Nuestras Fuerzas Armadas en el postconflicto

Todos queremos la paz. Este es un anhelo nacional que obviamente no presenta, ni puede presentar ningún tipo de rechazo. Las Fuerzas Militares y de Policía, no se oponen a la paz. Nuestros soldados y policías son los más afectados por el conflicto armado que actualmente estamos enfrentando. Esta es una realidad que nadie puede controvertir. 

Miles de familias hoy en día, visten y han vestido obligante luto por la pérdida de valiosos jóvenes, que un día juraron defender a su patria, y que en cumplimiento de ese gran compromiso, ofrendaron sus vidas para proteger a todos y a cada uno de los colombianos.

 

A través de toda nuestra historia, estas Fuerzas Armadas han sido el pilar fundamental de una democracia ejemplar. Nadie puede negarlo. Esto sin lugar a dudas, se viene traduciendo en estabilidad política, económica y jurídica para la nación entera. Ese es el gran papel que han jugado quienes legal y constitucionalmente, portan las armas de la República.

 

Todos somos conscientes de que esta paz tan anhelada después de medio siglo de conflicto armado, solamente podrá alcanzarse a través de una negociación política, tal como se está intentando en este momento, o por victoria militar mediante el uso legal de la fuerza por parte del Estado. Por ahora, la decisión de este gobierno, es tratar de lograrla haciendo uso de una negociación política.

Sobre este particular, es conveniente decir que el actual comisionado de paz ha hecho la advertencia que para la obtención de esta paz tan deseada se requerirá de un proceso gradual no menor de diez años y que por ahora, en caso de lograrse los acuerdos respectivos en la mesa de conversaciones y una vez sean refrendados por el pueblo colombiano, se llegaría a una etapa de postconflicto, donde el papel de las FF. MM. y de la Policía Nacional será supremamente importante.

 

Consecuente con lo anterior, el alto mando militar y policial, previendo este eventual postconflicto, ha anunciado que en el momento actual ya existen distintos planes que tienen relación directa con diversas tareas de consolidación, control de áreas territoriales para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos que  sean convenidos y múltiples programas relacionados con obras de infraestructura rural en zonas que han sido afectadas por la violencia armada.

Para cumplir con este propósito, el esfuerzo principal estará a cargo de unidades de ingenieros militares y otras especializadas en acción cívica militar y policial.

 

Se equivocan quienes creen que en caso de un eventual postconflicto nuestras Fuerzas Armadas deben ser restructuradas en cuanto a su pie de fuerza y en cuanto a las funciones constitucionales que les compete en materia de soberanía nacional, tanto en el frente interno como en el frente externo y en asuntos policivos de seguridad y paz ciudadana.

 

No nos preocupa el postconflicto. Nos preocupa sí, que fuerzas oscuras conformadas por grupos políticos de extrema izquierda radical que han venido actuando exitosamente en contra de la institucionalidad y de los pilares básicos de nuestra democracia, resulten en esta etapa fortalecidas y se consoliden abiertamente como amenaza permanente contra el país, y particularmente contra el estamento armado de la República.

Esta es la amenaza que insistentemente hemos venido denunciado, en relación con la guerra política y la guerra jurídica que desde tiempo atrás nos afecta significativamente.

La guerra política, tal como lo hemos dicho, se esta materializando por la acción sistemática y persistente de diferentes ONGs que habitualmente se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos, y por otras de carácter eminentemente político, comprometidas directamente con corrientes neocomunistas y con movimientos socialistas o progresistas de reciente aparición, tales como el llamado “Foro de Sao Paulo” y la “Coordinadora Continental Bolivariana”. De estas dos organizaciones, por ejemplo, el grupo terrorista FARC forma parte integrante desde el momento mismo de su creación.

En cuanto a la guerra jurídica, no es otra cosa que el uso de la normatividad jurídica existente para someter al escarnio público o al cuestionamiento social a quienes por circunstancias del conflicto armado puedan verse involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley. 

Como complemento de todo lo anterior y siendo consecuentes con  los posibles acuerdos que pudieran surgir dentro  de la negociación para la terminación del conflicto armado, esto también podría ocurrir:  

- Creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana contando como componentes principales con la Policía Nacional, una organización legal de reinsertados con armas y algunas facultades de policía, como también, una central única de inteligencia para efectos de seguridad interna y control del orden público. La inteligencia militar seria significativamente restringida y estaría únicamente destinada a la seguridad fronteriza para detectar eventuales amenazas en el frente externo.

- Expedición de una ley habilitante otorgando facultades especiales al Jefe del Estado para implementar las distintas reformas que sean requeridas en concordancia con los acuerdos pactados con las organizaciones terroristas (reforma agraria, control del orden público, participación política, narcotráfico, reinserción, acción penal para desmovilizados, etc, etc). Este procedimiento excluiría al Congreso de la República de su responsabilidad en expedir la normatividad jurídica y legal requerida para formalizar dichas reformas.

- Otorgamiento de "algunos beneficios jurídicos" a miembros de la fuerza pública para justificar en términos de equidad, los que les sean proporcionados a integrantes de las organizaciones terroristas. (Sofisma de Justificación).

- Utilización de todas las investigaciones y estudios relacionados con la persistente exigencia de elaboración de una “memoria histórica” del conflicto armado para el esclarecimiento de la verdad, como instrumento jurídico esencial para futuros procesos y juicios de responsabilidad, particularmente contra las máximas jerarquías de la fuerza pública, y en especial contra quienes hayan sido exitosos en la lucha contra el terrorismo (Responsabilidad mediática – Unidad de contexto – Máximos responsables).

-Crecimiento de las distintas redes existentes de ONGs nacionales y extranjeras y de algunos grupos políticos, para asediar a miembros de la fuerza pública y frenar paulatinamente la acción legítima que les corresponde en materia de seguridad, defensa nacional y tranquilidad pública. Tal circunstancia, sin duda alguna, abriría el camino para el fortalecimiento del neo comunismo o socialismo progresista siglo XXI en busca del poder a través de la vía democrática.