Gasolina: el hombre que ‘frenó’ al gobierno

Camilo Araque Blanco (Cali, 1985) pasó en pocas horas de ser un anónimo abogado a convertirse en el primer colombiano que consiguió poner en cintura al gobierno a la hora de fijar el precio de la gasolina.

En la noche del miércoles pudo celebrar uno de los mayores triunfos de su novel carrera cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo del Plan de Desarrollo que le otorgaba la facultad al ministro de Minas de fijar el precio de los combustibles basándose en el precio internacional del barril de petróleo.

Araque dice que su obsesión como abogado son las causas altruistas. “No me obsesionan los honorarios. Hay muchos abogados que prefieren defender a estrellas de televisión, políticos y ganar mucho dinero en esas causas. Me motivan más las causas jurídicas que tengan alto impacto en la comunidad”, dice este egresado de la Universidad Externado en Bogotá, especializado en derecho administrativo.

Su inclinación por el derecho la lleva en la sangre. Su padre es el fiscal y oficial retirado César Araque, a quien consulta cada una de sus decisiones.

En su corta carrera, Araque ha desfilado por las tres ramas del poder público. Inició como judicante en el juzgado 32 de Bogotá y luego se convirtió en la mano derecha del juez Óscar Dimaté Cárdenas, actual magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien le dio la confianza para proyectar los fallos de las acciones de tutela que llegaban a su despacho.

Tras su paso por la rama judicial pasó al legislativo. Fue asesor jurídico del Concejo de Bogotá y luego pasó al Ejecutivo donde se desempeñó como asesor del comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.

Allí, en la Casa de Nariño, integraba el equipo de abogados que tenían la misión de revisar los antecedentes de cada uno de los desmovilizados de las autodefensas que eran postulados por el gobierno para acceder a la Ley de Justicia y Paz. Por eso se precia de ser uno de los colombianos que más conoce las historias de lo que fue la tragedia del paramilitarismo en el país.

Tras su paso por el ejecutivo, llegó al Congreso de la República como asesor jurídico del senador Armando Benedetti, del Partido de La U, quien reconoce en Araque al cerebro de las principales iniciativas que ha impulsado en el parlamento. 

Este abogado diseñó el proyecto que pretendía reconocer el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo y el que despenalizaba la práctica de la eutanasia, dos iniciativas que fueron derrotadas en el Congreso. También fue autor del proyecto que pretende profesionalizar el ejercicio de la prostitución en el país y el de las nuevas disposiciones para los taxistas con el fin de evitar los paseos millonarios.

Araque también fue el autor de la ponencia con la que se hundió el proyecto que pretendía convocar a una Asamblea Constituyente promovido por el senador uribista Juan Carlos Vélez.

Pero la demanda contra el Plan de Desarrollo no fue el único triunfo jurídico de Araque. En el 2008 se atrevió a demandar la elección del defensor del pueblo Vólmar Pérez porque el presidente Álvaro Uribe no incluyó una mujer en la terna de candidatos que le propuso a la Cámara de Representantes. Dicha demanda fue fallada a su favor por el Concejo de Estado, lo que obligó al presidente Uribe a incluir una mujer en la terna y a repetir el proceso de elección.

Otro de sus triunfos fue el que obligó el reintegro de 290 fiscales que habían sido separados de sus cargos en el 2008 tras un polémico concurso de méritos. Actualmente, representa a los exfuncionarios del extinto Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, adscrito al Ministerio de Educación, quienes demandaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberlos reintegrado en otras entidades a pesar de ser funcionarios de carrera. Muchos de los demandantes, dice Araque, son mujeres cabeza de familia.

Araque también es obsesivo en leyes y decretos, los cuales lee hasta en su letra menuda para encontrar cualquier irregularidad que pueda afectar los derechos de los ciudadanos.

Fue así como descubrió el decreto 4839 del 2008 en el que el presidente Álvaro Uribe le otorgó la facultad al ministro de Minas de fijar el precio de los combustibles basado en el precio internacional del petróleo.

Años después, recuerda el abogado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se percató de dicha demanda por lo que incluyeron los alcances del decreto en la ley del Plan de Desarrollo, por lo que también decidió demandar esta norma, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Araque dice que quiere contribuir a limpiar la mala imagen que a su juicio tienen los abogados. Aspira a litigar a gran escala y su sueño es convertirse en magistrado de las altas cortes.