“Voy a llegar al Senado”: la nueva aspiración de Epa Colombia

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, continúan dando de qué hablar. Luego de que en días pasados fuera condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a pagar más de cinco años de cárcel por hechos relacionados con los destrozos a TransMilenio en noviembre de 2019, ahora la joven anunció que aspira llegar al Senado de la República, aunque aún se desconoce cómo se desenvolverá su situación jurídica.

Su aspiración es llegar al Congreso para, según Barreras, combatir las injusticias sociales, según dijo a través de sus historias de Instagram: “No quiero más injusticia contra los pobres. Tengo que llegar, voy a llegar al Senado si tú me sigues apoyando”.

Además, la influenciadora colombiana le indicó a sus seguidores que en los próximos días será galardonada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

“Seré condecorada en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos esta semana o la otra. Me pondrán una medalla, me darán un cartón y con eso me defiendo, iré a la calle a defenderme”, afirmó.

Por otra parte, ‘Epa Colombia’ se refirió a la millonaria multa que debe pagar luego de que fuera condenada por el Tribunal Superior de Bogotá, que le impuso una multa de 472 millones de pesos, más 63 meses de cárcel.

“Bueno amiga, realmente ha pasado de todo, pero me toca pagar una multa de 472 millones amiga, eso que era como de más, era como de 800 millones, solo que me la rebajó al 50 %. Es mucho dinero el que me toca pagar y yo antier pagué la nómina de mis empleados, a primera hora y era festivo, ellos tienen que comer, tienen que pagar su arriendo”, manifestó la influenciadora y empresaria.

En días pasados, Epa Colombia reveló cuánto debe pagarle a su abogado, quien está llevando a cabo su apelación sobre la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá.

La influenciadora comentó en sus redes sociales que empezó un nuevo negocio para sumar más ingresos que le permitan cancelar su deuda, que como dijo asciende a casi 500 millones de pesos. “Pueden comprarme el combo relámpago para terminar de pagar, primero, una multa de 472 millones de pesos y, otra, porque el abogado me está pidiendo 20 millones de pesos. Sume cuánto necesito acá: casi 500 millones de pesos”, mencionó la joven.

Cabe señalar que el recurso de casación es la posibilidad que tiene cualquier procesado que resulte con una condena en segunda instancia, como fue el caso de Epa Colombia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Lo que espera la defensa es que la Corte Suprema admita esa casación y estudie nuevamente el proceso para determinar qué tan justa, efectiva o ilegal fue la condena por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del transporte público y, el más grave, instigación para delinquir con fines terroristas.

En febrero de 2020, Epa Colombia resultó condenada en primera instancia tras aceptar los delitos que le imputó la Fiscalía, sin embargo, en ese momento la juez de conocimiento dijo que no existían los elementos materiales probatorios para demostrar su participación en el delito instigación para delinquir con fines terroristas y por eso su pena llegó a los tres años y medio de prisión.

La Fiscalía y la representación de víctimas, en este caso TransMilenio y Recaudo Bogotá, apelaron esa condena tras insistir que efectivamente Epa Colombia participó en el delito que ella misma aceptó cometer y por tanto la pena debería incluirlo.

“Que se discutan las decisiones de parte de la sociedad muy bien, que se respeten las decisiones judiciales elemento central de la institucionalidad, como fiscal general celebro porque este es un momento importante para la propia justicia, así como los abogados penalistas muchas veces salen y despotrican de la Fiscalía porque es su objetivo natural despotricar, de la Fiscalía porque ellos buscan sentencias absolutorias”, dijo en su momento el fiscal, Francisco Barbosa.

17 meses después, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá le dieron la razón a la Fiscalía y las víctimas al incluir nuevamente el delito y de plano aumentar en dos años más la condena con algunos agravantes: negar la detención domiciliaria y que la pena debe pagarla en una cárcel.

“Que frente a esta decisión procede la impugnación especial para la condena y su defensa en los términos procesales previstos en la ley para el recurso extraordinario de casación exclusivamente de cara al delito de instigación a delinquir mientras que en recurso extraordinario puede ser ejercido por las demás partes e intervinientes”, dijo el magistrado de Tribunal en la sentencia.