ACCIDENTES
Cada día, seis ciclistas son víctimas en las vías
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2021 murieron 7.270 personas en siniestros viales, de las cuales 471 eran biciusuarios. 1.719 sufrieron lesiones graves mientras se movilizaban en bicicleta.
El mal llamado accidente de tránsito del cual fue víctima Egan Bernal nos une hoy como sociedad, causándonos un dolor profundo, pero también tenemos la esperanza en una pronta recuperación. Para Julián Esteban, Carolina Holguín y para los más de 4.000 ciclistas que murieron en las vías del país en la última década ya no hay un mañana, como tampoco lo hay para muchos ciclistas lesionados que vieron sus sueños interrumpidos por una lesión discapacitante, porque esta no fue atendida a tiempo o porque no pudieron pagar su tratamiento.
El 2021 cerró como el año más mortífero de lo corrido del siglo XXI y, probablemente, una vez se conozcan los registros del Dane habrá sido el año más letal de toda la historia del tránsito y transporte en Colombia.
Ningún mandatario quiere recoger muertos y lesionados de las vías, no hay duda de las buenas intenciones, pero con discursos no se salvan vidas. Se requiere de una voluntad política férrea y determinada que no tenga miedo al costo político de poner en marcha medidas eficaces que no siempre gozan de adherencia ciudadana.
Estas medidas son: infraestructura segura que dé cuenta de las interacciones y vulnerabilidad de los actores viales, velocidades adaptadas al entorno y a los usuarios, seguridad vehicular, tecnologías desarrolladas para compensar el error humano y control a conductas temerarias. Medidas que, de la mano de políticas de transporte y de espacio público, son eficaces.
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A diferencia de la década anterior, el problema de Colombia no es de recursos o de institucionalidad. Ningún Gobierno en la historia del país ha tenido y ejecutado tantos recursos en un solo periodo para desarrollar su política pública de seguridad vial. Mientras que en 2011 el presupuesto era de 1.500 millones de pesos para la ejecución de los programas de seguridad vial, en el actual periodo presidencial se tienen más de 800.000 millones.
El absurdo fracaso del Estatuto de Seguridad Vial formulado en el proyecto de ley 127 de 2020 no se puede repetir. Aún queda una pequeña oportunidad con el 408 de Senado; ojalá no la tiremos por la borda y pasemos otra década levantando, contando y lamentando muertos y heridos en las vías.