Así se administran los predios de la Nación

¿Con qué propósito nació el Fondo de Tierras?

Myriam Martínez: El Fondo de Tierras es un mecanismo que se crea con el acuerdo de paz, en el que se estableció que, en un término de 12 años a partir de su implementación, dispondrá de 3 millones de hectáreas destinadas a comunidades rurales. Este se alimenta de diferentes fuentes: los bienes fiscales patrimoniales, que son los inmuebles propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y los bienes baldíos, que son predios de la Nación administrados por nosotros y con los que buscamos, principalmente, garantizar el acceso a la tierra de los sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural.

¿Cuáles han sido los principales avances del Fondo?

M.M.: Durante el periodo del presidente Iván Duque, se han ingresado 1.683.073 hectáreas, equivalentes a 12.681 predios, y, si sumamos las 226.831 que aportó la anterior administración, al Fondo han ingresado un total de 1.909.400 hectáreas. Hasta la fecha, en Colombia no había un inventario de los bienes baldíos de la Nación que forman parte de las fuentes del Fondo y que con su conformación se convierten en la primera herramienta de registro de baldíos con la que cuenta el país. Es por esto que se espera que, independientemente del compromiso adquirido, se siga implementando, pues es importante identificar los bienes con los que cuenta y determinar si estos son objeto o no de adjudicación. Adicionalmente, hemos entregado a través del Fondo de Tierras un total de 472.846 hectáreas, cifra que es histórica en nuestra gestión.

¿Cuántas familias se han beneficiado durante esta administración?

M.M.: Como resultado de nuestra labor, 48.632 familias pertenecientes a población campesina y comunidades étnicas se han visto favorecidas con la regularización de 1.147.000 hectáreas, mediante la expedición de más de 50.000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional.

¿Cómo se han beneficiado las entidades de derecho público?

M.M.: Con la Ley 160 de 1994, que posibilita la adjudicación en favor de entidades de derecho público, durante el actual Gobierno se han adjudicado 1.021 predios baldíos a alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional, predios que se han destinado a actividades de utilidad pública, como educación, salud, servicios públicos y comunitarios. Con ello, se han regularizado 1.141 hectáreas.

¿Qué pasa con los bienes en el territorio insular?

M.M.: En noviembre de 2019, la Agencia actualizó la norma que regula la administración de los bienes baldíos ubicados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, y, desde entonces, contamos con el Acuerdo 106 de 2019; un instrumento de administración efectiva que amplía el ámbito de acción de la intervención de la ANT a estos territorios, enfocándose en la conservación de los ecosistemas y regulando las actividades que se desarrollan en estos predios. Para ellos, el Acuerdo promueve el uso de energías limpias y proyectos ecoambientales, establece que no se llevarán a cabo nuevas construcciones, y con relación al contrato de arrendamiento es estricto en previsiones frente a su incumplimiento.

¿Cómo se administran de forma efectiva estos predios?

M.M.: En la actual administración se han suscrito 29 contratos de arrendamiento y dos contratos de comodato: uno con la Alcaldía Distrital de Cartagena para la construcción de una estación de Policía que permita atender de manera más inmediata las situaciones de orden público en las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo; y otro con la Armada Nacional para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia del transporte marítimo en el mar Caribe, en el predio denominado isla Naval.

¿Cómo se han articulado para realizar una gestión más eficiente?

M.M.: Desde 2018 contamos con aliados que nos han permitido desarrollar procesos de ordenamiento de las islas y de conservación y protección de los ecosistemas. Por ejemplo, articulamos cooperación con la FAO para el ordenamiento del territorio y desarrollo sostenible en la administración de estos predios, para lo cual se realizaron estudios de capacidad de carga y erosión costera, se instalaron 358 elementos de señalización marina y 16 puntos ecológicos, y, por último, se implementó la campaña ‘Mi isla, mi casa’ con el fin de fomentar la educación ambiental y apropiación de estos territorios. También contamos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como socia estratégica, y se vienen realizando distintas actividades con las comunidades en pro de la protección y conservación de los ecosistemas.

¿De qué manera se ha involucrado a la comunidad?

M.M.: Mediante la alianza establecida con la OEI, hemos desarrollado distintas actividades y estrategias que permiten que tanto habitantes como visitantes se apropien del territorio, promoviendo el cuidado y conservación del medioambiente. En el marco de estas estrategias, y por medio de la cooperación establecida con la Fundación Malpelo, se han apoyado iniciativas de conservación a partir del conocimiento del ecosistema, para lo cual realizaron minicursos de buceo con jóvenes de la comunidad de isla Múcura y otros cursos de buceo certificados para los participantes en las islas del Rosario. Con ello se promueve entre las personas la apropiación de su entorno, exaltando la importancia de la biodiversidad tanto para la promoción del turismo como para conservar las condiciones de las islas.

En relación con el ecosistema marino, ¿cómo ha sido la labor adelantada en los territorios insulares?

M.M.: Identificamos que las actividades no se podían limitar a la superficie. Por eso, junto con la Fundación Malpelo y el Centro de Investigación, Educación y Recreación (Ceiner), se viene trabajando activamente en un proyecto de guardería de corales para fortalecer la conservación ambiental y aportar en la mitigación de la erosión costera. A la fecha, se han construido las estructuras metálicas de 15 árboles, en las que se plantan los corales, y, cuando estos han crecido lo suficiente, se trasplantan a las zonas definitivas.

Otro de los puntos para resaltar es la señalización marítima. Esta tiene como objetivo informar a los pilotos de embarcaciones sobre las áreas en las que deben tener especial cuidado, pues el constante paso de lanchas genera efectos negativos en el ecosistema marino. Una tarea que se ha reforzado con la instalación de boyas de amarre alrededor de las islas de los archipiélagos.

En cifras

48.632 familias pertenecientes a la población campesina y las comunidades étnicas se han visto favorecidas con la regularización de 1.147.000 hectáreas.

358 elementos de señalización marina y 16 puntos ecológicos se han instalado en las islas, islotes y cayos colombianos como parte del trabajo territorial de la ANT.