¿Cuál es el futuro climático de Colombia? Un análisis la estrategia nacional para la descarbonización

La escalada de gases de efecto invernadero alteró los patrones climáticos, afectando aspectos cruciales como la agricultura y la provisión de agua. Colombia se enfrenta a este desafío desde dos perspectivas: la global y la nacional. A nivel global, los esfuerzos iniciados desde la Conferencia de Río en 1992, incluyendo acuerdos clave como el Protocolo de Kioto y, más recientemente, el Acuerdo de París en 2016, marcaron un cambio de paradigma al exigir la participación de todos los países en la reducción de emisiones, a través de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés). El país se comprometió a reducir sus emisiones en 51 por ciento para 2030 y para ello adoptó la Estrategia Climática de Largo Plazo, conocida como E2050.

Esta iniciativa se estructura en nueve apuestas y el objetivo es alcanzar un balance neto cero entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero a 2050. Para lograrlo, se plantea una reducción del 90 por ciento de las emisiones con respecto a los niveles reportados en 2015. Además, se busca reducir la vulnerabilidad de municipios y departamentos frente al cambio climático. También es necesario mitigar daños y pérdidas causadas por el cambio climático mediante un enfoque territorial integral y multisectorial. Según modelos colaborativos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas anuales esperadas, si no existen acciones que reduzcan los riesgos, podrían ascender a 4,5 billones de pesos anuales. Una cifra equiparable a la inversión anual de Colombia en la recuperación de la pandemia por el covid-19.

El plan también aborda transformaciones en todos los sectores económicos y planes integrales de gestión del cambio climático, tanto a nivel sectorial como territorial. La estrategia nacional de financiamiento climático, actualizada en 2022, respalda la implementación de todas esas acciones, buscando movilizar recursos financieros nacionales e internacionales.

Empresas, la clave

En 2023, 640 organizaciones del sector privado y 157 del sector público se sumaron al proceso de fortalecimiento de capacidades en medición de inventarios y planes de gestión de emisiones de GEI, según el Ministerio de Ambiente. Además, se revisaron y ajustaron las fichas de metas establecidas en NDC, un ejercicio que involucró a empresas como TCC, Bavaria, EPM, Ecopetrol, Cerro Matoso, Auteco y Grupo Éxito, entre otras. “Los empresarios deben apostarle junto con el Gobierno a la diversificación de la economía”, aseguró el senador conservador Efraín Cepeda. Y agregó que la diversificación es fundamental en cualquier transición energética y por eso la necesidad de políticas públicas duraderas y condiciones propicias para la inversión, “evitando decisiones tajantes que puedan obstaculizar el crecimiento futuro”.

Por otro lado, Colombia, con su experiencia en mecanismos económicos para el cambio climático, también ha propuesto la creación de un mercado de carbono. La idea es impulsar estos instrumentos para cumplir las metas climáticas nacionales, incorporar salvaguardas sociales y ambientales, y modernizar las plataformas tecnológicas. Esta oportunidad de negocio les dio vida a unos 200 proyectos en Colombia que a su vez han generado créditos de carbono utilizados para compensar las emisiones y cumplir con el impuesto. Sin embargo, existe la necesidad de una transición equitativa y sostenible, donde las empresas no solo compensen, sino reduzcan sus emisiones.

Julio Giraldo, líder de Mercados de Carbono para América Latina de The Nature Conservancy, destacó la implementación de finanzas climáticas, incluyendo el mecanismo de no causación del impuesto al carbono, pero advirtió que debido a una desaceleración de la inversión y la disminución de ingresos de algunas empresas se han paralizado proyectos ambientalmente beneficiosos. “La conversación con los privados necesita ser continua y frecuente”, enfatizó Giraldo, para mantener espacios de discusión y que el sector participe en un ambiente económico que fomente inversiones sostenibles. Otro de los aspectos en los que el Gobierno se ha enfocado es la implementación de la Ley 2169 de 2021, relacionada con el establecimiento de presupuestos de carbono. La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo ha trabajado en metodologías estadísticas para estimar emisiones y trayectorias de mitigación.

No obstante, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, señaló la falta de operatividad de esos sistemas de monitoreo establecidos por la ley. “El Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático no está en funcionamiento, lo cual limita la transparencia y consistencia de la información sobre las decisiones tomadas para la gestión del cambio climático”, aseguró. En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, Lozano reconoció algunos esfuerzos positivos como el aumento de la diversidad de la matriz energética con fuentes renovables como la energía solar y eólica. También resaltó la reducción de indicadores de deforestación en la región amazónica y los avances en estudios para la producción de hidrógeno como fuente energética.

Combatiendo la deforestación

El Gobierno también tiene como meta este cuatrienio restaurar 1,7 millones de hectáreas de ecosistemas degradados y reducir la deforestación en 140.000 hectáreas. A la fecha se ha reducido 29,1 por ciento la deforestación en comparación con 2021 y en la Amazonia la disminución alcanza un 36,4 por ciento, según cifras del Ideam. “La apuesta del Gobierno nacional por formar un frente articulado y potente de lucha contra este flagelo es totalmente necesaria”, dijo el gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez.

Sánchez cree que el desafío radica en traducir esa integralidad en beneficios tangibles para la comunidad, ofreciendo oportunidades que fomenten la transición desde actividades extractivistas y la expansión de la frontera agrícola que amenaza los bosques. Aunque reconoció los esfuerzos, sugiere que la regulación por sí sola no será suficiente, especialmente en una región como la Amazonia. A través del programa ‘Conservar Paga’, el Gobierno aseguró haber triplicado los incentivos económicos para campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras por proteger y contener la deforestación en la Amazonia. También se destaca la declaratoria de la Serranía de Manacacías como área protegida, pues esto redujo las tasas de deforestación.

¿Más el ruido que las nueces?

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria destacó la lucha para frenar la deforestación en el Amazonas mediante estas iniciativas, sin embargo, señaló la necesidad de abordar otros núcleos de alta deforestación en el país. “Lo más destacado es que el presidente Gustavo Petro ha puesto en la agenda pública la lucha contra la crisis climática y la ha establecido como una de sus banderas políticas”, reconoció. Pero advirtió que “el énfasis está más en el discurso, en la denuncia de lo que no se ha hecho históricamente, que en resultados reales y concretos. Diríamos que ha sido más el ruido que las nueces”.

Sobre la estrategia de desincentivar la explotación de hidrocarburos y minerales, Gaviria expresó ciertas reservas, pues a su juicio es necesaria una mirada sin sectarismos ideológicos. “No es lógico convertir la riqueza en pobreza, en lastre o en maldición. Transitar hacia una economía baja en carbono implica que todos los días seamos más exigentes en el cuidado de los procesos de producción no solo mineros, sino ganaderos y agrícolas”, agregó.

Los sectores que más emiten

Camilo Prieto Valderrama, docente de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana, señaló la importancia de dirigir todos esos esfuerzos hacia los sectores que generan la mayor cantidad de emisiones, para entender y diagnosticar la problemática. “Estoy hablando particularmente de la ruralidad y todas las actividades relacionadas con la transformación del uso del suelo. Es decir, agricultura y ganadería (que emiten un 14,8 por ciento) y la deforestación, que genera el 31 por ciento de las emisiones”.

Prieto destacó además la necesidad de evitar replicar modelos de descarbonización que no aborden de manera efectiva esas fuentes. “Si Colombia quiere replicar el modelo de descarbonización por ejemplo de Europa o el norte global centrándose en reducir específicamente emisiones relacionadas con fósiles y por eso es la justificación de no permitir nuevas exploraciones de gas y petróleo en nuestro territorio, pues se deja de lado todo el grueso de la ruralidad donde están concentradas más del 50 por ciento de las emisiones”, precisó.

Si bien hay consenso en la importancia de abordar la crisis climática y promover la sostenibilidad, las divergencias surgen en la implementación de políticas y la necesidad de una concertación más efectiva entre Gobierno, sector privado y las comunidades. Según los expertos, la búsqueda de soluciones debe equilibrar las metas ambientales ambiciosas con la realidad económica y social del país, que garantice la seguridad energética y la participación de todos los actores para forjar un camino hacia un modelo energético más verde y equitativo.