En enero arrancará consulta previa en el Alto San Jorge

Los encuentros llevados a cabo a lo largo de los últimos seis meses entre Cerro Matoso y las comunidades indígenas vecinas a la operación de la mina permitieron definir la ruta metodológica para realizar, a partir de enero, las ocho consultas mencionadas por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el cierre de la etapa preconsultiva facilitó que la compañía y siete gobernadores indígenas, líderes del área de influencia, firmaran nuevos acuerdos. Estos consolidarán las inversiones sociales pactadas a finales de 2017, que, por voluntad mutua, entraron en fase de estudio mientras se definían los temas referentes a la sentencia T-733 de 2017.

“Al cumplir la primera fase de la preconsulta y lograr los acuerdos necesarios para avanzar con la consulta previa, Cerro Matoso reafirma la voluntad de seguir aportando al desarrollo social de estas comunidades. Así las cosas, damos vía libre para continuar con la ejecución de 2.000 millones de pesos que se destinan a educación y a proyectos de libre inversión”, destacó el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Luis Marulanda.

Un nuevo mundo

El asesor tradicional de las comunidades indígenas zenúes, Irrael Aguilar, aseguró que en el país no hay antecedentes de empresas que gestionen estos acercamientos con las comunidades y que cumplan con los acuerdos. “Es un día histórico, inolvidable para todos, porque, en Colombia, Cerro Matoso es la primera empresa que llega a cumplir con los acuerdos y nuevos proyectos. Esta compañía es la única en sostener los acercamientos. Esto significa la construcción de un mundo diferente para nosotros en lo político, lo económico, lo educativo y lo etnocultural. Con todo este proceso, tenemos conocimiento de cómo vamos a avanzar hacia un futuro mejor”, enfatizó el líder zenú.

Marulanda no duda en calificar como “un día histórico” la reanudación de los acuerdos para dar vía libre a las consultas. “Estoy de acuerdo, hoy es, en efecto, un día hito en el país”. Según el directivo, la compañía está comprometida en disminuir los niveles de pobreza en la región, mejorar la calidad de vida de las comunidades; también en construir la base social y ambiental, y evaluar los impactos de la operación de la mina. “Trabajaremos con un equipo de más de 100 personas expertas en estos temas y en la región. Aquí no hay marcha atrás, tenemos la premisa de este relacionamiento con un diálogo social transparente, fluido y claro con todos nuestros vecinos”.

Los acuerdos, que vienen de 2017, contemplan recursos destinados a becas para jóvenes, adultos y autoridades de las comunidades indígenas e inversión para infraestructura.

Más beneficiados

A pesar de no hacer parte de los colectivos indígenas mencionados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2017, Cerro Matoso incluyó a siete comunidades del área de influencia en la socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en la construcción de una línea base social para beneficio de 2.000 personas.

Se trata de las Juntas de Acción Comunal de Centro América, La Odisea, Torno Rojo, La Estrella, Boca de Uré, Puerto Colombia, y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras, de Boca de Uré, quienes firmaron sus respectivos convenios para cumplir el propósito central del acuerdo.

“Cerro Matoso entregará el valor del presente convenio a las Juntas de Acción Comunal y al Consejo Comunitario para que manejen en forma autónoma e independiente los recursos. Las partes acordamos contratar a la Universidad de Córdoba como entidad académica de suficiente probidad e idoneidad, que asesorará y acompañará a las juntas y al consejo en el análisis de la información del proyecto. Además, participará a lo largo del proceso de socialización exigido por los términos de referencia de la Anla para la construcción y elaboración del EIA por parte de Cerro Matoso”, indicó el vicepresidente de Asuntos Corporativos.

Para la ejecución del convenio, las comunidades contratarán conocedores comunitarios, técnicos ambientales y personal necesario en asuntos logísticos que garanticen el cumplimiento del proyecto.

Por su parte, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo que “la empresa decidió ejecutar estos convenios de la mano de las Juntas de Acción Comunal para que también se beneficien de la socialización del proyecto Cerro Matoso y para que participen en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ordenado por la sentencia. Con estas comunidades tenemos una relación íntegra, marcada por la confianza y basada en el diálogo social. La empresa tiene la voluntad de involucrarlas en este proceso y estamos muy satisfechos porque alrededor de 2.000 personas de esos núcleos poblacionales se beneficiarán”.

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal Mónica Oyola Pérez (Centro América), Héctor Sotomayor (La Odisea), José Gabriel Mestra (Torno Rojo), Sair Miranda (La Estrella), José Arrieta (Boca de Uré), Yaimer Arcia Padilla (Puerto Colombia), y Manuel Taborda, presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré, firmaron el convenio y destacaron en sus intervenciones el nivel de confianza que existe entre las comunidades y la empresa.

Para Taborda, “Poder construir la línea base social de la mano de la Universidad de Córdoba y Cerro Matoso, con la participación directa de las comunidades, significará empoderarse de la realidad de cada población. Que el país y el departamento conozcan esta realidad nos va a favorecer para crecer”.

Por su parte, Mónica Oyola Pérez, de Centro América, aseguró que “valoramos el respaldo de Cerro Matoso a los comunidades. En los últimos años, gracias al diálogo, hemos desarrollado un nivel de confianza que nos permite sentarnos a negociar, acordar y ejecutar”.

Los firmantes

Viviana Ruiz, gobernadora de la comunidad indígena zenú Unión Matoso; Yomaris Suárez, gobernadora de la comunidad indígena zenú Puente Uré; Estella Hoyos, gobernadora de la comunidad indígena zenú La Libertad-Puerto Colombia; Edwin Samuel Negrete, gobernador de la comunidad indígena zenú Guacarí La Odisea; Luis Joaquín Rojas, gobernador de la comunidad indígena zenú Centroamérica; Nafer Álvarez, gobernador de la comunidad indígena zenú Boca de Uré; Eluvín Camargo, gobernador de la comunidad indígena zenú Torno Rojo; Irrael Aguilar, asesor tradicional Comunidades Indígenas Zenúes.