La cruzada contra el hambre en tiempos de pandemia

Al frente de su pequeña estufa de dos puestos, María Esther Marichin Pacaya bate en una olla las lentejas que prepara para sus cinco hijos y su esposo. Está feliz porque le ha vuelto a dar a su familia este grano que tanto les gusta. Para ella, una habitante de la Isla de la Fantasía en Leticia (Amazonas), volver a cocinar lentejas es el símbolo de que las cosas van a cambiar para bien. Unos meses atrás, cuando la pandemia por la covid-19 avanzaba y la cuarentena se hacía cada vez más estricta, ella y su esposo Darío, tuvieron que dejar de trabajar. Todo se había cerrado en Leticia, los turistas de un día para otro se redujeron a cero y la ciudad entró en una crisis económica sin precedentes. Los pocos ahorros de María y Darío escaseaban y poco a poco empezaron a ver cómo su humilde alacena hecha con tablas empezaba a desocuparse.

Mientras bate sus lentejas, la valerosa ama de casa, que también hace trabajo social y apoya algunas labores en la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Leticia rememora esos días: “la rutuna mía y de Darío (a quien conoció a sus 16 años) era sencilla. Él salía todos los días a pescar y a vender el pescado y yo me iba a Leticia a trabajar. Ambos reuníamos nuestras ganancias y con ello comprábamos las cosas del mercado y les dábamos unos pesos a los hijos para que fueran a estudiar. Pero todo eso cambió, todo estaba cerrado y yo no podía trabajar. Y como nadie podía salir, a Darío le tocó dejar de ir a pescar”.

María también es agricultora. Sus padres le heredaron ese amor por la tierra. Detrás de su casa tiene una chagra en la que cultiva maíz, pimentón, tomate y ahuyama, los cuales vendía o intercambiaba para obtener el sustento de su familia. Pero una vez comenzó la pandemia, el cultivo de pancoger no le dio suficiente para alimentar a los suyos. “Fue tanta la desesperación, que a Darío no le importó la cuarentena y empezó a salir a pescar y a recoger plátano para alimentarnos y de paso para distribuirlos entre los vecinos. No era mucho, pero servía para que nadie pasara hambre”, cuenta.

Fueron días difíciles para María y las demás familias de la Isla de La Fantasía. Todos temían lo peor. Pero su suerte cambió cuando los mercados del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) comenzaron a llegar. A María le entregaron uno con arroz, aceite, café, azúcar y por supuesto lentejas que le ha durado más de dos meses. Ahora, pese a la reapertura de Leticia, ella cree, que todavía el trabajo se va a demorar en llegar y que posiblemente empiece a tener ingresos hasta el próximo año. Si bien esa es una preocupación, ella tiene la seguridad que con lo que produce en su chagra y con la ayuda que le ha proporcionado el Programa Mundial de Alimentos, su familia no pasará hambre.

Casos como el de María abundan en Leticia, una de las primeras ciudades de Colombia en sufrir los rigores de la pandemia. En el cuadro nacional, el departamento del Amazonas llegó a tener la velocidad más alta de contagio. En mayo tuvo un aumento de más de 1.700 por ciento al pasar de 105 contagiados a 1.850. Esa situación generó una crisis sanitaria sin precedentes que golpeó el precario sistema de salud.

Pero lo peor estaba por venir. Las autoridades nacionales, departamentales y locales implementaron la cuarenta obligatoria y la ciudad cerró sus puertas a los visitantes. Leticia quedó paralizada y los miles de empleos, en su mayoría informales, se acabaron. Las necesidades de alimento se apoderaron de las familias más vulnerables de Leticia y por su puesto de las comunidades indígenas que también sembraban en sus chagras productos de pancoger para venderlos en Leticia y Puerto Nariño, el segundo municipio más importante del departamento de Amazonas. Ese ese el caso de los miembros de la comunidad indígena de Boyahuazu, del resguardo Ticoya, ubicado en Puerto Nariño.

Aparte de los enfermos y muertos que tuvieron por causa del covid-19 y de tener que afrontar esa emergencia “solo con la medicina tradicional basada en plantas amazónicas” como cuenta Shirley Yuri Ahuanari León, esta comunidad de 229 familias, tuvo que suprimir buena parte de su dieta alimenticia, en especial de esos productos que ellos no cultivaban. El arroz, el azúcar, abarrotes y otras legumbres que traían de las poblaciones Perú y Brasil desaparecieron de sus hogares, así que por meses tuvieron que sobrevivir con lo poco que pescaban y sembraban en sus pequeñas parcelas que en muchas ocasiones no alcanzaba.

Así lo rememora Wellin Bereka Farias, un indígena de 38 años que, aparte de agricultor, es un hábil artesano que aún hace canoas con la técnica ancestral, tal y como le enseñó su padre: “en la cuarentena estuvimos tristes porque no pudimos vender los productos que recogíamos de la tierra y no tuvimos dinero para comprar la sal, el café o el arroz. Afortunadamente teníamos los que sembrábamos… el plátano y podíamos pescar, pero de todas formas nos faltan muchos más alimentos para estar bien y saludables”.

Conscientes de la compleja situación en esta región del país, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se desplazó rápidamente al Amazonas para evaluar los niveles de inseguridad alimentaria y así brindar una asistencia temporal que realmente considerara las necesidades y dieta de esta población. Una vez empezó a escalar la crisis, adaptaron sus planes de asistencia alimentaria, no solo a las comunidades indígenas y otras poblaciones de esta región, sino a las de La Guajira, Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Vichada, Córdoba, Caquetá y Valle del Cauca, incluyendo varios pueblos indígenas binacionales en las zonas de frontera.

En el caso del departamento del Amazonas, durante la primera fase, a mediados de junio, el Programa Mundial de Alimentos asistió a cerca de 5.000 personas en Leticia, afectadas por la crisis del coronavirus. En la segunda fase, la organización, amplió su asistencia a 12.000 personas, incluyendo a 7 de las 22 comunidades indígenas que lo necesitan en zonas de difícil acceso de Puerto Nariño. Con recursos y donaciones adicionales podrían llegar a más personas.

Este número de beneficiarios que han accedido a los programas de WFP, hacen parte de su objetivo de apoyar a 550.000 personas afectadas por los impactos socioeconómicos de la covid-19. Una meta bastante ambiciosa en Colombia, que se suma a la batalla mundial que esta organización libra para evitar la expansión del hambre. De acuerdo con un estudio realizado a mediados de este año por WFP y FAO, el coronavirus provocará en unos 25 países ubicados en África, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Asia “niveles devastadores de hambre durante los próximos meses”. El informe conjunto revela que de no ofrecerse urgentemente asistencia a las poblaciones vulnerables la “inseguridad alimentaria aguda en estos países podría aumentar de los estimados 149 millones antes de la pandemia a 270 millones”. De ahí, que el Programa Mundial de Alimentos este enfocando gran parte de sus acciones y metas en atender las consecuencias que el coronavirus ha dejado a su paso en términos de acceso a alimentos.

En el caso de Colombia, el WFP ha trabajado de la mano y en coordinación con el Gobierno y las instituciones nacionales para que el problema de la inseguridad alimentaria no se desborde, para lo cual ha implementado un plan basado en dos objetivos. El primero, adaptar todos los programas en curso al nuevo contexto, haciendo énfasis en los grupos vulnerables más necesitados, como migrantes, colombianos retornados, víctimas de la violencia, desplazados y niños y niñas que no han podido recibir los alimentos que otorgaban las instituciones educativas. Y el segundo, ampliar sus intervenciones articulando nuevos programas que respondan a las necesidades humanitarias de mediano plazo causadas por la covid-19.

Dentro de estos objetivos, la crisis migratoria es también uno de los ejes donde el Programa Mundial de Alimentos brinda la asistencia más contundente en el país. Los migrantes en los departamentos fronterizos con Venezuela y Ecuador, tienen especial atención. Ellos, por las precarias condiciones que enfrentan al dejar su país, son una población bastante vulnerable no solo al coronavirus en términos sanitarios, sino también en lo que se refiere a seguridad alimentaria al no obtener los alimentos necesarios para su sobrevivencia. Durante 2019, el WFP apoyó a un número creciente de estos migrantes venezolanos, de colombianos retornados y comunidades de acogida en los departamentos de Arauca, Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander. En total se atendieron alrededor de 1.3 millones de personas, con un promedio de 300,000 beneficiarios por mes. En el último mes han atendido a más de 350.000 y aspiran a mantener su asistencia con disponibilidad de recursos adicionales para esta población que tanto lo necesita.

Si el hambre era uno de los retos contemporáneos más apremiantes que tiene la humanidad para superar, ahora con la covid-19 es un problema de grandes proporciones que amenaza con acabar con los avances en seguridad alimentaria alcanzados durante las últimas décadas. Por eso, esta celebración del Dia Mundial de la Alimentación debe servir para reflexionar sobre cómo la lucha por erradicar la inseguridad alimentaria es una tarea aún más apremiante en estos tiempos de pandemia. Y este es el reto que ha aceptado el WFP: evitar que la inseguridad alimentaria gane terreno, una labor que ya cuenta con éxitos muy importantes en Colombia y el mundo. No en vano acaban de ganar el Premio Nobel de la Paz.