En un conjunto residencial de cualquier ciudad, la escena empieza a cambiar. Donde antes había un vigilante permanente en la portería, ahora puede haber una pantalla. Del otro lado, en una central remota, un operador supervisa varias cámaras al tiempo, abre puertas, valida identidades y activa protocolos. No es una imagen futurista: es la respuesta concreta de un sector intensivo en mano de obra a un nuevo entorno laboral y regulatorio.
La seguridad privada en Colombia emplea de manera formal a cerca de 400.000 vigilantes. Es un servicio que opera con tarifa mínima regulada por el Estado y cuya estructura de costos depende, en más de un 80%, del personal operativo. Por eso, cualquier modificación en jornada, recargos o salario mínimo impacta de manera inmediata la ecuación financiera.
Entre junio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con la proyección derivada de la fórmula tarifaria oficial y el cronograma de reducción de jornada, la tarifa mensual de un puesto de vigilancia 24 horas pasaría de alrededor de $14,3 millones a cerca de $19,7 millones, lo que representa un incremento cercano al 37,4%. Incluso, entre diciembre de 2025 y julio de 2026 el aumento estimado sería del 31,7%. Estas variaciones responden al efecto acumulado del salario mínimo, la reducción progresiva de la jornada de 48 a 42 horas semanales y la ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p.m.
Trabajo digno como eje del nuevo modelo
Para el Gobierno, estos ajustes no pueden leerse como una carga. Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, lo plantea en términos de justicia social. “La recuperación de derechos laborales como el recargo nocturno y la reducción de la jornada de trabajo no deben ser considerados como sobrecostos porque son los resultados de saldar una deuda histórica de justicia social con las y los trabajadores del país”.
En un sector donde la Ley 1920 de 2018 permite jornadas de hasta 12 horas diarias bajo acuerdo entre partes, el Ministerio insiste en que ninguna actividad económica puede quedarse atrás en la reducción progresiva de la jornada. “La vigilancia no puede depender de trabajadores agotados por jornadas excesivas”, advierte.
El segundo frente, añade, es garantizar el pago efectivo de los recargos. La ampliación del recargo nocturno favorece directamente a un sector cuya operación se concentra en horarios extendidos. “No se trata solo de costos laborales, el aporte de este sector a la seguridad del país es invaluable, y su trabajo debe ser remunerado de manera justa”, sostiene Muñoz.
Desde el punto de vista regulatorio, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha tenido que recalcular la tarifa mínima del servicio para ajustarla a la reforma laboral y al salario mínimo de 2026. Según el superintendente Larry Sadit Álvarez Morales, en agosto de 2025 se expidieron las disposiciones que actualizaron oficialmente los valores y posteriormente se definieron las tarifas aplicables para el cierre de 2025 y todo 2026.
La entidad, dice, mantiene un equipo de control para atender posibles incumplimientos laborales. Y subraya un punto clave frente a la discusión tecnológica: el vigilante virtual y el monitoreo remoto son operados por personal del sector que debe estar capacitado y con todos sus derechos garantizados —salario, seguridad social, prestaciones y dotación—. La digitalización no exime el cumplimiento laboral.
Tecnología sí, pero sin desaparecer al vigilante
Para los gremios, el impacto es directo. Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, recuerda que la tarifa mínima fue concebida para proteger los derechos del vigilante y asegurar condiciones formales y dignas. Pero reconoce que los incrementos acumulados presionan a usuarios y empresas.
Aun así, descarta una sustitución masiva del factor humano. “La idea de que la tecnología va a reemplazar masivamente al vigilante es más un mito que una realidad. Lo que se ha observado es una migración gradual hacia esquemas híbridos”, explica. En aeropuertos o infraestructura crítica, el componente humano sigue siendo indispensable.
La lectura es más crítica desde Confevip. Su presidente, Miguel Ángel Díaz, advierte que algunos usuarios, especialmente copropiedades, ya están suspendiendo uno o dos puestos de vigilancia. “Eso significa la pérdida de seis o siete empleos por copropiedad”, afirma, y estima que el desempleo podría alcanzar 30.000 personas si la tendencia se consolida.
En paralelo, observa una transición hacia cámaras, alarmas, drones y vigilantes virtuales, y alerta sobre el riesgo de expansión de conserjerías informales que no cumplen con seguridad social ni recargos.
Frente a ese escenario, el gremio impulsa programas como la “Universidad del Vigilante”, orientados a formar en drones, inteligencia artificial y plataformas tecnológicas, y promueve alianzas para facilitar acceso a tecnología. La apuesta es reconversión, no desaparición.
Esa idea de equilibrio también la plantea Iván Fernando Pedraza, presidente de ASIS International capítulo Bogotá. Recuerda que el sector opera bajo un marco jurídico amplio, desde el Decreto Ley 356 de 1994 hasta la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, y que el aumento acumulado de costos supera el 45% en los últimos años.
La respuesta del mercado, dice, ha sido doble: enfoques no técnicos que buscan eludir la regulación, y enfoques estratégicos basados en gestión integral del riesgo, bajo metodologías como Enterprise Security Risk Management (ESRM). En este último modelo se identifican activos críticos, se evalúan amenazas y se combinan personas, tecnología y procesos para optimizar recursos.
Desde la seguridad electrónica, Vanessa Cure Anturi, directora ejecutiva de Asosec, confirma una migración hacia esquemas híbridos, especialmente en propiedad horizontal y pymes. Se reducen puestos presenciales y se adoptan videoporterías, controles automatizados y monitoreo remoto. Sin embargo, advierte que la decisión no debería ser exclusivamente presupuestal porque antes de reemplazar personal debe realizarse un estudio de seguridad que identifique riesgos y vulnerabilidades. Cuando el ajuste se hace sin análisis técnico, pueden generarse vacíos en la protección real.
En el plano académico, Sergio Esteban Quevedo, profesor de Ingeniería en la Universidad de La Sabana, describe el alcance de las herramientas disponibles: cámaras que detectan movimientos y rostros, sistemas que reconocen patrones inusuales, bloquean puertas o generan alertas automáticas. Muchas de estas funciones ya existen incluso en dispositivos domésticos. En entornos corporativos, el desarrollo es más avanzado. Sin embargo, recuerda que el uso de reconocimiento facial o biometría debe cumplir la Ley 1581 de 2012: informar que se graba y monitorea es parte de la obligación de consentimiento
El sector atraviesa un punto de quiebre. La reforma laboral encareció la operación y aceleró decisiones que ya estaban sobre la mesa: automatizar, integrar tecnología y replantear los esquemas tradicionales de vigilancia. Pero ni el Gobierno ni los gremios hablan de reemplazo total.
En un país donde la seguridad es una preocupación cotidiana, la discusión no es si habrá más cámaras o más inteligencia artificial, sino cómo sostener el empleo formal y garantizar el servicio sin trasladar toda la factura al usuario. La vigilancia cambia de forma, pero sigue teniendo rostro humano.