Minería
“Las regulaciones de los últimos años generan incertidumbre”: presidente de la ACM sobre el futuro de la minería en el país
Mientras el sector se perfila para cumplir estándares globales, las regulaciones nacionales pueden desalentar inversiones y golpear recursos fiscales difícilmente reemplazables. ¿Cuál es el panorama en Colombia?
La minería afronta enormes retos en el mundo. Por un lado, hay una creciente demanda de minerales estratégicos destinados a la transición energética y el uso de tecnologías más limpias –en productos como baterías para vehículos o celdas para paneles solares–. Por otro lado, el sector mantiene tensiones ambientales, sociales e, incluso, geoestratégicas.
Todo ello implica un mayor escrutinio global y más responsabilidades, a lo que la industria ha respondido elevando sus estándares hacia una actividad sostenible, segura y transparente. Colombia no es ajena a este escenario, con un gremio minero que adopta los referentes mundiales y los ha incorporado paulatinamente a sus operaciones, con conocimientos y tecnología transferida a pequeños mineros, y que, además, aporta cuantiosos recursos para el desarrollo nacional y de las regiones.
La regulación del sector, a su vez, ha venido endureciéndose por parte del Gobierno, llegando a desincentivar nuevas inversiones y afectar el crecimiento, que cayó en el segundo trimestre de 2024 en 8,1 por ciento, según las cifras del PIB reportadas por el Dane.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), destacó que en la actualidad existe un proyecto de ley para un nuevo código minero, también se plantea una nueva empresa minera estatal y se han expedido varios decretos en los últimos dos años, entre ellos el 044 de 2024, “que genera una enorme incertidumbre e inseguridad” al permitirle al Ministerio de Ambiente declarar y delimitar áreas de reservas de recursos naturales de manera temporal, hasta por diez años, basándose en el principio de precaución.
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Aun así, el sector contribuyó en 2022 con 20 billones de pesos en impuesto de renta y regalías, “la mayor contribución entregada por la minería a Gobierno alguno en la historia reciente”, aseveró Nariño. Y recordó que la industria minera también abandera la reindustrialización y el encadenamiento productivo en regiones apartadas del país.
Fueron 14 billones de pesos –el valor de las exportaciones a Panamá– lo que la minería le compró al país en bienes y servicios. De ellos, 5 billones corresponden a mipymes de los municipios de influencia, donde el PIB per cápita es tres veces mayor (72 millones de pesos) que en el resto del país (22 millones de pesos).
Transición energética
La minería también es fundamental para avanzar en los planes del Gobierno en la transición energética. “Sin cobre, litio, níquel o, incluso, carbón (en el pico histórico de demanda global), esto no es posible”, argumentó Nariño. Explicó que Colombia cumple un rol fundamental en el abastecimiento global de esos minerales críticos.
Por ello, resulta imperativo superar la discusión regulatoria y avanzar, pues solo el 2,7 por ciento del territorio colombiano tiene títulos mineros y el 97 por ciento sigue inexplorado. “La regulación que plantea el Gobierno genera enormes incertidumbres para atraer capitales de inversión en exploración”, agregó el dirigente gremial.
Estos y otros temas serán objeto de análisis en el Congreso Nacional de Minería 2024, que se realizará en Cartagena durante el 29 y el 30 de agosto, con la presencia de expertos en temas clave como biodiversidad, geopolítica, territorio, economía y mercados, inteligencia artificial y minerales para la transición.
*Contenido elaborado con apoyo de la Asociación Colombiana de Minería
