Reforma Agraria en Colombia: ¿amenaza a la propiedad privada y la seguridad jurídica?

El Gobierno nacional vaticina el inicio de lo que puede llegar a ser su reforma agraria con la publicación de tres proyectos de decretos y resoluciones que pretende expedir a través del Ministerio de Agricultura.

El primero busca declarar la extinción de dominio de la propiedad mediante un trámite administrativo “exprés”; el segundo –complemento del primero– delimitará las áreas de protección para la producción de alimentos –Appa– conforme a las indicaciones de la Upra; y el tercero promoverá las movilizaciones de las organizaciones campesinas como medida de presión a la expedición de la reforma agraria.

El decreto de extinción del dominio permitirá privar de la propiedad a los propietarios que adelanten actividades que, en concepto de la entidad, sean violatorias de la finalidad de dichos predios, como lo es la producción de alimentos. Esta decisión será tomada por una autoridad sin la intervención de un juez de la república.

Esto permite que, si la Upra señala una zona de interés para la producción de alimentos y el Ministerio la avala, será viable que quienes estén realizando una explotación diferente sean objeto de extinción de dominio administrativa por incumplimiento de su destinación. Así las cosas, producir flores será “ilegal” en ciertas zonas reservadas para alimentos.

Las causales para decidir sobre la extinción del dominio que describe el proyecto de decreto son diversas: algunas relacionadas con temas que nada conoce la entidad que los va a aplicar, como el de impuestos.

Esto no solo equiparará al propietario de tierra con un delincuente merecedor de la extinción de su propiedad, sino que, en una franca conducta amedrentadora, el propietario caído en desgracia deberá vender el inmueble al inicio del proceso, so pena de que se le devalúe el precio que puede recibir si deja avanzar el proceso y comete la osadía de defenderse usando los pocos medios legales que la norma le permite.

El afán desmedido de una distribución equitativa de la tierra tendrá consecuencias irreparables; la más importante será la desconfianza generalizada, que conducirá a perder iniciativas empresariales que se venían consolidando.

A esto hay que agregar el componente de las movilizaciones campesinas que pretende apalancar el Gobierno con la ayuda del presupuesto nacional; una práctica que puede desencadenar arbitrariedades dada la polarización que vive el país. Se ve en el horizonte la invasión de tierras, que terminará en enfrentamientos civiles, cada parte defendiendo el que considera su mejor derecho.

El caso de la sabana de Bogotá es preocupante. Una de las resoluciones pretende imponer desde un escritorio cuál será el uso del suelo de los terrenos de varios municipios sin que los entes municipales tengan la capacidad de ejercer la facultad constitucional de ordenar su territorio.

En resumen, las medidas que se impulsan buscan un fin noble, pero están enquistadas de arbitrariedades e ilegalidades, que darán más para un debate jurídico que para producir un verdadero cambio positivo en la sociedad.

*Socio fundador de Ramírez y Cardona Abogados.

Contenido elaborado con el apoyo de Ramírez y Cardona Abogados.