Sembrar paz también acaba con el hambre

Retomando las palabras del Director Ejecutivo del WFP, David Beasley, durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2020 que le fue otorgado a la organización recientemente: “donde hay conflicto, hay hambre, y donde hay hambre, a menudo hay conflictos.”

Existe entonces una correlación directa entre paz, seguridad alimentaria, y desarrollo.

En Colombia, el proceso de paz abrió el camino para acabar con este círculo vicioso. Durante más de 50 años, la población más vulnerable tuvo que cargar con las consecuencias de olas de violencia que han afectado el tejido social y generado profundas crisis humanitarias. En muchas regiones del país, en particular en las áreas rurales, la población colombiana afectada por la violencia tuvo que abandonar sus tierras y medios de vida, y desplazarse llegando a cascos urbanos y grandes ciudades, en muchos casos para asentarse en las zonas más deprimidas, en una situación de fuerte vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.

En su artículo ‘El hambre en Colombia: hambre y conflicto, 1984-2009’, Camilo Triana, investigador de la Universidad Nacional, explica que a partir de los años 80 coinciden el escalamiento de la violencia armada y el proceso en el que el país pasó de ser exportador de alimentos a importador: “Durante los años 70 y 80 la población crecía, pero la producción también aumentaba. Hoy la población no crece a tal ritmo, sin embargo, se produce menos y no existe superávit en alimentos”.

La relación entre hambre y violencia fue evidente para los negociadores de la paz con las FARC. No en vano, en el primer punto del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, las partes coincidieron en que la reforma rural integral “reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo y la producción de alimentos”.

Dentro de esa reforma rural integral, el proceso de reincorporación de antiguos miembros de las FARC es primordial. Muchos han empezado a desarrollar proyectos productivos, que buscan asegurar una adecuada alimentación y nutrición para ellos y su grupo familiar. La mayoría de estas experiencias se implementan en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y han sido apoyadas por el Gobierno Nacional y organismos internacionales como el WFP. En Arauca, Cesar, y otros seis departamentos, varias iniciativas son la muestra palpable de que la seguridad alimentaria y la paz van de la mano.

En Arauca, 365 personas viven en comunidad bajo el modelo de los antiguos ETCR. Allí, han desarrollado sus capacidades y generado una infraestructura para lograr sacar adelante sus emprendimientos, brindar bienestar y educación a cerca de 95 menores de edad, y fortalecer proyectos de reincorporación económica.

“Lo más fundamental para nosotros en el paso que estamos dando de reincorporación, es la alimentación. Porque un pueblo con hambre no avanza, retrocede. En el Programa Mundial de Alimentos nos han ayudado con proyectos de peces, gallinas, huertas y estamos muy agradecidos”, afirma uno de los excombatientes en su huerta de cebollas.

Hoy en día, otros trabajan en proyectos como el cultivo de sacha inchi, un fruto con alto contenido nutricional que ofrece múltiples oportunidades de transformación, como la elaboración de aceites. Esta iniciativa espera alcanzar más de 150 hectáreas y así, convertirse en un producto de desarrollo económico sostenible de la región.

Los integrantes de esta comunidad también llevan a cabo iniciativas de piscicultura, ganadería multipropósito, cultivos de plátano, fabricación de zapatos deportivos y autoabastecimiento con un galpón de gallinas ponedoras. Este último, cuenta con 200 gallinas que ofrecen una producción diaria de 180 huevos, liderada por el Comité de Mujeres y Discapacitados.

En esta misma región del departamento de Arauca, específicamente en Saravena, el Programa Mundial de Alimentos también trabaja junto a la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, una escuela que acoge estudiantes víctimas del conflicto, migrantes, hijos de excombatientes, y niñas y niños con discapacidad.

Desde el 2019, con apoyo de esta agencia de la ONU, en esta escuela se han venido ejecutando proyectos productivos con formación agropecuaria y piscícola para los estudiantes. Adicionalmente, las familias han recibido bonos redimibles para la compra de mercados.  Emperatriz Montes, rectora de la institución, afirma que se han enfrentado diversos desafíos debido a las condiciones de vida de los estudiantes, y agradece el apoyo del WFP: “Ha sido una fortuna habernos encontrado en el camino con el Programa Mundial de Alimentos. Además de los proyectos, la ayuda con los bonos redimibles en mercado han sido un alivio para las familias en extrema pobreza”, dice Emperatriz, y agrega: “estoy convencida que el camino para transformar las realidades en nuestro país es la educación y el campo. No hay otra.”

El colegio también recibe migrantes venezolanos, y durante la pandemia, apoya el desarrollo de proyectos de huertas caseras que antes eran escolares. “Sembramos cilantro, pepino, tomate, remolacha… ¡yo nunca había visto una mata de remolacha! Tuvimos mucho aprendizaje con la huerta… ellos [mis hijos] ya saben cómo se siembra el pepino, el tomate. Es una bendición” afirma María Fernanda, una de las madres venezolanas beneficiaria junto a su grupo familiar.

Para el WFP es fundamental el empoderamiento de las mujeres en áreas rurales en el contexto del proceso de paz, y así como Maria Fernanda, cientos de mujeres en todo el territorio colombiano reciben asistencia por parte de la organización para mejorar sus habilidades productivas y de autosuficiencia, promoviendo la igualdad y luchando contra las violencias basadas en género.

Llegando a cada rincón del país

Al igual que en Arauca, este organismo internacional, desarrolla varios proyectos junto a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) a lo largo y ancho del país.

“El Programa Mundial de Alimentos nos ha ayudado a la reconstrucción de la paz. Nos aportó recursos para proyectos, nos ha colaborado con la mesa de género y ha aportado en la tienda comunitaria que es uno de los proyectos más importantes que tenemos acá”, afirma un excombatiente miembro del antiguo ETCR Tierra Grata en César.

Entre las personas en reincorporación, también se encuentran miembros de comunidades indígenas, que afirman que el aporte del WFP les ha abierto espacios para que inicien una labor de trabajo y tengan un recurso propio que los beneficia a ellos y a sus familias.

Los esfuerzos de Colombia en la construcción de una paz sostenible en los territorios han sido enormes. En este contexto, sigue siendo muy importante el apoyo que la comunidad internacional pueda brindar para seguir acompañando el proceso y fortaleciendo las capacidades de las comunidades. También es primordial el impulso a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo y la reconciliación en el territorio colombiano, ayudando a construir comunidades prosperas, y combatiendo el hambre, un flagelo que afecta a 690 millones de personas en todo el mundo.