Soat: ¿seguirá subiendo el precio?

Para noviembre del año pasado, 7.576 personas habían muerto en siniestros de tránsito, esto significa un aumento del 2,4 por ciento en relación con el mismo periodo de 2022. Con estas cifras, Colombia no solo creció en las estadísticas, sino que se posicionó como uno de los países con los peores registros de la región.

Este comportamiento tiene un impacto directo en el valor del Soat, y por eso parte de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se centró en la reglamentación de este seguro, estableciendo, entre otros aspectos, sus características y condiciones generales.

Desde la perspectiva del usuario, el precio del Soat es muy alto, y tienen algo de razón. Colombia es uno de los países de América Latina donde el precio del seguro tiene mayor impacto frente al salario mínimo, según reveló el programa Movernos Seguro (MS), la iniciativa del panel de Alto Nivel de la Federación Internacional del Automóvil y el Banco Interamericano de Desarrollo. En otras palabras, el propietario de un vehículo destina el equivalente al 4,1 por ciento del salario mínimo al año para pagarlo. En otros países como Chile (0,2 por ciento) o Brasil (0,5 por ciento), el valor es muy inferior.

Ese comportamiento se explica debido al número tan alto de muertos y heridos que se registran anualmente, a lo que se suman otras cargas atadas al seguro. Si bien deberían existir recursos para financiar los programas de seguridad vial y el fondo de víctimas de eventos no asegurados o no identificados, el Congreso incorporó un recargo del 52 por ciento al precio del seguro dirigido al Adres, un hecho único en América Latina. Eliminar esa contribución reduciría el impacto del 4,1 por ciento al 2,7 por ciento, según MS.

Sin embargo, bajar el precio del Soat solo será viable cuando haya una reducción real de las víctimas o los eventos sean menos severos. Aun así, el precio debería reconocer el comportamiento de cada actor. Por ejemplo, quienes tienen dos o más siniestros al año o están involucrados en eventos con muertos, deberían pagar mucho más que quienes no usan el Soat.

El dilema de las indemnizaciones

El 90 por ciento de los más de 2,5 billones de pesos que paga el Soat al año por indemnizaciones están dirigidos a la cobertura de gastos médicos, es decir, a los centros de salud. Y aunque en 1996 se adoptó un manual tarifario como referencia para el reconocimiento de los precios de la salud, es común ver pacientes con lesiones similares por los que se generan facturas disímiles en servicios y precios que generan discrepancias entre prestadores y pagadores.

Por ese motivo, se debería avanzar a sistemas homogéneos de indemnización como los baremos de salud. Esto significa construir conjuntos de servicios según la severidad de las lesiones, y establecer la relación con los servicios a los que está obligado el sistema.

De esta manera, se podrían garantizar tratamientos efectivos, eficientes y equitativos. En últimas, es convertir un derecho difuso a la protección de la salud en un derecho objetivable al recibir unos servicios específicos, entendiendo que hay recursos limitados. De paso, este sistema previene el fraude y los abusos de algunos prestadores. El Soat, como herramienta fundamental para la seguridad vial, requiere de todos para seguir aportando en ese propósito.