HISTORIA DE DOS HERMANAS

A LAS 10 DE LA MAÑANA del pasado viernes la señora Rolla Jaller Jabbour se presentó en la Fiscalía 90 de Bogotá en compañía de su abogado. En tono tranquilo y sin ofrecer mayores explicaciones, la mujer dijo al secretario del despacho judicial que su intención era ampliar una denuncia que formuló el 16 de junio pasado contra su hermana Giselle, quien suplantó su identidad para cometer una multimillonaria estafa contra las Fuerzas Militares. Después de presentar un extenso memorial, Rolla Jaller solicitó que la Fiscalía adelantara lo más rápido posible la investigación contra su pariente porque le estaba causando serios perjuicios. Acto seguido se dirigió al Ministerio de Defensa y dejó un documento al ministro Juan Carlos Esguerra, en el que le dice que si va a iniciar alguna acción judicial para recuperar el dinero perdido lo haga contra su hermana Giselle porque ella es ajena a la defraudaciòn.
Estos dos episodios fueron los últimos que ocurrieron la semana pasada cuando, pro primera vez en varios meses, en el país se habló mucho más de Giselle Jaller Jabbour que del famoso proceso 8.000. Desde el momento en que SEMANA destapó el escandaloso episodio por medio del cual el Ejército perdió más de 800 millones de pesos a manos de una habilidosa mujer de origen libanès, el asunto estuvo en los principales titulares de los medios de comunicación y en boca de casi todo el mundo.
La revelación de los detalles del fraude no sólo permitió aclarar las circunstancias que rodearon el fallido contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa Inter Terra, sino que dejó al descubierto muchas más cosas relacionadas con la manera como la mujer logró obtener la adjudicación de numerosos contratos con las Fuerzas Militares.
De acuerdo con la información obtenida por SEMANA, Giselle Jaller empezó a suplantar la identidad de su hermana Rolla a mediados de 1993, cuando se hizo contratista del Ejército con la aparente complicidad de algunos oficiales de esa arma.
La hermosa mujer, de 1,67 de estatura, nacida en Beirut (Líbano), tenía serios impedimentos para adelantar cualquier transacción comercial desde junio de 1990, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito la condenó a 51 meses de cárcel por los delitos de hurto agravado, estafa y falsedad, luego de hallarla culpable de sustraer más de 100 millones de pesos cuando se desempeñó como funcionaria de los bancos de Caldas y de Crédito y Comercio de Bogotá. La misma decisión judicial ordenó suspenderle los derechos civiles y canceló la validez de su cédula de ciudadanía por el tiempo de duración de la sentencia.
Sin embargo Giselle evadió la acción de la justicia y no fue capturada inmediatamente. Tres años más tarde, cuando conoció a algunos altos oficiales del Ejército y se enteró a fondo de los secretos de negociar con los militares, la mujer decidió adoptar la identidad de su hermana Rolla, quien le lleva tres años de edad. Al mismo tiempo, Giselle falsificó la firma de Rolla y asumió la representación legal de la empresa Inter Terra, fundada por su hermana el 20 de abril de 1990. Fue así como logró obtener un primer contrato por 4.800 millones de pesos para el suministro de raciones de campaña para el Ejército. Más tarde obtuvo varios más, hasta cuando ganó la licitación directa que pretendía la adquisición de ponchos, morrales y cinturones de campaña con destino a los soldados encargados de la vigilancia de los puntos críticos del Plan Energético Vial. El costo de la negociación fue de 724 millones, los cuales Giselle obtuvo después de incumplirle reiteradamente al Ministerio de Defensa. El material nunca fue entregado.
No obstante, Giselle fue capturada en junio de este año por la Policía en Bogotá. Fue recluida en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, pero logró recuperar la libertad un mes más tarde después de que Carlos Ruiz Orjuela, juez Cuarto de Ejecución de Penas, le otorgara el beneficio tras comprobar que la mujer fue retenida cuando tenía siete meses de embarazo. El Instituto de Medicina Legal certificó el estado de gravidez de la reclusa y por ello el juez le dio seis meses de permiso, al término de los cuales debía regresar a la cárcel a terminar de cumplir la pena. Pero Giselle nunca regresó.
Ahora, tras el escándalo y cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, reconoció que la hermosa mujer metió un gol a las Fuerzas Militares, Giselle entró nuevamente en escena. El jueves y el viernes pasados se comunicó con Caracol desde algún lugar en el exterior, posiblemente Estados Unidos, para denunciar que este episodio no es más que un complot que pretende hacer daño a los generales Camilo Zúñiga y Jesús María Vergara, actuales comandante de las Fuerzas Militares y segundo comandante del Ejército, respectivamente, a quienes visitó en un par de ocasiones. La fugitiva reconoció que el coronel Luis Carlos Ramírez fue quien la presentó en el Ministerio de Defensa como contratista. Agregó que el oficial -con quien según dijo tuvo una relación sentimental- le aconsejó que suplantara a su hermana para que pudiera tener algún chance en las licitaciones. Al mismo tiempo Giselle aceptó sus problemas penales con los bancos que la acusaron de estafa. También dijo que las pólizas de seguro que amparaban el material militar se vencieron por negligencia de algunos funcionarios del Ministerio.
Hasta ahora las investigaciones internas ordenadas por el ministro Esguerra no han arrojado luces para hallar a los responsables de esta defraudación. Según estableció SEMANA, todas las personas que tuvieron que ver directa e indirectamente con el contrato suscrito con Inter Terra han negado su participación en algún hecho irregular. "Todos se están lavando las manos. Ahora resulta que todos recibieron órdenes para girar los dineros del contrato, aunque no hubieran llegado los pertrechos y nadie se hace responsable", dijo una fuente gubernamental. Al mismo tiempo, los generales Zúñiga, Vergara y Manuel Sanmiguel Buenaventura afirmaron públicamente que ellos no contrataron con Inter Terra y explicaron que la labor de la Junta de Licitaciones del Ejército se limita a recomendar al Ministerio de Defensa cuál es la empresa que cumple con los requisitos técnicos contenidos en el pliego licitatorio.
Fuentes de la cartera de Defensa dijeron a SEMANA que el hecho de que haya surgido la suplantación de identidad en este delicado asunto complica aún más la posibilidad de entablar una acción judicial contra la empresa Inter Terra, beneficiaria del contrato de los 724 millones de pesos. Otras fuentes aseguraron que la investigación interna es muy compleja y por ello el que todo el mundo salve su responsabilidad indicaría que la pérdida del dinero iría camino de la impunidad, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes.