Organizaciones le insisten al Gobierno en la ratificación del Acuerdo de Escazú

El próximo 22 de abril, día en el que se conmemora el Día Internacional de la Tierra, el Acuerdo de Escazú empezará a regir y la lucha de quienes desde hace varios meses vienen exigiéndole al Gobierno colombiano que lo ratifique, continúa. 

El último llamado para que se le dé trámite urgente al proyecto de ley por medio del cual se ratificaría el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, acaba de hacerlo la Alianza por el Acuerdo de Escazú, organización de la que hacen parte entidades como la Universidad del Rosario, la Asociación Ambiente y Sociedad, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la Universidad de los Andes, Dejusticia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Red por la Justicia Ambiental de Colombia y la Universidad de Medellín, entre otras. 

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En un comunicado a la opinión pública, la Alianza sostuvo que los próximos días serán determinantes para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, pues ya ha empezado formalmente la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Celebraron el hecho de que el pasado 22 de enero, México y Argentina ratificaran el Acuerdo ante la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues con estos dos países ya son 12 los Estados parte, situación que implica que ya pueda entrar en vigor.  

Afirmaron que Colombia sigue en deuda de ratificar este instrumento, pese a la la evidente necesidad de implementarlo. "El Acuerdo de Escazú fue presentado por el gobierno nacional al Congreso de la República el 20 de julio de 2020. Sin embargo, y pese a que se desarrollaron diferentes espacios de diálogo en los cuales diferentes sectores de la sociedad civil colombiana exigimos su ratificación, el proyecto de ley aún no ha sido discutido ni votado en primer debate en las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes", indicaron desde la Alianza. 

_{La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá a los líderes ambientales tener acceso a la información y prevenir los conflictos ambientales. Foto: archivo /Semana.}

Aseguraron que el país enfrentaba enormes retos para el fortalecimiento del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en materia ambiental, los cuales han incrementado en el escenario de pandemia por la covid-19. "Adicionalmente, la gravísima situación de asesinatos y amenazas a personas defensoras del ambiente en el país es una razón determinante para que Colombia se haga parte del Acuerdo lo antes posible", expresó la Alianza. 

Desde a Alianza explicaron que el Acuerdo de Escazú era un primer instrumento jurídicamente vinculante para la región que buscaba disminuir y prevenir los conflictos ambientales, garantizando a las personas tres derechos fundamentales. Por un lado, el acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.

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De igual manera, la participación ciudadana, que deberá ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia en materia ambiental frente a los daños a la naturaleza y los derechos humanos.

_{Colombia es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente según la oenegé británica Global Witness. Foto: Semana.} 

Señalaron, además, que el Acuerdo incluía por primera vez, medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.

Consideran que la ratificación del Acuerdo es una oportunidad fundamental para el fortalecimiento de la democracia ambiental del país. "Ignorar este escenario internacional implica cerrar las puertas al fortalecimiento de nuestras políticas públicas e institucionalidad ambiental, y dar la espalda a un escenario de cooperación y multilateralismo fundamental para nuestro país", recalcaron.  

Reiteraron la solicitud al Gobierno nacional de impulsar de manera urgente la ratificación de ese visionario tratado. 

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Hasta ahora ni la carta enviada por un grupo de connotados ambientalistas, académicos y políticos, que hicieron parte como moderadores y participantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental durante el paro de 2019, ni la petición realizada por 130 organizaciones ambientales y sociales, por medio de otra misiva, ni la comunición enviada por 16 expresidentes de diferentes países y reconocidos líderes internacionales, entre los que se encontraban varios premios nobel de la paz, han surtido efecto, en parte por la presión realizada por diversos sectores, como algunos de los más poderosos gremios económicos del país, varios congresistas y líderes políticos como el exministro Germán Vargas Lleras, que no están de acuerdo con que se firme el acuerdo, al considerar, entre otras cosas, que la soberanía y el desarrollo económico del país se pondría en riesgo.  

Los antecedentes

Colombia hizo parte activa de las negociaciones del acuerdo que iniciaron el 5 de mayo de 2015 y que finalizaron el 4 de marzo de 2018 en la provincia costarricense de Escazú con la adopción del texto del acuerdo, pero no lo firmó sino hasta el 11 de diciembre de 2019, como parte de los compromisos de la Gran Conversación Nacional adelantada en el marco del paro nacional ocurrido en noviembre.

_{El embajador Guillermo Fernández de Soto, representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, fue el encargado de suscribir el Acuerdo de Escazú en 2019. Foto: archivo/Semana.} 

Aunque el presidente Iván Duque radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia ante la Cámara de Representantes el 23 de julio de 2020 y en el Senado de la República el 27 de julio de 2020, a la fecha las Comisiones Segundas Conjuntas no le han dado primer debate. Esto, a pesar, de que la iniciativa lesgislativa cuenta con ponencia positiva, publicada en la Gaceta del Congreso del 16 de octubre de 2020, firmada por cinco de los 14 ponentes. 

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En varias intervenciones, el mandatario colombiano ha reiterado su compromiso de implementar este acuerdo. Lo hizo, por ejemplo, en el marco de la Cumbre Presidencial por la Amazonia adelantada el 11 de agosto, así como en su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2020. No obstante, todo se ha quedado en promesas, pese a que el Acuerdo ha sido explícitamente respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un criterio importante para otorgar financiación para el desarrollo.