¿Colombia necesita tribunales especiales para dirimir conflictos ambientales?

Los conflictos ambientales han venido en aumento en el país y cada vez se hacen más notorios. Ante la falta de eficiencia administrativa para abordarlos, así como de conocimiento profundo en materia ambiental por parte de quienes imparten justicia, desde hace varios años se viene contemplando la idea de crear tribunales o salas especializadas en materia ambiental.

Estos ‘tribunales verdes‘ se encargarían, entre otras cosas, de resolver los problemas existentes entre el Estado, las comunidades o los particulares por la implementación de políticas, programas, proyectos o autorizaciones expedidas por el gobierno que terminan materializándose en los territorios y que ponen en condición de vulnerabilidad o desventaja a la naturaleza. 

Allí serían atendidos conflictos generados por licencias ambientales, por el ordenamiento ambiental, por la declaratoria de áreas protegidas; por la delimitación de ecosistemas estratégicos o porque atentan contra los derechos de la naturaleza, el uso del agua, o generan contaminación del aire, restringen el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana.

También dirimirían pleítos entre particulares (empresas, multinacionales, etc.) y las comunidades por proyectos como los mineros, que puedan afectar el bienestar general y el medioambiente. 

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En ese orden de ideas en salas especializadas se admitirían denuncias, por ejemplo, por la posible contaminación del agua que generaría la ubicación de una mina de carbón en el páramo del que se surte del líquido un acueducto veredal, demandas que actualmente se vienen adelantando a través de acciones populares o tutelas. 

Para algunos expertos el establecimiento de tribunales ambientales es fundamental con el fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución en términos medioambientales, en especial en lo referente a garantizar el derecho a la participación, la justicia y la información, mientras que para otros lo que se debería hacer es fortalecer las instituciones existentes y preparar a los jueces para que sean capaces de emitir juicios de acuerdo con la complejidad técnica y científica de los conflictos ambientales. 

Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (CEPLA), considera que sobre este tema en el país hay dos posturas. En primer lugar, están quienes consideran que es indispensable para garantizar una justicia ambiental efectiva que exista una jurisdicción especializada que no esté conducida bajo criterios y principios netamente jurídico-legales ordinarios, sino que tenga un componente en el que haya un balance entre lo jurídico y los aspectos técnicos, sociales y económicos, regida bajo otra serie de criterios, valores y actores, pues de lo que se trata es de asegurar el acceso a la ley a toda la sociedad.  

"Es una tendencia que hoy, de alguna manera, encuentra cierto respaldo en el Acuerdo de Escazú", indica. 

_{Para los expertos es necesario determinar en qué genera los conflictos ambientales para determinar la competencia que tendrían los tribunales. Foto: archivo/Semana.} 

Por otro lado, según Guerrero, existe otra corriente que asegura que no es necesario crear un tribunal ambiental, sino dotar de capacidad a los jueces y de las herramientas suficientes para que cuando conozcan de asuntos de esta índole, esté dado todo el régimen probatorio, así como que tengan la posibilidad de acudir a instancias competentes y especializadas como los centros de investigación o las universidades para tomar decisiones respaldadas técnicamente.

"Hay quienes sostienen que el juez no tiene por qué ser activista. Se critica de fondo el activismo judicial. Plantean, algunos, que el juez no tendría por qué asumir un rol, mientras que otros, por el contrario, demandan el activismo de su parte", afirma. 

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Guerrero cree, entre tanto, que lo pertinente sería ir profundizando en el análisis del conflicto ambiental en Colombia para determinar qué lo propicia. "Me parece que parte de los errores es que todo sea pretendido judicializar. Hay que explorar mecanismos de resolución de conflictos, pero para ello debemos tener muy claro esos factores que originan y caracterizan esas problemáticas para encontrar instancias de solución de los mismos", apunta. 

Para este abogado el hecho que se esté judicializando todo es una evidencia de que en el país se quedó corto el esquema de comando y control ambiental, es decir, de permisos, licencias, autorizaciones y sanciones. "Tenemos que empezar a buscar otros mecanismos de hacer gestión ambiental en torno al conflicto y lo que lo propicia. Se requeriría una reestructuración de las instituciones existentes, pero adicionalmente de la manera en la que se construye política pública y, particularmente, cambios en la planificación del desarrollo sectorial en el país. Nos quedamos cortos porque seguimos pensando que la licencia o el permiso lo resuelven todo", dice. 

_{Garantizar el acceso a la justicia ambiental de las comunidades es el objetivo que deberían perseguir los tribunales. Foto: archivo/Semana.} 

Afirma que se debe empezar a ser más creativos y trabajar en mecanismos para la prevención de conflictos ambientales ya que - según él-  probablemente muchos se resolverían si, por ejemplo, las políticas públicas y los planes de desarrollo pasaran previamente por un tamiz de regla ambiental, tal y como se hace a nivel fiscal, pero desde el punto de vista de pertinencia, conveniencia y validación en los territorios y por parte de los actores, "es decir, una licencia social. Eso prevendría muchos conflictos ambientales y permitiría que todo fuera en sintonía", manifiesta. 

Guerrero considera que en la actualidad lo que existe son sectores compitiendo entre sí para ver quién hace prevalecer su fuerza y capacidad de incidencia en la política pública. 

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Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sostiene, por su parte, que ante el aumento de los conflictos ambientales y de la judicialización de casos por problemáticas de esta índole, es necesario que en Colombia se cree un tribunal ambiental, constituido por abogados, magistrados y peritos expertos que tomen decisiones adecuadas, viables y que permitan avanzar en el desarrollo sostenible del país. 

"Clamamos porque haya un cumplimiento de esa normatividad existente y que el desarrollo del país tenga un ordenamiento jurídico que incluya elementos sociales, culturales y ambientales para que, desde una coordinación de la institucionalidad, la comunidad y las empresas, se logre el crecimiento económico desde la sostenibilidad", sostuvo magistrada.

_{Los tribunales verdes son una alternativa para la resolución de conflictos ambientales que ya se viene implementando en diferentes países. Ilustración: Santiago Guevara.}

Rodrigo Negrete, abogado ambientalista, recordó que en Colombia desde hacía muchos años se venía hablando sobre la necesidad de establecer unos tribunales especializados ambientales que abracaran no solo en el tema administrativo, sino también aspectos penales y civiles. 

"Esto tiene muchos ámbitos de actuación porque evidentemente hay un tema criminal, de delitos contra la naturaleza, y a pesar de que el código penal tiene algunos elementos de jucio y un capítulo sobre medioambiente, estos crímenes realmente son un poco confusos, pues su redacción no es adecuada y las penas son muy bajas", afirmó. 

Otro problema clave, según Negrete, es que las normas ambientales están fragmentadas y no se condensan en un solo documento. "A eso se le debe sumar que no existe una especialización de los fiscales que investigan los delitos y tampoco una jurisdicción especializada en materia penal", expresa Negrete, quien asegura que, si muchas veces no existe un conocimiento claro sobre la normatividad por parte de las autoridades ambientales, mucho menos de los jueces y los fiscales. 

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Para el jurista deberían existir salas ambientales, así como hay salas civiles, penales y laborales, pues según él, lo ambiental es transversal a todo. "El aire limpio debería ser un derecho fundamental, ya que uno puede pasar un día sin agua, pero sin respirar ni unos minutos, así que si uno quisiera interponer, por ejemplo, una acción popular para que se le garantice ese derecho, ¿a qué instancia debería acudir y cuál es la regulación que permite soportar la demanda?. Son vacíos que existen", comenta. 

Implementar estos tribunales ambientales requerirían - desde el punto de vista de Negrete- un cambio estructural, inicialmente en el sistema educativo. "Hay que empezar por implementar en las universidades un pénsusm que involucre el tema ambiental con todos sus matices: aire, suelo, agua, paisaje, biodiversidad, etc., pues crear la jurisdicción especial depende también de que las instituciones educativas ajusten sus planes de formación, tanto jurídica como técnicamente, ya que no solo que el Estado debe especializarse con instituciones administrativas más fuertes y sólidas, sino también el estamento educativo, incluidos los colegios para que se tenga un conocimiento más cercano, pero sobre todo un cambio de comportamiento social frente a lo que genera daño al medioambiente", puntualiza.

_{La conformación de los tribunales ambientales es otro de los temas de debate que adelantan los expertos. Ilustración: Pixabay.} 

Luis Felipe Guzmán Jiménez, miembro del grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, señala que lo primero que se debería hacer es definir qué es un conflicto ambiental para determinar la competencia que tendrían los órganos judiciales especializados, es decir, si conocerían todos los asuntos relacionados con el medioambiente como, por ejemplo, los medios de control (nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, entre otros), que hoy conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y las acciones constitucionales (acciones de tutela, populares, grupo y cumplimiento) relacionadas con el medioambiente como elemento integrador y transversal de la competencia.

Así mismo, asegura en un artículo publicado en el blog del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, que se debe determinar si dichos tribunales deben pertenecer a la rama judicial o depender exclusivamente del ejecutivo y cuál sería su mejor composición ya que, en su gran mayoría, son integrados por abogados, pero existen casos de constitución mixta como, por ejemplo, la Corte Ambiental de Nueva Zelanda, que tiene una composición de nueve abogados y 15 comisionados técnicos.

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"Los requisitos para pertenecer a dichos órganos especializados son una cuestión central. En nuestra opinión, en el caso de Colombia, de llegarse a crear, los requisitos para ser magistrado de la sala ambiental del tribunal administrativo deberían ser los mismos fijados por la Ley Estatutaria de Administración Judicial, adicionando los estudios en derecho ambiental y la experiencia relacionada con este. Lo anterior también ha de aplicar para ser magistrado de la sección ambiental del Consejo de Estado", sostiene.

Aún falta mucho camino por recorrer en este tema, lo cierto es que son muchos los retos que afronta el país para garantizar justicia ambiental, entre los que está incluido un adecuado abordaje de los conflictos y un diseño de nuevas formas de gestión judicial.