Fracking: 50 congresistas exigen al Gobierno suspender los pilotos en Colombia

Con "bombos y platillos" el Gobierno nacional ha venido anunciando la adjudicación del primer contrato para la ejecución de uno de los cuatro Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) de fracking a la empresa Ecopetrol, en Puerto Wilches (Santander), previsto para comenzar a ejecutarse en el segundo semestre de 2021. 

Días atrás también había dado a conocer que las otras dos empresas que habían quedado habilitadas para adelantar esta técnica de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales para la extracción de gas y petróleo en el país serían la Drumond y Exxonmobil. 

No obstante, el panorama para el Gobierno no está tan claro como hasta ahora lo ha hecho ver. Para poder arrancar deberá primero obtener la licencia ambiental que deberá expedir la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esta incluye la presentación del plan de manejo ambiental. 

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Adicionalmente, la petrolera debe contar con unas líneas base a nivel ambiental, hídrico, sísmico y social, entre otros ítems, que servirán para efectuar las mediciones sobre los efectos e impactos que tenga el piloto en la zona, al igual que adelantar un proceso de socialización con las comunidades del área de influencia de los pilotos para, de esta forma, obtener uno de los puntos claves: la licencia social. 

Este último aspecto es crucial, pues también tiene implicaciones políticas. La carta enviada por 50 congresistas al presidente Iván Duque pidiéndole suspender los proyectos pilotos es una muestra de ello. 

En la misiva los senadores y representantes a la Cámara, pertenecientes a diferentes movimientos políticos, dan a conocer que tienen serias dudas respecto a la posibilidad que tienen estos pilotos de entregar información certera sobre los riesgos del fracking que pueda reducir la incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y para el ambiente.

Ante esta situación, le pidieron suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los pilotos de fracking y los contratos especiales de proyectos de investigación, para poder brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir esta práctica extractiva en Colombia.

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"El ritmo acelerado con el que el Gobierno promueve estos proyectos es desconcertante. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, expresó el pasado 6 de octubre que el objetivo del Gobierno es “evaluar los proyectos piloto antes de que finalice el mandato actual del Gobierno en agosto de 2022”. Ese tiempo es muy limitado desde todo punto de vista: estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años, como ha sido ampliamente documentado en las áreas explotadas mediante el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina", indica la carta. 

_{Los congresistas aseguran que existe un conflicto de intereses pues las empresas comerciales que desarrollarán los pilotos, serán las mismas que darán a conocer los resultados de la investigación. Foto: archivo /Semana.} 

Según los congresistas, con estos pilotos el Gobierno busca evaluar, en un corto plazo y con pocos pozos, los impactos ambientales y sociales que se darían en el mediano y largo plazo con los miles de pozos necesarios por cada campo, como nos lo muestran las experiencias de los países que ya han implementado esta técnica. 

"Por otra parte, y sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado, sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación; adicionalmente, las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias ambientales", sostienen. 

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Para los congresistas, esto representa serios conflictos de interés desde todo punto de vista y vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se pretenden contratar.

Aseguran, además, que las normas expedidas por el Gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medioambiente y a la salud de las comunidades. "En consecuencia, no es posible implementar de manera segura el fracking en la modalidad de pilotos", señalan. 

_{Las comunidades temen por los riesgos ambientales y a la salud que el fracking pueda producir en los territorios. Foto: archivo / Semana.} 

Consideran que los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático, pues no garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran "comunidad” a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos.

"La evaluación de los resultados, en vez de llevarse a cabo por parte de evaluadores pares externos como es habitual en los estudios científicos, corre por cuenta de comités liderados y conformados en su mayoría por el mismo Gobierno nacional, lo cual podría resultar en un sesgo a la hora de evaluar los métodos utilizados y los datos obtenidos, que además repercutiría en la legitimidad del gremio de los hidrocarburos", apuntaron. 

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Los congresistas también hicieron referencia a que ni los diferentes procesos judiciales vigentes que se viene realizando en contra de la técnica del fracking y han logrado desvirtuar la incertidumbre existente sobre sus impactos sociales y ambientales, ni siquiera en la modalidad de pilotos. "Por ello, y en aras del respeto por la institucionalidad, es necesario que se tengan en cuenta estas variables antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, so pena de correr con un riesgo innecesario frente a eventuales demandas en contra del Estado por incumplimiento", mencionaron. 

_{Las recomendaciones hechas por la comisión de expertos no se ha cumplido a cabalidad por lo que, hasta ahora, los piloto carecen de sustento científico y social. Foto: Mauricio Flórez/Semana.}

Juana Hofman, abogada perteneciente a la Alianza Colombia Libre de Fracking, también señaló que no se han cumplido a cabalidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos para poder dar sustento científico y social, así como viabilidad a los pilotos. 

Los congresitas recordaron, además, que, en la actualidad, están en trámite dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas. "Un tema tan importante y complejo amerita un análisis sosegado y un proceso participativo, con el que estamos comprometidos. El avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial", puntualizaron. 

César Pachón, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Guillermo García Realpe, Jorge Eduardo Londoño, Juan Carlos Losada, Feliciano Valencia, Aída Avella, Roy Barreras, Armando Benedetti, Pablo Catatumto Torres, Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro son algunos de los congresistas que firmaron la carta.