La preocupante situación de las invasiones en Bogotá

Los asentamientos ilegales en Bogotá son un tema complejo que preocupa por varias razones: muchos están en zonas de protección ambiental y de alto riesgo de desastre; en algunos casos quienes ocupan los predios no hacen parte de población vulnerable, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat ha encontrado familias con medicina prepagada y finca raíz en exclusivos sectores de Bogotá y el resto del país. También existen bandas criminales organizadas que negocian y estafan con las tierras, en grupos conocidos como tierreros; y finalmente, legalizar y llevar condiciones dignas a los asentamientos ilegales suele acarrear grandes costos para la administración distrital.

Cada año que pasa el número de asentamientos ilegales crece. La capital pasó de 15.832 en 2012 a 20.819 en 2016. Además, en 2003 había 813 hectáreas ocupadas ilegalmente mientras que el año pasado ya iban 3.690. A pesar de las escandalosas cifras, esta situación no es nueva ya que “el 21 por ciento del suelo urbano de Bogotá viene de origen informal. Ese es el diagnóstico que tiene el POT actualmente y el análisis se hace desde el acuerdo 6 de 1990”, asegura María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat del Distrito.

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En este momento Bogotá pretende legalizar 214 barrios, muchos de los cuales son ilegales desde hace más de 20 años. Las localidades donde se hará el mayor número de intervenciones son principalmente Ciudad Bolívar y San Cristóbal, seguidas de Usme y Rafael Uribe.

Cuando se habla de asentamientos ilegales es importante saber que existen cuatro tipos: consolidados, consistentes en construcciones edificadas en materiales definitivos como concreto, piedra, ladrillo, bloque, adobe y losas; en proceso, aquellos que presentan labores de edificación de por lo menos el primer nivel de la vivienda y donde se evidencia la presencia de materiales de construcción; provisionales, edificadas en madera, lata, plástico, lona, polisombra o cualquier tipo de material reciclable y por último los lotes, aquellos predios que presentan algún tipo de indicio de una futura construcción o desarrollo.

Asediados por bandas criminales

El fenómeno de la ocupación ilegal va más allá de ser una de las consecuencias de la pobreza y la vulnerabilidad. Los ya mencionados tierreros promocionan la venta ilegal de predios, la urbanización ilegal y la invasión a tierras y edificaciones. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad diseña una estrategia para prevenir y atender los delitos generados por estas actividades, que lanzará en el segundo semestre de este año.

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Las investigaciones de la entidad lograron identificar diez bandas que operaban en las localidades de Usaquén (Santa Bárbara), Chapinero (mansiones de Bagazal), Rafael Uribe (Molinos), San Cristóbal (Chiguaza), Engativá (sector aledaño al hospital), Ciudad Bolívar (La Colmena, Caracolí) y Kennedy (La Floresta, Terminal Pesquera y Meandros). Con esta información el Distrito instauró 78 denuncias en la Subunidad de Tierras de la Fiscalía General de la Nación, que ya han dejado 19 personas capturadas.

Legalización, vías y servicios públicos: enormes costos

Para legalizar un barrio este debe estar en un sector de expansión de la ciudad y no puede pertenecer al suelo rural. En este proceso de formalización no se permite el cambio del uso a urbano. Tampoco se puede legalizar si los predios están en zonas de riesgo o hacen parte de áreas protegidas por su importancia ambiental.

• El distrito pretende legalizar 214 barrios.
• Los estudios y trámites de legalización cuestan cerca de 41 millones de pesos por hectárea.
• Se necesitan 632.000 millones de pesos para llevar acueducto, alcantarillado, gas y vías terciarias.
• 4 billones de pesos para vías principales que permitan conectar la mayoría de estos asentamientos ubicados en la periferia con el centro urbano.

Cerros orientales: un caso especial

Hacen parte de un área protegida, por lo que no se permite ningún tipo de construcción en ellos. Sin embargo, entre sus bosques hay miles de asentamientos ilegales. “Aquí no se puede legalizar, obligatoriamente toca reasentar a las personas”, afirma María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat de Bogotá.

Localidades afectadas:

• Usaquén, Chapinero, Santa Fe,
• San Cristóbal, Usme
• 880 hectáreas invadidas
• 998 ocupaciones: 1.896 consolidadas, 67 en proceso, 579 provisionales y 456 lotes

LOS CASOS

Los indígenas de Bosa

Las veredas San Bernardino y San José pertenecían al resguardo indígena muisca de Bosa que sobrevive desde épocas coloniales. Sin embargo en 2005 el Distrito emitió, sin consulta previa, un decreto de expansión urbana que los desplazó. Esto, a pesar de que la dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior los reconoció en 1999.

Además, urbanizadores piratas invaden los terrenos de los indígenas y estafan, de paso, a cientos de familias que reciben los lotes sin servicios públicos ni condiciones dignas, y sin siquiera un título legal que les garantice la propiedad.

Quiba La Baja y El Paraíso

En estos lugares operaba una banda que identificaba si los predios vacíos tenían dueño, luego solicitaba los certificados de Tradición y Libertad y finalmente buscaba los mapas en Catastro y en el Instituto Agustín Codazzi. Después de tener toda la documentación establecía si era posible ocupar los terrenos y buscaba un grupo de personas para que tomara posesión de ellos.

Una vez el plan estaba listo, ofrecía prebendas a funcionarios de la Policía y la Alcaldía Local para que les dejara continuar con la invasión. Posteriormente empezaba a vender lotes a bajo costo, entregando promesas de compraventa falsas o en muchas ocasiones sin documento alguno.

Otra estrategia consistía en adueñarse de los predios y empezar procesos de pertenencia en diversos juzgados en caso de no encontrar opositores. Al final, la rama judicial terminaba por adjudicarles los terrenos a los miembros de la banda. En el sector de Quiba La Baja y El Paraíso (Ciudad Bolívar) vendieron 120 lotes de manera fraudulenta.