1.131 territorios indígenas amazónicos están amenazados por la minería

El precio del oro tuvo un récord de casi 2.100 dólares la onza en agosto de este año. Estos valores habían estado subiendo durante años, pero la amenaza a las economías del nuevo coronavirus llevó a un aumento de los precios en alrededor del 35 por ciento, lo que aumenta la demanda, la minería y la amenaza cada vez mayor a los ecosistemas y comunidades de la Amazonia.

Así lo evidencia el nuevo informe Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), el cual estima que 1.131 territorios indígenas de la cuenca amazónica sufren del impacto de la minería legal e ilegal. 

Le puede interesar: Minería ilegal: estudio revela la peor devastación en la historia de la Amazonía

“Las operaciones mineras en la cuenca del Amazonas cubren ahora más del 20 por ciento de los territorios indígenas, amenazando así a cientos de comunidades aborígenes y poniendo en peligro a ecosistemas críticos en una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados”, indica el artículo que detalla, por primera vez, la dimensión de las concesiones de minería a gran escala y de la minería ilegal en los territorios indígenas amazónicos”.

_{La minería en la cuenca del Amazonas cubre ahora más del 20 por ciento de los territorios indígenas. Foto: Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas.}

Los mineros ilegales han invadido 370 territorios indígenas, donde toda la actividad minera en tierras indígenas es ilegal. De este total, 260 están en Perú, 37 en Brasil, 29 en Colombia, 19 en Venezuela, 16 en Bolivia y nueve en Ecuador. Además, según el informe, las operaciones mineras ilegales están filtrando químicos tóxicos como mercurio en al menos 30 ríos del Amazonas.

“En todo el Amazonas, los territorios indígenas sufren el asedio de la minería, tanto legal como ilegal, y estas actividades están deteriorando la capacidad de las comunidades para protegerse, prevenir la deforestación y cuidar ecosistemas esenciales para el bienestar del planeta”, dijo Peter Veit, director de la iniciativa de derechos sobre la tierra y los recursos en WRI y coautor del informe.

Investigaciones pasadas del WRI descubrieron que, en tierras con tenencia garantizada a indígenas, las tasas de deforestación son de dos a tres veces menores que en los demás territorios. Por su parte, el nuevo informe revela que la minería está socavando la capacidad probada de las comunidades para prevenir la deforestación: entre el 2000 y el 2015, las tierras indígenas del Amazonas donde se desarrollan actividades de minería tuvieron una mayor pérdida de la cubierta arbórea que aquellas sin minería. 

_{La minería desangra los bosques amazónicos y a sus comunidades indígenas. Foto: Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas.}

“En Bolivia, Ecuador y Perú, la pérdida forestal fue al menos tres veces mayor en los territorios indígenas con operaciones mineras legales e ilegales que en el resto; y de una a dos veces mayor en Colombia y Venezuela”, indicaron los expertos.

Patricia Quijano Vallejos, consultora legal internacional y autora principal del artículo, expresó que si bien todos los países del Amazonas conceden ciertas protecciones legales importantes a los pueblos indígenas, esas protecciones suelen aplicarse de forma débil o desigual.

Le puede interesar: Anla lanza aplicativo para mejorar control y vigilancia de la minería ilegal

“Los gobiernos son propietarios de los recursos minerales o los controlan, por lo que los pueblos indígenas no pueden prohibir la entrada a mineros con permisos gubernamentales ni tampoco acceder plenamente a los minerales de sus territorios. Los derechos a la tierra resultan insuficientes y los indígenas cuentan con una desventaja frente a los mineros. Muy pocos tienen derechos a administrar sus tierras y muchas veces lo que dice el papel no se cumple en la práctica”, anotó Quijano.

_{Las tierras sagradas de los indígenas están plagadas de minería. Foto: Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas.}

El experto Tiago Moreira informó que en la Amazonia hay una robusta red ilegal que promueve la minería ilegal. “No sabemos mucho sobre quiénes conforman esta red, pero sí es claro que son personas involucradas en el manejo de recursos económicos relacionados con los políticos locales y actividades ilegales como lavado de dinero”.

Michael McGarrell, representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y coordinador de derechos humanos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca, apuntó que hay pueblos indígenas involucrados en la minería ilegal. “Los líderes indígenas reciben grandes sobornos por parte de los mineros para que los dejen ingresar a sus tierras, lo cual genera impactos como prostitución y drogas. Los indígenas se involucran en esta actividad porque necesitan sobrevivir, comer y pagar el estudio de sus hijos. Como la minería destruye al medioambiente y las zonas de cultivo, esto los empuja a involucrarse”. 

Seis núcleos afectados

Los expertos analizaron seis regiones en la Amazonia que están seriamente afectadas por las concesiones mineras en los territorios indígenas: Bolivia (Parque Nacional Isiboro Sécure), Brasil (Parque Yanomami), Colombia (Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis), Ecuador (territorio indígena Shuar), Guyana (territorio Patamona) y Perú (zonas indígenas Shipibo y Ese’Eja).

Para Peter Veit, en todos los países de la Amazonia hay tierras indígenas que están siendo afectadas por la minería legal e ilegal y las concesiones a las empresas mineras. “El Parque Yanomami en Brasil es una de las zonas más afectadas, donde hay presencia de más de 20.000 mineros en el norte del país que llevan décadas en el territorio”. 

_{Más de 30 ríos amazónicos están afectados por mercurio. Foto: Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas.}

Según el análisis, entre 2000 a 2015 unas 7.000 hectáreas de cubierta forestal en este parque brasileño fueron deforestadas. “Si bien parte de esta pérdida puede estar relacionada con actividades agrícolas o forestales, la mayoría está asociada con las operaciones mineras ilegales”.

Le puede interesar: Comunidad de Jericó sigue oponiéndose a proyecto minero

En el Parque Nacional Isiboro Sécure de Bolivia, cerca de 3.800 hectáreas de cobertura forestal en tierras indígenas se perdieron entre 2000 y 2015. Por su parte, el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis de Colombia perdió 4.200 hectáreas de bosque en 15 años, flagelo que ha disminuido desde la creación del parque en 2009.

Veit menciona que muchos pueblos indígenas están demarcando sus tierras y creando habilidades para hacer monitoreos, cómo utilizar drones o información satelital para detectar las actividades ilegales. Están desarrollando y documentando muchas cosas, pero no lo pueden hacer solos”

_{Colombia es uno de los países más afectados por los frentes mineros. Foto: Ejército Nacional.}

Amenazados

En un análisis de los seis países amazónicos que controlan más del 90 por ciento de la cuenca del Amazonas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, los autores descubrieron que las legislaciones y normativas nacionales suelen favorecer a las empresas antes que a los pueblos indígenas.

“Además del daño al ecosistema, una débil supervisión gubernamental de las actividades mineras puede causar también conflictos violentos entre las comunidades indígenas y los mineros”.

En 2019, fueron asesinados más defensores ambientales, muchos de ellos de pueblos indígenas, que protegían sus tierras frente a la minería que en cualquier otro sector, y dos tercios de los homicidios se produjeron en América Latina.

_{En Colombia, ríos como en Caquetá y Puré se ven afectados por la minería ilegal. Foto: Ejército Nacional.}

“Incluso en países como Guyana, la única nación analizada por la investigación del WRI que concede a los amerindios un derecho limitado a aprobar los desarrollos mineros en sus tierras, las autoridades tienen alternativas para eludir la legislación”.

Michael McGarrell manifestó que la realidad en el terreno es bastante distinta. “Los funcionarios gubernamentales pueden decir, por ejemplo, que una concesión minera en territorio amerindio es de interés público. Esto implica que aunque una comunidad diga que no, el ministro puede decir que sí”.

Le puede interesar: Golpe a minería ilegal en Antioquia

Según McGarrell, la minería pone cada vez más en riesgo a los bosques y a los derechos de las comunidades indígenas. “Esto no trae riqueza para nosotros. En la Amazonia, los 1,5 millones de indígenas necesitamos del bosque, el agua y los recursos naturales para vivir, ya que estamos conectados espiritualmente con ellos. Sufrimos mucho cuando afectan las tierras y ponemos en peligro nuestras vidas para protegerlas”.

_{Los cuerpos de los indígenas contienen el mercurio de la actividad minera. Foto: Juan Arredondo (alianza PNN - ACT).}

El representante indígena propone que se le otorguen derechos robustos a las comunidades indígenas para proteger los bosques y ecosistemas. “Este es nuestro hogar, por eso necesitamos establecer salvaguardas ambientales robustas, que no se queden solo en el papel. Los gobiernos deben invertir en nuestras capacidades, mejorar los argumentos legales y que podamos monitorear las actividades ilegales. Somos los ojos y oídos de la naturaleza y podemos ayudar a hacer monitoreo al medioambiente".

Recalca que los indígenas son los mejores aliados para cuidar la salud del planeta. “Somos la herramienta secreta del mundo para salvar el bosque. No somos pobres ni primitivos, por eso los invitamos a que nos involucren y tengan en cuenta todo lo que podemos ofrecer. La naturaleza no tiene precio”.

Soluciones

El informe describe los pasos concretos que pueden dar los funcionarios para proteger a los pueblos indígenas frente a las actividades mineras dañinas. Para Eleodoro Mayorga, ex ministro de minas del Perú, proteger a las etnias exigirá un cambio radical en el abordaje de los gobiernos a la minería.

“Esto comprende desarrollar y aplicar protecciones sociales y ambientales que estén en consonancia con las normas internacionales, supervisar de forma más sistemática las operaciones de minería en tierras indígenas y redoblar los esfuerzos para identificar y procesar a quienes hacen posible las prácticas mineras ilegales”.

Le puede interesar: Duro golpe económico a empresa de carne por promover la deforestación en Brasil

En varios países, las comunidades indígenas han ejercido con éxito sus derechos para detener la minería ilegal y nociva en sus tierras, como es el caso de  regiones como Yaigojé Apaporis en el Amazonas colombiano, y las tierras de las comunidades indígenas Shipibo y Ese’Eja, en el territorio de Tres Islas del Perú. 

_{Mapa de la minería presente en los territorios indígenas de la Amazonia. Fuente: WRI.}

“Pero para garantizar los beneficios a largo plazo, las comunidades indígenas necesitan ayuda financiera y técnica para supervisar las prácticas mineras ilegales en sus tierras, reconocer las amenazas y reunir evidencias que puedan usar en los juzgados”, concluye el estudio.

Los expertos indican que proteger los territorios indígenas, así como el desarrollo sostenible y los beneficios ambientales que estos generan, exigirá un mayor compromiso y acciones urgentes de gobiernos, empresas, líderes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y demás participantes. “El nuevo informe detalla esos compromisos y acciones para todos los actores clave, a fin de que los pueblos indígenas puedan proteger sus tierras y medios de subsistencia de forma segura”.

Le puede interesar: Chocó y Norte de Santander, las nuevas víctimas de la deforestación en Colombia

Mayorga reconoce que sí hay un avance en cuanto al punto de vista legal y la creación de reglamentos para controlar la minería ilegal hay avance. “Hacia finales del siglo pasado no habían estudios de impacto ambiental. Poco a poco se han concretado algunas acciones para la protección de los indígenas.

Sin embargo, el experto recalca que es necesario crear instituciones tripartitas sólidas en la Amazonia que impulsen el querer hacer las cosas de mejor forma y vigilen las fallas de los gobiernos y líderes empresariales. “Los pueblos indígenas están mejor organizados, tienen continuidad y ahora desarrollan nuevas tecnologías. Esto no ocurre con los gobiernos y las empresas. En la región no hay falta de voluntad, pero sí es necesario tomar el tema de cooperación mucho más sólido”.

_{Los indígenas son los ojos y oídos de la Amazonia. Foto: Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas.}

Yaigojé Apaporis: caso colombiano

La reserva original está ubicada en la cuenca baja del río Apaporis, en los departamentos de Amazonas y Vaupés. Fue declarada territorio indígena en 1988 y abarcaba 518.320 hectáreas, cifra que 10 años después fue duplicada a más de un millón de hectáreas.

Los indígenas que allí habitan se rigen por dos autoridades: Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé-Apaporis (ACIYA) y la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis Vaupés (ACIYAVA), que representan las 19 comunidades con 1.600 indígenas de las etnias tanimuca, letuama, makuna, yauna, yujup, cabillari, tuyuca y majiña.

Según el informe, Yaigojé Apaporis era un territorio indígena reconocido formalmente, pero cuando una empresa minera solicitó una concesión en las tierras indígenas, el pueblo le solicitó al Gobierno establecer la reserva como un Parque Nacional donde la minería quedara prohibida. Al hacerlo, los indígenas perdieron parte de sus derechos de uso y gestión de la tierra.

_{El Parque Nacional Apaporis se ha visto afectado por la minería. Foto: PNN.} 

Los indígenas y el Gobierno acordaron que el parque tendría un especial régimen de gestión consistente en un conjunto de reglas y procedimientos para coordinar la implementación y seguimiento del uso, control y administración de la tierra y los recursos naturales. También se acordó que la gestión del parque estaría basada en el conocimiento y la comprensión tradicional del bosque.

Le puede interesar: Restauración: el proceso que podría ayudar a evitar futuras pandemias

“Aunque la mayoría de los pueblos indígenas acordó la creación del parque, las comunidades de Taraira se opusieron, argumentando que el establecimiento reduciría algunos de sus derechos territoriales y el personal del parque tendría alguna autoridad sobre cómo se utiliza y gestiona la tierra”, cita el informe.

Después de que se confirmara que no existían concesiones mineras dentro de la reserva, Yaigojé Apaporis fue reconocido como parque en octubre de 2009. “Dos días después, el Gobierno le  otorgó una concesión minera a Cosigo, medida que Parques Nacionales exigió la cancelación. La comunidad Taraira demandó al Gobierno alegando la falta de información previa y consulta, y que el parque afectó a la autonomía de los pueblos indígenas”.

_{Apaporis está ubicado en las selvas del Amazonas y Vaupés. Foto: PNN.}

En 2015, un tribunal ordenó la suspensión de todas las actividades mineras. “Sin embargo, Cosigo solicitó arbitraje en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil (CNUDMI), un asunto que sigue pendiente”, revela el informe.

El estudio evidencia que ha habido una pérdida limitada de bosques en Yaigojé Apaporis antes y después de su creación como parque. “Esto contrasta fuertemente con la deforestación fuera del parque. La mayor parte del límite oriental, en especial en la frontera internacional entre Colombia y Brasil, donde hay una concesión minera activa. Los ríos al norte y al sur del parque también se ven afectados”.