Minería ilegal: estudio revela la peor devastación en la historia de la Amazonía

*Mongabay Latam

La Amazonía está siendo arrasada por el oro. Un metal que era sagrado para muchos pueblos indígenas porque representaba al sol en la tierra, ahora se ha convertido en una amenaza para sus territorios y para la vida misma de la selva tropical de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, seis de los países amazónicos de América del Sur.

El especial Amazonia saqueada reporta 2.312 sitios con actividad minera ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán. La información ha sido puesta en un mapa interactivo en el que se puede explorar cada uno de los lugares que han sido identificados gracias a la recopilación de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas de la zona, informes de organizaciones que monitorean los bosques y noticias publicadas en la prensa.

De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela (1899), seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24), precisa el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho instituciones latinoamericanas.

En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132 seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro.

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La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio las áreas si tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini, investigadora de la RAISG. “Estas precisiones han sido importantes para el mapa, pero en el campo, todas son zonas de minería ilegal”.

El mapa de la devastación

Por primera vez, Latinoamérica cuenta con una plataforma regional sobre este problema. El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2.000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos.

“Tener un mapa con todos los lugares identificados de minería ilegal en la Amazonia es una gran conquista. Por primera vez tenemos una visión panamazónica de este problema y entendemos que la minería ilegal es un problema transfronterizo”, agrega Jacomni.

Para Francisco Román, director científico del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), institución que realiza investigaciones en Madre de Dios, también “es relevante que se plantee el problema de la minería ilegal como un tema regional, una amenaza al bosque amazónico al que se debe poner mucha atención porque está creciendo muy rápido”. El investigador agrega que el avance de esta actividad ilegal va por delante de la capacidad de los Estados para reaccionar. “El estudio deja ver, entre líneas, que los reflejos de los Estados no están siendo efectivos ni certeros”, dice.

La minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado de mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones locales -principalmente indígenas- y afecta a ríos y peces.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no están libres de las actividades ilegales, pues según el informe, de las 649 ANP identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o balsas dentro de sus límites y 41 sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras.

Lo que está ocurriendo en la Amazonía se asemeja a una epidemia pues la avidez por minerales valiosos está por todas partes, dice el estudio. “El problema nunca ha sido peor en la historia”, comentó Alicia Rolla, una de las coordinadoras de RAISG.

Según la publicación La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para el 2014 ya había cerca de 600.000 personal dedicadas a esta actividad. Se presume que ahora esta cifra ha aumentado exponencialmente debido al alza del precio del mineral.  

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Una mirada regional a la extracción ilegal de oro

En Brasil, la presión de la minería ilegal es intensa sobre la región del río Tapajós donde, además, las comunidades indígenas son amenazadas cuando intentan oponerse a esta actividad no autorizada, según informa un artículo de la Deutsche Welle.

Las ANP ubicadas a lo largo de esta cuenca también están siendo impactadas. Según una investigación del Instituto Socioambiental (ISA) —citado en el estudio—, la Floresta Nacional de Altamira, una zona protegida situada al noroeste del estado de Pará, ha tenido una rápida transformación en los sectores de los ríos Novo, Branco y Jamanxim, donde se ha instalado un campamento minero de 6.5 kilómetros de extensión.

_{Vista aérea de zonas de extracción ilegal de oro en el territorio indígena Yanomami, cerca de la comunidad Ye’kwana, en Waikás, Brasil. Foto: Rogério Assis/ISA}

Perú enfrenta la misma devastación. “La minería ilegal en Madre de Dios ha contribuido a que la deforestación en ese país alcance niveles jamás registrados”, se indica en Amazonía saqueada. Y en esta región, la destrucción también se ha internado en una de sus áreas protegidas: la Reserva Nacional Tambopata.

Informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) utilizados en este estudio dan cuenta de cómo esta actividad ilegal ingresó a la reserva a partir del año 2015. A través de imágenes satelitales se observa cómo en setiembre de ese año el territorio no había sido afectado y solo dos meses después ya mostraba zonas deforestadas dentro de la reserva causadas por minería ilegal. Otro análisis de MAAP presentado en abril del año pasado indica que la deforestación causada por la minería entre enero de 2017 y febrero de 2018 fue de 1.320 hectáreas, en las áreas de La Pampa (sector Balata), Alto Malinowski y en la Reserva Nacional Tambopata.

Francisco Román, de Cincia, señala que, otros países como Ecuador, Colombia y Venezuela, donde no se están haciendo investigaciones, están poniendo “mucha atención a la información que se está generando en Madre de Dios porque lo ven como un referente de lo que podría suceder en sus territorios”. Según una investigación de este centro, en apenas cinco años hubo una pérdida forestal de 170 mil hectáreas, una cifra 30 % mayor que la anunciada previamente por otros monitoreos.

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Venezuela también es un país fuertemente impactado por la minería ilegal con más de 1.800 lugares donde se visualiza la actividad. Uno de los casos más significativos corresponde a la presencia de la minería aurífera desde la década de 1980 en el Parque Nacional de Yapacana, entre los ríos Orinoco y Ventuari, una actividad cuya ilegalidad se hizo visible con las alianzas entre los mineros y los miembros disidentes de guerrillas colombianas. Un informe reciente de académicos, periodistas y autoridades del Estado de Amazonas ha denunciado que los disidentes de las guerrillas administran todas las minas.

Por su parte, en Colombia,  la extracción ilegal de oro y coltán de la región amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía e Inírida, entre otros. Esta actividad afecta áreas de manejo especial (territorios indígenas, parques nacionales, sitios Ramsar, reservas forestales y zonas fronterizas).

En Bolivia se presenta un problema para definir la ilegalidad de esta actividad, comenta Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El investigador dice que “en todos los países no se identifica de la misma forma la actividad ilegal” y menciona que en su país existe una situación compleja con las autorizaciones a las cooperativas mineras.

En el área del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, por ejemplo, existen 41 operaciones de minería y a pesar de la evidente amenaza causada por la explotación dentro del área protegida, el estudio indica que esta actividad fue legalizada por el gobierno.

Gandarillas recuerda que la minería ilegal está ligada a la criminalidad y a problemas de derechos humanos muy fuertes como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un tema que ya ha sido recogido en un estudio de Unicef. “Que se haya centrado la atención en la minería ilegal a nivel regional ayuda a tener claridad sobre un fenómeno complejo. Es importante la dimensión geográfica del problema que ahora es visible en el mapa”, dice. Sin embargo, considera que, en conjunto, el saldo regional es negativo. “Los mapas muestran que se ha desbordado, que el control de los Estados es insuficiente y que está aumentando a niveles muy acelerados”, añade.

La presencia del mercurio

Un tema importante, sobre el que hace énfasis el estudio, es el uso del mercurio en la actividad ilegal y cómo este elemento está causando efectos severos en la salud de las personas y en el medio ambiente, principalmente a las comunidades indígenas.

Los peces, principal alimento de los pueblos nativos y ribereños, son también un problema de salud pública, pues estudios han revelado la acumulación de mercurio por encima de los niveles recomendados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Un estudio hecho por Cincia en Perú, publicado en el 2018, revela que los niveles de mercurio en peces son 43 % mayores en pozos abandonados por la minería de oro que en áreas donde no existen campamentos mineros. En Venezuela se hizo un estudio en el año 2010 en los peces consumidos por las comunidades de la cuenca del río Caura y todas las muestras arrojaron valores medios más altos que el permitido por la OMS.

Una de las regiones más afectadas por el mercurio en la Amazonía es el territorio Yanomami, que se extiende entre Brasil y Venezuela. En esa zona se tomaron más de 200 muestras de cabello a la población indígena y el resultado más alarmante fue el caso de la comunidad Yanomami de Aracaçá, en la región de Waikás, en Brasil donde el 92 % del total de las muestras presentaron alto índice de contaminación.

En Colombia la zona más afectada por este mineral es la cuenca del río Caquetá. En este país, un estudio del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el río Apaporis reveló que hasta el 80 % de las poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por mercurio.

Para el 2015 Bolivia registraba 20 veces más mercurio utilizado en el país, en comparación con el  2010, según cifras del CEDIB citadas en este informe. Una publicación del gobierno boliviano en 2016 da cuenta que, con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el tercer país de América en emisiones del mineral.

Debido a la grave situación de contaminación por mercurio en varios países, la Organización de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2013, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de sus efectos adversos. El acuerdo firmado hasta ahora por 101 países prevé un mayor control de la importación, comercialización y descarte de mercurio. Salvo Colombia y Venezuela, todos los otros países amazónicos han suscrito y ratificado este convenio.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, recuerda que los países firmantes están comprometidos a elaborar sus planes de acción para reducir o eliminar el uso del mercurio en las actividades mineras. Castro considera que el problema exige una respuesta regional y debe incluir tanto a los países productores como a los compradores del oro. “Se requieren estrategias convergentes y acuerdos internacionales que incluya corresponsabilidad de todas las partes”.

El problema en los territorios indígenas

Las comunidades indígenas también padecen la amenaza de la minería ilegal. Según el estudio de RAISG, de los 6207 territorios indígenas identificados 180 tienen actividad minera ilegal dentro de su territorio o en los límites de estos. De ellos, 64 están ubicados en Perú.

Un caso preocupante es el de Puerto Luz, una de las diez comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la Amazonía peruana, que enfrenta la extracción indiscriminada de oro. Walter Qertehuari, presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, dice que su comunidad no solo enfrenta una situación crítica por la presencia de la minería ilegal. “Nuestros territorios corren peligro por las actividades extractivistas como la minería y la tala ilegal”, comenta.

En Brasil y Venezuela se estima que 5.000 mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Entre 1987 y 1989 los Yanomami llegaron a contar 2003 balsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de Waikas, para 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales regresaron y para finales de 2013 las balsas ya eran 42. En el 2016, un sobrevuelo identificó 49.

En la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, el megaproyecto minero Mirador ya ha deforestado 1307 hectáreas entre el 2009 y el 2017. Se trata de una concesión minera otorgada por el gobierno, pero que en mayo de 2018 tuvo que suspender el 40 % de sus obras por incumplimientos ambientales.

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Los impactos de la minería ilegal son graves violaciones a los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien común. Además del impacto ambiental, existe un impacto cultural y económico en la perpetuación de la minería, se indica el estudio.

“Ahora tenemos una visión mayor de lo que sucede con la minería ilegal en la Amazonía y esperamos que exista coordinación entre los gobiernos para enfrentar este problema transfronterizo y lograr que el delito pueda combatirse”, precisa Jacomini de la RAISG.

Lea el artículo publicado originalmente en Mongabay Latam: 

https://es.mongabay.com/2019/01/mapa-mineria-ilegal-seis-paises-amazonia/